La promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de la que van a cumplirse veinte años, hizo concebir de forma generalizada la esperanza de que los datos de siniestralidad de nuestro país remitirían rápidamente para situarse en niveles «europeos».
De hecho, el sentimiento de orgullo nacional herido por la supuesta mayor siniestralidad española frente a la de otros países de la Unión Europea era una manifestación habitual desde hacía tiempo. Valgan como ejemplo las declaraciones efectuadas en abril de 1988 por Álvaro Espina, Secretario General de Empleo, quien negó «que España sea el país europeo con mayor siniestralidad de la Europa occidental» [1] y a continuación aportó cifras que supuestamente demostraban que la siniestralidad española era «inferior a la de países como Alemania».
Los datos aportados por Espina en realidad no demostraban nada, pues no tenían en cuenta que las definiciones de accidente de trabajo y las bases poblacionales (por ejemplo, incluir o no a los trabajadores autónomos o a los funcionarios) en las que se basaban las estadísticas de los distintos países en esa época eran distintas, por lo que las comparaciones resultaban técnicamente imposibles. [2] Ver más
