Autor: Nestor Adolfo BOTTA

El análisis sobre riesgos laborales realizado entre los siniestros de Picanya y Jesús reveló irregularidades en los planes de emergencia que «sólo prevén incendios» – Los auditores constatan que «no se investigan los accidentes o lo hacen los mismos jefes»

Una auditoria interna realizada a Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) en el año 2006, unos días antes del accidente de la estación de Jesús en el que murieron 43 personas, detectó irregularidades «graves» en los planes de emergencias de la empresa ferroviaria y en las investigaciones internas de los accidentes laborales. La auditoría, realizada por la mercantil externa Enarila SA, concluyó que en FGV «el nivel de cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa aplicable es insuficiente» y que el «sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales de FGV no cumple con los requerimientos» de la legislación, por lo que la opinión final de la auditoría fue «desfavorable» para la mercantil ferroviaria. Ni la inspección de Trabajo, ni el Invasat (Instituto Valenciano de Seguridad en el Trabajo), ni el juzgado de instrucción número 21 —que investigó el accidente del metro— tomaron cartas en el asunto ya que, probablemente, desconocían su existencia, al menos la instancia judicial. Apenas cuatro días después de que Enarila SA (Entidad Auditora de Riesgos Laborales SA) detectara estos incumplimientos en FGV, 41 personas morían tras descarrilar un metro entre las estaciones de Plaza de España y Jesús. En los días siguientes los muertos llegarían a 43.

Entre las deficiencias mas graves detectadas en la auditoría está la relativa a la seguridad en las instalaciones. «No existen planes de emergencia de todos los centros de trabajo», en referencia a las sedes de Valencia y Alicante. «Se han realizado simulacros en la empresa, sin embargo no se han llevado a cabo en todas las líneas». En la Línea 1, donde se registraron dos accidentes en sólo nueve meses, no se había organizado ningún simulacro. Además, en las simulaciones de siniestros «solo se contempla como emergencia el incendio». Ademas, en los planes de emergencias elaborados por FGV «no se especifican los nombres del personal designado en caso de emergencia», señala el informe. Los auditores tampoco pudieron «comprobar mediante registros que se haya proporcionado formación a los equipos de emergencia, ni que aquellos trabajadores que pueden permanecer sólos en su puesto de trabajo hayan recibido ningún tipo de formación en emergencias».

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Aseguran que los ataques superan en número a los que terminan saliendo a la luz. Advierten que una cuarta parte de la violencia ocupacional se da en el sector sanitario.

El director del Sáenz Peña, Federico Cornier, asegura que los controles en el hospital, que incluyen videovigilancia, vienen dando buenos resultados. (Foto: A. Amaya)

Al menos dos trabajadores del servicio público de salud resultan agredidos cada semana. El dato no es estadístico, ya que no hay registros al respecto, pero sí empírico, según alertó la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), que además estimó que estos hechos violentos superan en número a los que toman estado público. “Nuestros superiores nos desalientan a denunciarlos”, dijeron algunas voces. El tema ya tiene su carga de reclamos pero se actualizó el 29 de octubre pasado, cuando un joven exaltado le dio una trompada a una médica en la guardia del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca). Desde ese momento, se implementaron urgentes medidas de seguridad similares a las que se venían aplicando en el Sáenz Peña.

Dos sábados atrás, en plena madrugada, un joven fuera de control golpeó a una médica que intentaba hacerle un electrocardiograma en la guardia. La gota colmó el vaso. Los profesionales se movilizaron porque consideraban que era un incidente a repetición. La movida tuvo resultado, un equipo de Control Urbano municipal debutó el lunes pasado en el lugar para formar lo que se considera “la primera barrera de contención en el ingreso”.

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