Un desempleado cortó su pierna con una sierra eléctrica, a la altura del tobillo. Enfrentaba una revisión médica para definir si se reincorporaba a su puesto.
Un austríaco desempleado, de 56 años, se cortó el pie con una sierra eléctrica para no tener que asistir a una revisión médica en la que se decidía si se reincorporaba o no a su puesto de trabajo. Según reportes, se encuentra internado en una clínica y su vida todavía corre peligro.
La minería del carbón en México es una zona de desastre: accidentes recurrentes con resultados fatales, violaciones de todos los derechos laborales, explotación de menores y una cínica ausencia de responsabilidad de los empresarios mineros.
MÉXICO, DF (Apro).- A seis años del accidente en Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, la minería del carbón en México sigue en un estado deplorable: nulas medidas de seguridad, lo que causa constantes muertes; violación de derechos laborales; ausencia de seguridad social; explotación de menores e impunidad de los empresarios mineros protegidos por los gobiernos federal y estatal.
En las minas del carbón hay «condiciones equiparables a la esclavitud, al mismo grado de deshumanización que el visto en las minas de esclavos de la Alemania nazi», dice el senador panista Ricardo García Cervantes, quien desde hace un año impulsa la creación de una instancia que vigile al sector carbonífero en la entidad, pero que se ha topado con los intereses de sus pares en el senado y sus correligionarios en el gobierno.
Por sus acciones, omisiones, mentiras y justificaciones, el tratamiento del tema carbonero constituye el ejemplo de la política laboral que ha caracterizado el sexenio de Felipe Calderón, según Carlos Rodríguez Rivera, uno de los investigadores del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal). La madrugada del 19 de febrero de 2006, en Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México (IMMSA, subsidiaria del Grupo México), 65 trabajadores murieron sin que hasta el momento se haya definido qué causó el percance letal, pues la empresa y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se obstinan en mantener cerrada la mina.
Durante el último año del gobierno foxista y los primeros cinco del de Calderón, activistas y familiares de las víctimas han exigido que se recuperen los cuerpos y se haga un peritaje confiable. No han logrado más que evasivas fundadas en engañosas interpretaciones técnicas y jurídicas.
Las enfermedades profesionales y los accidentes laborales hacen parte de los riesgos que enfrentan todos los trabajadores cuando desarrollan sus labores en una empresa. Qué diferencia hay entre estas dos categorías y cómo intervienen la Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) para cubrir estos eventos.
Enfermedad Profesional
Si usted sufre de dolores en las muñecas y en las manos por el tecleo insistente en el computador durante su jornada laboral, puede que esté sufriendo del Túnel del Carpo, una de las enfermedades profesionales más comunes en Colombia.
De ser así, su empresa, a través de la ARP a la cual lo tenga afiliado, debe asegurar la atención y compensación por este evento, e incluso, si fuera necesario, tendría que garantizarle pensión por invalidez, incapacidad permanente o en caso de muerte, pensión de supervivencia y auxilio funerario. Tenga en cuenta que todos los costos de atención están cubiertos, siempre y cuando la tecnología esté disponible en el país.
La ganancia económica, por encima del ser humano, por desgracia ha sido la constante de la “prosperidad”. Esas prácticas en pleno Siglo XXI son inadmisibles. En México se dan turnos de doce horas, eso es “normal”, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mira hacia otro lado cuando los trabajadores no reciben horas extras. El trabajador acaba tan extenuado que cae como bulto sin disfrutar ni convivencia ni esparcimiento. Los líderes sindicales que debieran velar, sí, por la disciplina y madurez laboral, el cumplimiento de buenas prácticas de fabricación que garanticen la prosperidad del negocio; también han de velar por la calidad de vida laboral. Pero lo primero que hace el líder sindical, es tirarle a ser diputado federal con doctorado en beneficio personal.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió un histórico fallo, sobre el que ha informado este diario. Con los votos de los camaristas Enrique Arias Gibert y Oscar Zas y la disidencia de María García Melgarejo, la Sala V del tribunal consideró imprescriptible una acción iniciada por la hija de un desaparecido en 1977 en la empresa Dálmine Siderca del grupo Techint. La víctima fue secuestrada en el lugar de trabajo por las Fuerzas Armadas y continúa desaparecida.
En la causa “Ingegnieros, María Gimena c/ Techint SA”, la empresa había solicitado la prescripción de la acción, alegando que se había cumplido el plazo de dos años previsto por la legislación laboral, y el juzgado laboral de primera instancia rechazó la demanda. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la sentencia de primera instancia y ordenó al juez de primer grado dar curso a la investigación judicial.
La sentencia abre una instancia judicial nueva para las víctimas del terrorismo de Estado. En efecto, de los 30 mil detenidos-desaparecidos y 10 mil presos políticos estimados como víctimas del terrorismo de Estado, más de la mitad serían asalariados, y su desaparición, muerte o arresto podría tener relación de causalidad con su trabajo.
El Ayuntamiento descubre bidones de combustible almacenados en la zona de soldar de las brigadas municipales.
La nave y almacén de las brigadas de infraestructuras fue inspeccionada y se detectaron productos tóxicos e inflamables mal almacenados. loino
E. G. BROTONS
Bidones de material inflamable y tóxico apilados sobre una moqueta que ardería a toda velocidad y colocados junto a una ventana interior que accede al lugar habilitado para soldar, a la herrería y a la fragua donde trabajan a diario con fuego los operarios municipales. Es solo una de las alarmantes deficiencias en materia de seguridad laboral, tan frecuentes como graves, que ha ido encontrando la Concejalía de Personal en los centros de trabajo municipales. La pormenorizada inspección se encargó en noviembre a un técnico en prevención de riesgos laborales que está visitando hasta 30 dependencias, almacenes o despachos de propiedad municipal.