Fiscales de Puerto Madryn investigan a directivos de la firma Aluar por la posible vinculación de una lista de empleados de la empresa que murieron de cáncer o están enfermos.
Planta de Aluar en Puerto Madryn: sus directivos están imputados por no alertar sobre riesgos.
Fiscales de Puerto Madryn investigan a directivos de la firma Aluar por la posible vinculación de una lista de empleados de la empresa que murieron de cáncer o están enfermos. Se estima que varios fallecieron afectados por enfermedades de la piel y respiratorias. La fiscalía busca probar que esos casos están vinculados con la exposición a sustancias cancerígenas dentro de la planta. La carátula podría cambiar a «homicidio culposo», indicó ayer el diario Jornada de Trelew, Chubut.
La causa puede ser caratulada como «abandono de persona», «homicidio culposo» o «lesiones culposas». Una lista de los trabajadores afectados se guarda en el Departamento Médico de Aluar, pero la nómina ya está en manos de los investigadores, con lo que las historias clínicas de la firma también pueden ser analizadas por la fiscalía.
La Justicia busca determinar la vinculación de los casos de cáncer y otras enfermedades con la exposición a los hidrocarburos con los que trabajan.
Habría contradicciones respecto a la fecha en la cual Aluar habría denunciado los riesgos de trabajo a los cuales estarían expuestos los operarios. Concretamente, a la exposición de los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HAPs), una sustancia cancerígena. Se sabe que por obligación legal, los riesgos deben ser denunciados ante la Aseguradora de Riesgos de Trabajo para que cubra a los operarios ante posibles enfermedades. Habría contradicciones entre la fecha de la denuncia que afirma la ART y en la que realmente se habrían denunciado los riesgos, indicó el periódico patagónico.
En esto trabajan los fiscales porque no podría explicarse que si bien Aluar dijo públicamente, incluso con la declaración de Javier Madanes Quintanilla ante la jueza Marcela Pérez Bogado, que se ocupó y preocupó por la salud del trabajador ante la exposición a sustancias cancerígenas, recién se haya denunciado este riesgo hace pocos años.
Si se prueba el ocultamiento de información a los trabajadores y a la ART, el hecho puede tener consecuencias legales por desproteger al empleado, al no denunciar el riesgo.
En febrero fueron eliminadas de la página web de Aluar la información técnica, empresarial y leyes de la Secretaría de Trabajo y Seguridad e Higiene de la Nación. Entre los datos suprimidos figuraba una resolución de la Secretaría de Trabajo que crea un registro obligatorio para las empresas que importen, comercialicen o vendan sustancias peligrosas y cancerígenas.
Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar, y otros cinco directivos son imputados por «abandono de persona» de 284 empleados del Molienda, a quienes no les habrían informado que estaban expuestos a sustancias cancerígenas.
