Trabajo esclavo y manipulación de residuos patológicos en la Unidad 10 y en la 29 del Servicio Penitenciario Bonaerense

Un negocio entre otros parece privilegiar el SPB: lavar adentro de las cárceles lo que se ensucia afuera. Clínicas privadas, hoteles y restaurantes son por igual sus clientes, aunque la normativa sanitaria prohíbe que se laven materiales de origen diverso en las mismas máquinas.

A pesar de haber sido denunciado hace ya cuatro años por radio La Cantora y otros organismos de Derechos Humanos, el funcionamiento irregular de lavaderos privados en el interior de las unidades penales 29 y 10 de Melchor Romero y 15 de Batán permanece vigente. Recientemente, una inspección realizada por La Cantora (organización dedicada a la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas privados de su libertad) y el Secretario de Ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, a la cárcel de tránsito de esa localidad, constató que los detenidos siguen lavando sábanas, fundas y ambos de cirugía que se mezclan con residuos patógenos de todo tipo sin medidas de protección alguna. Así lo informa la propia radio La Cantora.

Una nota publicada ayer en la página Web de esa organización dice lo siguiente. “Diario El Atlántico: En el año 2008 recibimos en Radio La Cantora un llamado telefónico proveniente de la Unidad Penal 10 de Melchor Romero, en el que un grupo de detenidos denunciaba la existencia de un lavadero industrial para el cual trabajaban los enfermos mentales detenidos allí manipulando, entre otros elementos, ambos ensangrentados y azaleas con restos de residuos patológicos sin ningún tipo de protección. Informamos de este hecho al Comité Contra la Tortura y, producto de la inspección realizada en el lugar, se presentó ante la fiscalía de turno un hábeas corpus colectivo en septiembre de ese mismo año. En ese momento el Comité certificó: “sábanas, fundas y ambos de cirugía se mezclan con diferentes residuos patógenos que pudimos observar: pedazos de gasa y algodón con sangre, toallas, rejillas y trapos de piso ensangrentados (…) Todos los detenidos a los que vimos trabajar carecían de protección; vimos a algunos de ellos manipular estos residuos sin guantes ni traje alguno. Si bien el encargado afirmaba que los internos no manipulaban la ropa conforme llegaba, con residuos patógenos, vimos que sí lo hacían”. En esa oportunidad también se aclaró que el lavadero recibía el nombre de ‘Asepsia’, que tenía convenio con el Servicio Penitenciario Bonaerense y que su tarea consistía en el lavado de ropa proveniente de clínicas privadas localizadas en Mar Del Plata, Monte Grande y Luján.
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La AFIP detectó trabajo esclavo en una fábrica de ladrillos

Los empleados cumplían jornadas laborales de 16 y 12 horas, con dos horas de descanso y el sueldo mínimo era de $1.000. Además, les descontaban $23 al mes por el uso de la luz.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó un imponente operativo de control de empleo en un predio dedicado a la fabricación de ladrillos en la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde detectó que el 100% de los trabajadores relevados no se encontraban debidamente registrados por su empleador. En total, se relevaron a 138 empleados contratados en forma irregular y en condiciones laborales de extrema precariedad. Además, había seis menores de edad trabajando.

Los trabajadores relataron que cumplían jornadas laborales de 16 y 12 horas, con dos horas de descanso y que el sueldo mínimo era de $1000. Además, les descontaban $23 al mes por el uso de la luz.
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Encuentran a ocho personas trabajando en condiciones infrahumanas

Las personas oriundas de Tucumán (entre las que hay 4 menores) estaban viviendo en una finca de sin luz, agua, gas ni baño y no cobraban un salario hace 15 días. El dueño del lugar será acusado por trata de personas.

Según detectaron las autoridades en la finca, 4 mayores y 4 menores se encontraban viviendo en “chiqueros” sin ningún servicio sanitario ni eléctrico y sin dinero para volver a su provincia de origen (Tucumán) debido a la falta de pago por parte de los dueños de las tierras.

