Categoría: Trabajo Esclavo

En una chacra de la empresa Isla Fruit, la secretaría de Trabajo detectó 6 personas que trabajaban en condiciones infrahumana.

Neuquén .- La subsecretaría de Trabajo de la Nación realizó un grave descubrimiento en una chacra de Río Negro perteneciente a la empresa Isla Fruit S.A.

Según publica el sitio Fruticultura Sur la propiedad en al que se detectó a seis empleados en condiciones paupérrimas y miserables pertenece a los empresarios Hugo Sánchez y Carlos Laría Rajneri.

En la nota escrita por Augusto Poner consigna que hace un año, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación recibió una lista de denuncias a empresas del Alto Valle que mantenían en condiciones “inhumanas y degradantes” a trabajadores “golondrina”, que a pesar de ser multados en su momento, persistieron en las prácticas denigrantes para la condición humana.

La inspección tuvo origen en una denuncia realizada por tres trabajadores tucumanos a la UATRE en la que revelaron las crítica condición en la que vivían sus coterráneos en chacras entre Cervantes y Mainqué. Hoppner cita al delegado de UATRE de Cervantes, Carlos González, quien participó en el operativo y dijo que “las inspecciones más importantes se hicieron en los establecimientos Isla Fruit SA, propiedad de los empresarios Hugo Osvaldo Sánchez y Carlos Laría Rajneri, socios en la trader Patagonian Fruit y el segundo accionista del diario “Río Negro”, habitual vocero de los reclamos empresarios. Las chacras inspeccionadas estos días se encuentran en Isla 43 de Cervantes y en Mainqué, donde encontraron irregularidades en dos chacras a nombre de Nelson Martínez”.

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Durante una recorrida efectuada a fines del 2011 por la Unidad Penal XV de Batán, el titular del Juzgado de Garantías N° 4 de Mar del Plata, Dr. Juan Tapia, hizo un relevamiento de cada uno de los espacios en donde funcionan las distintas empresas privadas que emplean a reclusos.

En el acta que confeccionó – y la cual ya está en manos de las autoridades de la Delegación local del Ministerio de Trabajo -, el Juez detalla las precarias condiciones de higiene y seguridad (los baños están sucios y no poseen matafuegos, por ejemplo) en la que los condenados cumplen jornadas de 8 a 10 horas, actividad por la cual se les paga entre 20 y 25 pesos diarios. En el marco de una visita institucional que realizó el 21 de diciembre del año pasado a la Unidad Penal XV de Batán, el Dr. Juan Francisco Tapia, titular del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial Mar del Plata, labró un acta de 23 fojas en la que describe cómo funciona cada uno de los emprendimientos productivos privados instalados en la cárcel que emplean a parte de la población carcelaria.

Sobre este documento se respaldó la Asociación Pensamiento Penal al presentarse ante la Delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para advertir sobre la situación de “esclavitud” en la que se hallan las personas privadas de su libertad.

“La denuncia de esta entidad reconocida a nivel nacional es seria y sólida en cuanto a sus fundamentos y las circunstancias sobre las cuales adviertemerecen, por lo menos, la intervención de órganos ejecutivos y de aquellos que tienen por objeto el control de las condiciones laborales. Por ejemplo, los salarios están muy por debajo de lo que deberían estar y esto, en un contexto de encierro, magnifica y potencia una situación de dominio y de dominación de aquel que cumple un rol de empleador”, afirmó el Magistrado en declaraciones a FM Residencias. A continuación, 0223.com.ar publica los fragmentos más relevantes del informe.

LAVADERO

Este emprendimiento comercial es explotado desde hace más de 2 meses por la firma Asepsia SA y se encuentra bajo la responsabilidad de un hombre de apellido Savadini. En este espacio se efectúa en dos turnos (de 8 a 16 y de 18 a 22) la limpieza de indumentaria proveniente de seis de las principales clínicas de la ciudad. Allí trabajan 60 internos, quienes tienen a cargo el mantenimiento de máquinas, costura, lavado y tareas administrativas. Se calcula que lavan, planchan y reparan un promedio de 5000 prendas diarias y, a cambio, perciben entre 20 y 25 pesos por día. En este lugar, sólo cuentan con una ducha y una letrina.

