La minería del carbón en México es una zona de desastre: accidentes recurrentes con resultados fatales, violaciones de todos los derechos laborales, explotación de menores y una cínica ausencia de responsabilidad de los empresarios mineros.
MÉXICO, DF (Apro).- A seis años del accidente en Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, la minería del carbón en México sigue en un estado deplorable: nulas medidas de seguridad, lo que causa constantes muertes; violación de derechos laborales; ausencia de seguridad social; explotación de menores e impunidad de los empresarios mineros protegidos por los gobiernos federal y estatal.
En las minas del carbón hay «condiciones equiparables a la esclavitud, al mismo grado de deshumanización que el visto en las minas de esclavos de la Alemania nazi», dice el senador panista Ricardo García Cervantes, quien desde hace un año impulsa la creación de una instancia que vigile al sector carbonífero en la entidad, pero que se ha topado con los intereses de sus pares en el senado y sus correligionarios en el gobierno.
Por sus acciones, omisiones, mentiras y justificaciones, el tratamiento del tema carbonero constituye el ejemplo de la política laboral que ha caracterizado el sexenio de Felipe Calderón, según Carlos Rodríguez Rivera, uno de los investigadores del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal). La madrugada del 19 de febrero de 2006, en Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México (IMMSA, subsidiaria del Grupo México), 65 trabajadores murieron sin que hasta el momento se haya definido qué causó el percance letal, pues la empresa y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se obstinan en mantener cerrada la mina.
Durante el último año del gobierno foxista y los primeros cinco del de Calderón, activistas y familiares de las víctimas han exigido que se recuperen los cuerpos y se haga un peritaje confiable. No han logrado más que evasivas fundadas en engañosas interpretaciones técnicas y jurídicas.
«No es que no se quieran sacar los cuerpos, es que no se quiere decir qué pasó, conocer la vedad para que haya justicia. El Estado renunció a conocerla y por ende, a ejercer la rectoría que dejó en manos de la empresa.
«La verdad se ha negado en las instancias nacionales y vamos a sacar los cuerpos por normas internacionales, toda vez que ha habido una absoluta falta de voluntad política y de criterio en el país», expone García Cervantes, quien se confrontó más de una vez con Javier Lozano Alarcón, ex secretario del Trabajo, por este tema. A pesar de las numerosas evidencias que demuestran el incumplimiento de la función gubernamental, las administraciones panistas insisten en rehuir su responsabilidad, en negar que en las minas se vulneren sistemáticamente los derechos laborales fundamentales y en ignorar las exigencias de justicia.
LA MISMA HISTORIA
La noche del pasado miércoles 8 una cuadrilla de mineros de un pozo de carbón regresaba de cumplir su turno. Los mineros viajaban en la caja descubierta de una pick up por la carretera Sabinas-El Sauz cuando ésta chocó y los trabajadores cayeron del vehículo.
Quedaron heridos Federico González Romo, Carlos Manrique Rodríguez y Alberto Franco Medina, de 16 años, además de José Humberto González Romo, quien permanece en estado de coma en un hospital privado de Monterrey.
El accidente dejó ver que además de tener trabajando al menor de edad, ninguno de los trabajadores estaba dado de alta en el IMSS y el patrón, Carlos Díaz, no estaba dispuesto a pagar los gastos hospitalarios, por lo que aún no han operado a González Romo. El reportero hizo contacto telefónico con Díaz, quien negó ser el empleador: «No pos andaban trabajando con otro chavo», dijo.
Según Cristina Auerbach (defensora de los derechos humanos) la otra camioneta implicada en el choque es propiedad de Materiales Industrializados, empresa dueña del pozo Boker donde el 30 de julio de 2010 hubo un accidente en el que murió Ramón Sánchez mientras su compañero Plutarco Ruiz quedó atrapado y no fue rescatado sino hasta una semana después, ya con una grave afectación nerviosa.
El día del siniestro en el pozo Boker no hubo más personal del gobierno que miembros del Ejército, que llegaron sólo para «preservar el orden». Ni un inspector, abogado, empleado menor de la STPS. Nadie. Hoy el Boker sigue operando con las mismas condiciones inseguras; no tiene siquiera una salida de emergencia.
Al Boker y Pasta de Conchos se suman el pocito Ferber, la mina Lulú y el Vertical 4, todos siniestrados en los últimos tres años.
