Los trabajadores «olvidan» la prevención y la salud laboral para mantener el empleo

B. MÁRQUEZ – PONTEVEDRA Cuando la crisis y el paro entran por la puerta, la prevención de riesgos y la salud laboral saltan por la ventana. Es un diagnóstico que comparten sindicatos como UGT, CIG o CC.OO y la Inspección de Trabajo que «detectan» entre los pontevedreses la generalización de una praxis laboral «a todas luces contraproducente» para sus intereses y que no es otra que «olvidar» la adopción de medidas de prevención, «no declarar» los accidentes leves e «ignorar» las enfermedades comunes hasta que el cuerpo aguante. Unas actuaciones, todas ellas, que persiguen un mismo objetivo: «no molestar, no significarse, no causar quebrantos a los empresarios en aras de mantener el empleo, a día de hoy un bien escaso», tal como explica el secretario comarcal de UGT, