Se aplicarán desde multas o días de arresto. Un alto porcentaje de las llamadas que se reciben son falsas alarmas o chistes de imprudentes.
El gobernador Felipe Solá anunció que firmó un proyecto de ley por el que se penará, en algunos casos con severidad, los falsos llamados a la Central Telefónica de Emergencias 911.
El anuncio lo realizó desde la ciudad de San Justo donde inauguró, junto al ministro de Seguridad, León Carlos Arslanián, una Comisaría para la Mujer.
Solá reveló que firmó el proyecto para que «las penas a esos llamados falsos que nosotros podemos detectar perfectamente de dónde vienen, sean muchísimo más graves y más fuertes que las que hay hasta ahora y espero que me lo aprueben».
El gobernador aprovechó esa oportunidad para volver a reclamar a la Legislatura el tratamiento y la aprobación de la ley de Adhesión a la de Desfederalización de las Causas Menores por Delitos de Droga aprobada por el Congreso y que aún cuenta con media sanción.
El texto del proyecto de ley firmado por Solá, recién se hará publico cuando lo envié a al parlamente provincial, indicaron voceros gubernamentales que dejaron trascender que la iniciativa se basará en una propuesta que ya elaboró el ministerio de Seguridad.
Para fijar penas a los bromistas que llaman a la línea de emergencia (911), se deberá modificar el Código de Faltas (artículo 81-bis en la ley 8031/73) y según la idea original de la cartera de Seguridad – sujeta a modificaciones – el proyecto incluye sanciones pecuniarias de hasta 20 mil pesos y detenciones de hasta 30 días, «a quienes provoquen falazmente la concurrencia de la Policía, Bomberos, o servicios de asistencia médica y a quienes, sin que se efectivice la llegadas de dichos asistentes, realicen llamados agresivos u obscenos».
El Código de Faltas establece una pena de «entre 20 y 60 por ciento» del haber mensual de un Oficial de la Policía Bonaerense o de «10 a 30 días de arresto» a los que alerten falsamente a agentes de las fuerzas de seguridad.
Esa sanción también alcanza a «quien provoque engañosamente la concurrencia de la Policía, del Cuerpo de Bomberos, de la asistencia sanitaria o de cualquier otro servicio análogo» con el agregado de que «cuando se utilizare aparato telefónico la pena alcanzará a su propietario».
El subsecretario de Prevención del Delito, Roberto Vázquez, advirtió que el sistema telefónico de urgencia registraba un elevado porcentaje de llamadas de bromistas, de líneas mudas, ruidos y música que entorpecían el trabajo y desnaturalizaban esta prestación.