Por los 132 mineros fallecidos en seis años nadie pisó la cárcel, no se evitó que los mismos dueños siguieran abriendo minas, no se cancelaron concesiones, no hay sanción por registrar a los trabajadores por debajo del salario real ante el IMSS, tampoco por contratar menores, mucho menos por incumplir las normas de seguridad.
En un recuento de los accidentes que acumularon 30 mineros muertos durante 2011. Salvo el del pozo Binsa, ocurrido el 3 de mayo y donde murieron 14 trabajadores y un niño de 14 años resultó mutilado, no tuvieron resonancia nacional.
En la mina Lulú hubo 2 muertos; en La Encantada, 1; en la Siderúrgica II, 2; en la Mina VII Saltillito, 2 más; en la mina San Juan, 1; Pocito Binsa, 14; Pocito Agujita, 1; Mina V Esmeralda, 2; en el ejido San Juan, 1 más. Además en la carboeléctrica José López Portillo, de la CFE, murieron cuatro trabajadores el pasado 23 de noviembre, entre los que, para no variar, había un menor de edad.
De las anteriores, la Lulú ya había tenido muertos en 2008.
El común denominador, salvo en el caso de la CFE, es el parentesco o la sociedad entre los dueños de los pocitos carboneros (Proceso 1805), donde aparecen entrelazados los apellidos de prosapia regional que jamás enfrentan consecuencias por sus operaciones ilegales ni las muertes o lesiones de los trabajadores.
MARAÑA DE CORRUPCIÓN
«No hay forma de evadir la realidad, ni dedo tan ancho capaz de tapar el sol: el desorden, el abuso, la corrupción y la falta de una política pública que posibilite que un recurso natural propiedad de la nación sea un factor de desarrollo, con justicia, bienestar y oportunidades. Las minas, con pocas excepciones, son generadoras de muerte y de miseria», espeta García Cervantes al gobierno federal.
El panista coahuilense dice sentirse defraudado del gobierno, del PRI, el PAN y el PRD, de la clase política en general que opta por la demagogia y los intereses mezquinos por encima del bien público.
Conocedor de los problemas del carbón, García Cervantes propuso hace un año la creación de una Comisión Nacional del Carbón (CNDC), que mediante una integración de secretarías de Estado y un consejo con expertos, trabajadores y empresarios en un organismo descentralizado, propicie el reordenamiento productivo del mineral.
A través de 18 artículos, la iniciativa de Ley de la CNDC plantea concentrar las atribuciones de supervisión, vigilancia, inspección y sanción, entre otras, a fin de detectar la operación de yacimientos ilegales o irregulares, además de regular el otorgamiento de concesiones.
El organismo integraría a todas las instancias gubernamentales que hoy tienen que ver con la producción carbonera, pero que, por sistema se responsabilizan unos a otros de las irregularidades: STPS, IMSS, SE, CFE, Sener, Semarnat, entre otras.
García Cervantes ilustra
«Los registros de las concesiones no permiten saber quién es el empleador. La SE sólo autoriza las concesiones conforme a la Ley Minera, pero a quienes ni siquiera son dueños del fundo, lo cual compete a la instancia que se encarga del ordenamiento territorial.
«El propietario del fundo llega a un acuerdo con el concesionario, que inicia operaciones a través de una empresa que nada tiene que ver con todo lo demás y que ni siquiera es de él. Ésta da de alta a 12 trabajadores en el IMSS, pero tiene contratos con la CFE por millones de toneladas y cumple a través de Prodemi (paraestatal del gobierno coahuilense), pero eso es imposible de producir con esa plantilla laboral. Si explotan dinamita es cosa de la Secretaría de la Defensa, si hay menores, de la Defensa del Menor…
«Es una maraña que no es accidental, es un modus operandi», dice.
«Nadie sabe si tiene condiciones seguras o no, porque a veces ni siquiera se notifica el inicio de operaciones o la STPS no tiene más de tres inspectores para cientos de minas, que a su vez provocan un grave daño ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente no vigila, en tanto los alcaldes y diputados están inmersos en el negocio.»
Infancia minera
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
MÉXICO, DF (Apro).- A Jesús Fernando Lara Ruiz, de 14 años, lo sorprendió un fuerte estruendo seguido de una lluvia de piedras y brasas. Cerró los ojos mientras una fuerza irresistible le jalaba el brazo. Quería ver, pero se lo impidió una nube negra que lo envolvió. Cuando las cenizas y el polvo de carbón se disiparon su padre lo encontró colgando del andamio. Tenía el brazo destrozado.
