Categoría: Trabajo Esclavo

Los inspectores hallaron 170 personas viviendo sin luz, gas, ni agua potable y utilizan tres letrinas como baño. La finca está ubicada en Los Álamos

En una finca dedicada al cultivo agrícola y a la vid en la zona de Los Álamos, se encontraron alrededor de 170 personas, viviendo en habitaciones precarias, sin electricidad, sin gas, ni agua potable.

La Subsecretaría de Trabajo y el personal del área de Derechos Humanos realizó este viernes un operativo en la finca Pontoni, en la zona de Los Álamos, en límite de Maipú y Lavalle, donde los inspectores detectaron abandono de persona, trabajo infantil. Además se detectó a un grupo de personas Mendoza, Salta, Paraguay y Bolivia sin documentos y cosechando, en negro.
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Un negocio entre otros parece privilegiar el SPB: lavar adentro de las cárceles lo que se ensucia afuera. Clínicas privadas, hoteles y restaurantes son por igual sus clientes, aunque la normativa sanitaria prohíbe que se laven materiales de origen diverso en las mismas máquinas.

A pesar de haber sido denunciado hace ya cuatro años por radio La Cantora y otros organismos de Derechos Humanos, el funcionamiento irregular de lavaderos privados en el interior de las unidades penales 29 y 10 de Melchor Romero y 15 de Batán permanece vigente. Recientemente, una inspección realizada por La Cantora (organización dedicada a la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas privados de su libertad) y el Secretario de Ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, a la cárcel de tránsito de esa localidad, constató que los detenidos siguen lavando sábanas, fundas y ambos de cirugía que se mezclan con residuos patógenos de todo tipo sin medidas de protección alguna. Así lo informa la propia radio La Cantora.

Una nota publicada ayer en la página Web de esa organización dice lo siguiente. “Diario El Atlántico: En el año 2008 recibimos en Radio La Cantora un llamado telefónico proveniente de la Unidad Penal 10 de Melchor Romero, en el que un grupo de detenidos denunciaba la existencia de un lavadero industrial para el cual trabajaban los enfermos mentales detenidos allí manipulando, entre otros elementos, ambos ensangrentados y azaleas con restos de residuos patológicos sin ningún tipo de protección. Informamos de este hecho al Comité Contra la Tortura y, producto de la inspección realizada en el lugar, se presentó ante la fiscalía de turno un hábeas corpus colectivo en septiembre de ese mismo año. En ese momento el Comité certificó: “sábanas, fundas y ambos de cirugía se mezclan con diferentes residuos patógenos que pudimos observar: pedazos de gasa y algodón con sangre, toallas, rejillas y trapos de piso ensangrentados (…) Todos los detenidos a los que vimos trabajar carecían de protección; vimos a algunos de ellos manipular estos residuos sin guantes ni traje alguno. Si bien el encargado afirmaba que los internos no manipulaban la ropa conforme llegaba, con residuos patógenos, vimos que sí lo hacían”. En esa oportunidad también se aclaró que el lavadero recibía el nombre de ‘Asepsia’, que tenía convenio con el Servicio Penitenciario Bonaerense y que su tarea consistía en el lavado de ropa proveniente de clínicas privadas localizadas en Mar Del Plata, Monte Grande y Luján.
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Los empleados cumplían jornadas laborales de 16 y 12 horas, con dos horas de descanso y el sueldo mínimo era de $1.000. Además, les descontaban $23 al mes por el uso de la luz.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó un imponente operativo de control de empleo en un predio dedicado a la fabricación de ladrillos en la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde detectó que el 100% de los trabajadores relevados no se encontraban debidamente registrados por su empleador. En total, se relevaron a 138 empleados contratados en forma irregular y en condiciones laborales de extrema precariedad. Además, había seis menores de edad trabajando.

Los trabajadores relataron que cumplían jornadas laborales de 16 y 12 horas, con dos horas de descanso y que el sueldo mínimo era de $1000. Además, les descontaban $23 al mes por el uso de la luz.
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Cerca de 21 millones de personas en el mundo están obligadas a trabajar contra su voluntad, presionadas por contratistas y empleadores que en muchos casos las amenazan con deudas, retención de documentos de identidad, denuncias ante departamentos de inmigración o incluso violencia física, según un informe de la OIT divulgado hoy.

Respecto a la prevalencia del trabajo forzoso, el informe concluye que este es más común en Europa central y oriental (4,2 personas por cada 1.000 habitantes), seguido de África (4), Oriente Medio (3,4 ), Asia y el Pacífico (3,3), Latinoamérica y el Caribe (3,1) y las economías desarrolladas (1,5).

Del número total de personas obligadas a trabajar contra su voluntad, el 26 por ciento (5,5 millones) son niñas y niños.

Por sexo, las mujeres y las niñas representan el 55 por ciento (11,4 millones).

La región de Asia y el Pacífico representa el número más alto de trabajadores forzosos en el mundo- 11,7 millones (56 por ciento) del total general, seguida por África, con 3,7 millones (18 por ciento), y América Latina, con 1,8 millones de víctimas (9 por ciento).

“Hemos recorrido un largo camino en el curso de los últimos siete años, desde cuando presentamos las primeras estimaciones sobre el número de personas en trabajo o servicios forzosos en el mundo. También hemos progresado en asegurar que la mayoría de los países tengan una legislación que penalice el trabajo forzoso, la trata de seres humanos y las prácticas similares a la esclavitud”, declaró Beate Andrees, Directora del Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso de la OIT.
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