Categoría: Trabajo Esclavo

Desde la cartera política se propuso esta actividad para que todas las áreas que intervienen en estos casos actúen con celeridad y conocimiento del tema.

En la tarde del jueves se realizó el acto de cierre de las jornadas de Trata de Personas que realizó el Ministerio de Gobierno, a cargo del Sr. José Manuel Córdoba, con la presencia del Sr Subsecretario de Interior, Pablo Gordillo, y el Diputado por el Pueblo de Río Gallegos Sr. Francisco Anglesio.

Queremos destacar que estas capacitaciones forman parte de la política pública delineada desde esta cartera ministerial, las coordinadoras, Norma Cabas y Roxanna Totino, conjuntamente con el Ministerio de Justicia de la Nación, área rescate, a cargo de la licenciada Zaida Gatti, estando aquí el Lic. Alejandro Alegretti y Liliana Russo más la plataforma interamericana de derecho humano, democracia y desarrollo, en este caso representadas en esta ciudad por la Dra. Ana Chávez y la participación especial de la Sra. Sonia Sánchez, con la disertación del Dr. David Ghizzardi y la colaboración del servicio social policial a cargo del Comisario inspector Omar Berti Cárdenas, se logró realizar esta amplia capacitación donde participaron distintos sectores de nuestra ciudad.

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La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, Asuntos de Ciudadanía, Participación y Social de la Asamblea Legislativas de San Pablo invitó al representante legal del administrador de Zara y Brasil Ltda. (Grupo Inditex), Enrique González Huerta, y a los socios y gerentes de directores de la empresa AHA y Participación Ltd., Seong Hee Lee y Cyro Mendes Leal, para que brinden aclaraciones sobre las acusaciones en la prensa sobre la supuesta práctica de la explotación del trabajo esclavo en las empresas. Si bien la reunión era para hoy miércoles, Zara pidió más tiempo y no se presentó.

La invitación fue objeto de requisitos propuestos por el diputado Carlos Bezerra Junior (PSDB) el lunes, y fue aprobada durante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos. Bezerra es también el autor de la aplicación en la Cámara para investigar el caso.

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Se trata de dos acusados de “reducción a la servidumbre” y por facilitar la permanencia ilegal de extranjeros. El caso se inició por la denuncia de un grupo de ciudadanos peruanos, quienes habían recibido ofertas para trabajar en el país en una verdulería.

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de un hombre y una mujer, acusados por los delitos de reducción a la servidumbre y facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros.

La causa se había iniciado por la denuncia de un grupo de ciudadanos peruanos, quienes indicaron que habían recibido ofertas de trabajo en su país de origen, la cual consistía en trabajar en una verdulería, con un sueldo promedio de mil pesos, alojamiento y comida.

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Tiene 45 años. Es economista y actuario de seguros y hace dos años, en plena crisis económica, decidió renunciar a un sueldo superior a los 120.000 euros al año y crear su propio negocio. No ha cubierto gastos aún, y no aspira a ganar más de 40.000 euros anuales, pero «no me siento una esclava del trabajo». Eso sí, cree que todos los trabajadores deberían hacerse autónomos, aunque estén en grandes empresas privadas. Considera que así todos se esforzarían, y no habría discriminaciones: «Ahora unos se esfuerzan mucho y otros se aprovechan de ese trabajo».

Pilar Ballesteros era una destacada ejecutiva financiera especializada en seguros. Su último trabajo en el sector lo desarrolló en Banco Pastor, donde era directora técnica de seguros de vida del grupo, al que se incorporó en 2005 tras haber pasado por otras importantes compañías de seguros y consultoras. Era lo que se dice una ejecutiva de éxito. «En mi currículum figura haber realizado las valoraciones de la mayoría de las prejubilaciones del sector financiero español».

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Las demandas laborales siempre provocan reacciones encontradas entre patronos y trabajadores, ya sea por la negativa al pago del salario mínimo, por la falta del reconocimiento de prestaciones, por incumplimientos de los pactos colectivos de trabajo y por las acciones que toman los inconformes para intentar que se atiendan sus demandas. Hay un caso que concita la animadversión hasta de quienes se presentan como defensores de la ley.

Se trata del llamado trabajo doméstico, una forma de esclavitud y explotación, resabio de la Colonia, de la que se benefician miles de familias, pero que socialmente se le niega el reconocimiento de prestaciones laborales.

Las trabajadoras de casa particular, además de hacer los oficios domésticos, son cocineras, lavanderas, planchadoras, niñeras, jardineras, enfermeras, psicólogas, masajistas, acompañantes, y cualquier otra profesión que se pueda realizar dentro del hogar; no tienen horario, carecen de protección social, son las que encienden y apagan las luces de las casas y todavía hay algunas que se heredan de generación en generación.

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El hallazgo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó distintas irregularidades laborales e impositivas en una maderera de esa provincia. La misma quedaba en una plantación de pinares, a 7 kilómetros de la localidad de El Durazno, Yacanto.

La AFIP investigó y se topó con la «irregular» maderera.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lleva adelante su lucha contra el trabajo esclavo. Ahora, en un nuevo operativo, se detectó está práctica, además de irregularidades impositivas, en una maderera, en la provincia de Córdoba.

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