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La Asociación Civil Pensamiento Penal – una entidad conformada por jueces, fiscales, defensores, docentes y estudiantes- advirtió ante la Delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que el Penal XV de Batán se transformó en una “cárcel – fábrica” en la que los detenidos cumplen una jornada laboral de entre 8 y 10 horas a cambio de “salarios humillantes” que en ningún caso superan los $ 1000 mensuales. También alertaron que los condenados tampoco perciben el pago de horas extras, aguinaldos ni vacaciones y realizan sus tareas en condiciones de “servidumbre y esclavitud”. De no revertirse esta situación, harán la correspondiente denuncia en la Justicia.

BATÁN, UNA CÁRCEL – FÁBRICA

El presidente y secretario de la Asociación Civil Pensamiento Penal, los doctores Mario Alberto Juliano y Nicolás Laino, respectivamente, realizaron en las últimas horas una denuncia ante el responsable de la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, José “Pepe” San Martín; en la cual advirtieron sobre la “situación irregular” que constataron en la Unidad Penal XV de Batán respecto a las personas allí alojadas y que se encuentran en relación de dependencia con personas físicas o jurídicas privadas; y solicitaron que “se tomen las medidas pertinentes para su regularización”.

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Los trabajadores eran sometidos a labores en condiciones infrahumanas dentro del partido que gobierna José Inza. Fue en el establecimiento La Emma, en una fiscalización conjunta con personal del Ministerio de Trabajo de la Nación y la Policía Federal. En una pequeña casilla dormían 16 personas y había dos letrinas para 35 trabajadores.

El hallazgo fue en el marco del Plan Nacional de Regularización de Trabajo que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo de la Nación, en esta oportunidad, con la intervención conjunta de la AFIP y la colaboración de la Policía Federal de Azul.

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Encontraron a 59 tareferos viviendo en campamentos precarios en establecimientos de Puerto Leoni y Capioví. Tomaban agua estancada. Había aborígenes y extranjeros. El ente recaudador responsabiliza a la firma Demirol, originaria de Rosario, Santa Fe. “Los trabajadores vivían en condiciones mínimas de salubridad e higiene”, señalaron desde la Afip.

En un procedimiento realizado en yerbales de Misiones, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó trabajadores en situación de precariedad, entre los que había aborígenes, extranjeros y niños. Los operativos se realizaron en dos predios que una empresa que factura más de 20 millones de pesos anuales tenía en las localidades de Puerto Leoni y Capioví.

Desde el organismo recaudador señalaron que en un campo de cosecha de yerba mate de la firma Demirol, cuya casa central tiene domicilio en Rosario, Santa Fe, se encontraron 59 trabajadores en situación de precariedad, de los cuales el 53 por ciento presentaba irregularidades en su condición laboral.

Según lo comunicado por la Afip, los trabajadores “vivían sin las condiciones mínimas de higiene, seguridad y salubridad, y en algunos casos, con reducción a la servidumbre”, en tanto que “el jornal promedio que percibían es de 1.200 a 1.600 pesos mensuales”.

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Inspectores descubrieron en la selva misionera a 59 trabajadores en un predio que pertenece a la firma Demirol SA y que vivían en condiciones infrahumanas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el marco de los operativos de detección de trabajo ilegal, descubrió en la selva misionera a 59 trabajadores en un predio que pertenece a la firma Demirol SA y que vivían en condiciones infrahumanas. Entre los relevados había aborígenes, extranjeros y niños que declararon trabajar para la firma que factura más de 20 millones de pesos por año.

Los operativos se realizaron en dos predios de la empresa en las localidades de Puerto Leoni y Capioví. En ambos casos, la AFIP tuvo que solicitar al Juzgado Federal de El Dorado una orden de allanamiento para ingresar a los establecimientos, ya que la firma tiene los caminos bloqueados con tranqueras.

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