“Cuando llegaron a Mendoza eran 15 personas, pero algunas comenzaron a marcharse y hoy encontramos a 8 trabajadores viviendo como perros. Para colmo, como no les quería pagar el sueldo ni darles el dinero prometido para los pasajes a Tucumán les cortaron la luz y el agua para que se fueran”, comentó el subsecretario de Trabajo, Ariel Pringles.
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OIT: 21 millones de personas en el mundo trabajan contra su voluntad

Cerca de 21 millones de personas en el mundo están obligadas a trabajar contra su voluntad, presionadas por contratistas y empleadores que en muchos casos las amenazan con deudas, retención de documentos de identidad, denuncias ante departamentos de inmigración o incluso violencia física, según un informe de la OIT divulgado hoy.

Respecto a la prevalencia del trabajo forzoso, el informe concluye que este es más común en Europa central y oriental (4,2 personas por cada 1.000 habitantes), seguido de África (4), Oriente Medio (3,4 ), Asia y el Pacífico (3,3), Latinoamérica y el Caribe (3,1) y las economías desarrolladas (1,5).

Del número total de personas obligadas a trabajar contra su voluntad, el 26 por ciento (5,5 millones) son niñas y niños.

Por sexo, las mujeres y las niñas representan el 55 por ciento (11,4 millones).

La región de Asia y el Pacífico representa el número más alto de trabajadores forzosos en el mundo- 11,7 millones (56 por ciento) del total general, seguida por África, con 3,7 millones (18 por ciento), y América Latina, con 1,8 millones de víctimas (9 por ciento).

“Hemos recorrido un largo camino en el curso de los últimos siete años, desde cuando presentamos las primeras estimaciones sobre el número de personas en trabajo o servicios forzosos en el mundo. También hemos progresado en asegurar que la mayoría de los países tengan una legislación que penalice el trabajo forzoso, la trata de seres humanos y las prácticas similares a la esclavitud”, declaró Beate Andrees, Directora del Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso de la OIT.
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El Ministerio de Trabajo Provincial inspeccionó e infraccionó aserradero

La mayoría de quienes estaban trabajando se fueron raudamente del lugar. Pudieron constatar que viven en condiciones pésimas de salubridad e higiene. Al parecer vienen engañados desde Misiones y terminarían trabajando más de 10 horas por día con un salario mensual de 2.000 pesos.

La Delegación Tandil del Ministerio de Trabajo, a cuyo frente se encuentra el doctor César Sosa llevó adelante ayer una inspección en el aserradero “Norte” SRL ubicado en Reconquista 140, con el ánimo de controlar si los empleados estaban regularizados y a la vez corroborar la condiciones de seguridad e higiene del establecimiento industrial.

Indicó uno de los voceros de la cartera laboral que sólo pudieron relevar a cuatro jóvenes que se encontraban en condiciones irregulares y la mayoría de los trabajadores se ausentó rápidamente del lugar y al parecer el propietario habría ordenado a los trabajadores informales que abandonen el aserradero a fin de no ser relevados por los funcionarios provinciales.
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Encontraron trabajadores explotados en la quinta de exdirigente de la Asociación de Citricultores de Concordia

El productor ya estaba denunciado por haber amenazado con un arma a dirigentes gremialesy tenía antecedentes por trabajo esclavo. Personal del Ministerio de Trabajo inspeccionó el lugar donde constató las condiciones pésimas de trabajo y vivienda en la que estaba un grupo de 14 trabajadores correntinos.

Volvieron a encontrar trabajadores explotados en la quinta de un expresidente de la Asociación de Citricultores de Concordia. Fue en la la empresa de cosecha y empaque de frutas cítricas perteneciente al productor Néstor Pérez Schait, en la zona rural de Colonia Roca (al oeste del departamento Concordia).

Personal del Ministerio de Trabajo inspeccionó el lugar donde constató las condiciones pésimas de trabajo y vivienda en la que estaba un grupo de 14 trabajadores provenientes de la provincia de Corrientes. Vale remarcar que Pérez Schait ya había sido acusado en el año 2006 de haber “secuestrado” y “amenazado” a inspectores laborales y dirigentes del Sindicato de la Fruta. En aquella ocasión el desencadenante fue que le descubrieran cerca de 30 trabajadores en negro en su quinta cítrica llamada “El Aroma”, indicó Diario Río Uruguay.
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