Un día después, internado en Guadalajara, supo que le amputaron el brazo derecho y que a causa de la explosión sus 14 compañeros quedaron sepultados en el pozo carbonero.
La mañana del 3 de mayo de 2011 estalló el Pozo 3 de Beneficiarios Internacional del Norte SA de CV (Binsa). Jesús Fernando trabajaba ahí como «ganchero». Colocado en el andamio de la mina introducía un tonel vacío y lo sacaba lleno de carbón.
El siniestro exhibió la explotación infantil que hay en la Región Carbonífera de Coahuila, donde las numerosas violaciones a derechos laborales fundamentales forman parte de la cultura patronal prevaleciente.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó el trabajo infantil en su Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, concluido en noviembre pasado.
El caso de Jesús Fernando se incluyó en ese informe para demostrar que el trabajo en las minas de carbón entraña gran peligro, incluso en la superficie. En el capítulo 4 de este documento «El trabajo infantil en la minería ilegal», la CNDH establece que entre las prácticas más frecuentes de la región se encuentra la de emplear a los menores en tareas extractivas.
Con base en el artículo 2 del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil –signado y ratificado por México–, la CNDH considera como niño a cualquier menor de 18 años. En la región carbonífera, la Comisión documentó que los niños empiezan a trabajar entre los 14 y los 15 años.
«El trabajo infantil es también un problema recurrente de la minería ilegal. Así como los mineros adultos no cuentan con opciones laborales, los niños y niñas sufren el mismo problema, aunque de forma agravada, pues no cuentan con los medios necesarios para tener una vida digna, acorde con su condición de edad. El trabajo infantil es más habitual en explotaciones mineras de pequeña escala y artesanal», dice el informe, que documenta también la existencia de numerosas operaciones mineras al margen de la ley.
EVIDENCIA
El 20 de mayo de 2009 en el pozo Vertical 4 se realizaron excavaciones hasta llegar a un túnel en desuso. El agua rompió rocas y puntales hasta inundar el pozo. El torrente arrastró a Francisco Castillo Zamora unos 40 metros. Iba de un lado a otro rebotando en las paredes de piedra y de carbón por donde el agua buscaba su cauce. A consecuencia de los golpes sufrió fractura de costillas, así como lesiones en la espalda y la cabeza.
Sin lámpara, sin equipo de salvamento y sin saber dónde estaba la salida, como pudo se dejó llevar por la corriente hasta encontrar la plataforma que conduce a la superficie.
«Ahí afuera estaban los patrones y los compañeros les decían que me llevaran al hospital porque yo iba bien grave. Y no querían. Después, de tanto que les rogaron los compañeros, me llevaron», dijo el joven, cuyas lesiones le ocasionaron daños permanentes que lo incapacitan para el trabajo.
Este caso fue documentado por la Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC), organismo que agrupa a deudos de los mineros muertos en febrero de 2006, e inclusive, se incorporó a uno de los cuatro expedientes del carbón, que contra el Estado mexicano se dirimen ante la OIT.
Cristina Auerbach Benavides, quien forma parte de la OFPC, explica que el trabajo de menores en los pozos carboneros no se limita a la superficie. Los adolescentes, por su complexión, son contratados frecuentemente en los pozos, cuyos túneles tienen un diámetro de un metro y medio. De hecho, en los diferentes siniestros ocurridos en minas de carbón desde 2006, la OFPC ha documentado la presencia de menores. Por ejemplo, en el pozo Ferber, siniestrado en septiembre de 2009 –aunque se suponía clausurado por inseguro– había varios menores de edad así como tres jóvenes de 19 años pero con tres años de antigüedad. Fueron dados de alta en el IMSS sólo cuando cumplieron 18 años.
Por su parte, Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) comenta que los jóvenes son contratados por su físico y porque son mano de obra barata y eso sirve para reducir los costos de operación.
Comenta que en 2010 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) le practicó una visita sorpresa a la Empresa Minera y Constructora Loreto SA de CV. Los inspectores descubrieron entre los trabajadores a un menor de edad. La compañía alegó que el joven sólo se dedicaba a labores en la superficie y proporcionó un número del IMSS que resultó falso.
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
