Autoridades tomaron el control
18 enero 2011
El comandante del Cuerpo de Bomberos de la entidad central, Gilberto Méndez, aseguró que “se logró controlar la situación, y ya en este momento, no hay peligro para la comunidad”
Autoridades tomaron el control
18 enero 2011
El comandante del Cuerpo de Bomberos de la entidad central, Gilberto Méndez, aseguró que “se logró controlar la situación, y ya en este momento, no hay peligro para la comunidad”
La investigación oficial reparte culpas entre la petrolera y sus subcontratas – Los expertos advierten de nuevos derrames si la industria no toma medidas
La explosión el 20 de abril de la plataforma Deepwater Horizon, que causó la muerte de 11 personas y un desastre medioambiental sin precedentes en el golfo de México, «no fue el resultado de una serie de decisiones anómalas tomadas por funcionarios o directivos deshonestos, que eran imposibles de predecir o de las que no se espera que vuelvan a ocurrir». Por el contrario, «las causas fundamentales fueron sistemáticas y, sin una considerable reforma en las prácticas empresariales y las políticas gubernamentales, podrían volver a ocurrir. El accidente provino de errores sistemáticos de los directivos de esa industria y de fallos del Gobierno a la hora de garantizar que se cumplan las normas sobre perforaciones petrolíferas en alta mar».
Esa es la principal conclusión del informe de la comisión a la que el presidente Barack Obama le encargó investigar el mayor vertido de crudo de la historia norteamericana -el equivalente a 4,9 millones de barriles de petróleo-. La culpa, según ese informe publicado ayer, no fue solo de BP, sino también de malas decisiones tomadas por Transocean, dueña de la plataforma, y Haliburton, que vertió cemento de mala calidad para sellar el pozo. Y todo, según asegura la comisión, para ahorrar tiempo y dinero: «Intencionalmente o no, muchas claramente incrementaron el riesgo de una explosión en el pozo de Macondo y les ahorraron a las empresas tiempo (y dinero)».
El presidente creó la comisión para que le presentara una propuesta para modificar leyes y sistemas de control a las perforaciones petrolíferas. Simultáneamente, ordenó una moratoria a nuevas perforaciones, que sigue en pie y que se prolongará siete años. Aquel mismo mes, además, Obama fulminó la Agencia de Gestión Minera, que concedía los permisos de explotación comercial de los yacimientos en alta mar. Un informe de 2008 había revelado la corrupción que imperaba allí. Sus empleados usaban dinero público a voluntad. Alternaban con contratistas y empresarios y, a menudo, pasaban del sector público al privado con una facilidad pasmosa.
El nuevo informe critica esa cultura de corrupción que, según asegura, facilitó los fallos de supervisión que permitieron que ocurriera el accidente. «El Gobierno no asumió el control necesario para prevenir los errores de juicio y de gestión del sector privado», asegura. «Muchos de los aspectos cruciales de las operaciones de perforación se dejaron al criterio de la industria sin que ninguna agencia del Gobierno los revisara. Por ejemplo, en este caso, no se exigía una prueba de lo que se llama presión negativa, algo cuya malinterpretación fue un factor decisivo en la explosión».
Santiago, 4 de enero (Télam).- Los 33 mineros rescatados del yacimiento San José, en el norte de Chile, demandaron a la Asociación Chilena de Seguridad, por presunta responsabilidad en el accidente que los dejó atrapados por 70 días a 700 metros de profundidad.
Uno de los abogados que representan a los mineros, Eduardo Reinoso sostuvo hoy que la demanda fue promovida por entender que el organismo debía fiscalizar y tomar medidas preventivas respecto de la seguridad de los lugares de trabajo donde se desempeñaban los afectados, según informó la agencia de noticias ANSA.
Por otra parte, los mineros manifestaron su malestar porque cuatro de ellos obtuvieron el alta médica cuando el gobierno se había comprometido a darles tratamiento por al menos seis meses.
Según la asociación, la licencia médica de Omar Reygadas, Edison Peña, Darío Segovia y Carlos Bugueño, fue levantada por ausentarse los trabajadores a los controles médicos.
Actualizado miércoles 05/01/2011 18:37 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoUna serie de decisiones de la petrolera BP y sus socios para ahorrar costes y ganar tiempo fueron las desencadenantes del desastre ecológico ocasionado en el Golfo de México por la explosión de la plataforma de BP ‘Deepwater Horizon’. Esta es una de las conclusiones de la comisión de investigación de EEUU, informa la BBC.
Petróleo en el río Misisipi. | Efe
El informe de 48 páginas de la comisión habla de un «fallo de gestión» y la incapicidad de identificar los riesgos que causaron la explosión. «Ya sea intencional o no, muchas de las decisiones de BP, Halliburton y Transocean, hicieron que se incrementara el riesgo de la explosión de Macondo, claramente ahorraron a las empresas mucho tiempo (y dinero)», asevera el texto.
Según la Organización Internacional del Trabajo, en todo el mundo fallecen 6 mil 300 personas cada día por este motivo.
México.- Los accidentes de trabajo dejan un muerto cada dos minutos en América Latina y el Caribe, señaló el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, Víctor Báez Mosqueira.
El líder sindical señaló que según la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 240 mil trabajadores mueren anualmente en accidentes de trabajo, sin contar a los fallecidos por enfermedades profesionales.
Indicó que se reportan alrededor de 30 millones de accidentes de trabajo al año, aunque es posible que la cifra esté por debajo de lo real, ya que muchos accidentes no se denuncian.
Frente a este problema, Báez Mosqueira dijo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debe reforzar esta área para hacer un acompañamiento de mejoras de las políticas de los gobiernos, en la legislación sobre materia de salud y seguridad en el trabajo.
En segundo lugar, indicó, la OIT debe promover que los gobiernos, a través de la cooperación internacional, formen técnicos en salud y seguridad porque muchos países no los tienen o carecen de los instrumentos necesarios.
Según cifras de la OIT, cada día mueren en el orbe cerca de seis mil 300 personas como resultado de lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo. Lo anterior corresponde a más de 2.3 millones de muertes al año. Además, cada año ocurren cerca de 337 millones de accidentes en el trabajo que resultan en ausencias prolongadas.
Por tal motivo, Báez Mosqueira sostuvo que “es fundamental que dentro de las políticas de seguridad social de los países y dentro de las políticas de salud pública se incluya el tema de salud y seguridad en el trabajo, (…) pues sin este tema esas políticas de salud y seguridad social no estarán completas”, apuntó.
El sindicalista criticó la actitud que asumen muchas veces los empleadores ante un accidente de trabajo, trasladando la responsabilidad a los sistemas de seguridad social, que deben pagar a los afectados.
“Una persona pierde una mano, un dedo, un brazo, una pierna, y eso se tiende a contabilizar. La patronal dice que pague la seguridad social y cuantifican cuánto vale una mano, un pie, un brazo”, aseveró. Pero el dirigente sindical en América Latina señaló que esas “son cosas que no tienen precio. Un brazo, un pie, la vida, un riñón no tienen precio”.
“Ésas son las formas en que se evaden las responsabilidades de los empleadores y de los Estados, porque éstos son los que tienen que fiscalizar en materia de salud y seguridad en el trabajo”, denunció Báez.
Situación en México
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó en abril pasado que en México ocurrieron mil 412 defunciones por riesgos laborales y 411 mil accidentes de trabajo, los cuales son la primera causa de incapacidad temporal en el país, pues representan 81 por ciento de los riesgos registrados en el país.
El IMSS reconoce como accidente laboral “toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior; o la muerte producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste”.
Madrid, 30 nov (EFE).- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha planificado un simulacro de explosión nuclear para valorar la preparación y reacción de los servicios de emergencia en la gestión de las consecuencias que provocaría.
El próximo jueves, 2 de diciembre, la Escuela de Protección Civil acogerá este ejercicio de campo, considerado de «interés nacional» por el CSN, como parte de los simulacros internacionales «Inex», desarrollados por la Agencia de Energía Nuclear para probar la capacidad de los equipos nacionales.
Se trata de un escenario de emergencia centrado en la gestión de las consecuencias de un supuesto estallido de un artefacto con carga radiactiva en un núcleo urbano 15 días antes, lo que sitúa la simulación en la fase intermedia de una hipotética emergencia radiológica.
El ejercicio de campo cuenta con la colaboración activa del CSN; la Dirección General de Protección Civil y Emergencias; las unidades especializadas en nuclear, bacteriológica, química y radiológica; los Tedax de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía; Enresa y la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyo General Jefe asumirá la dirección operativa de la acción.
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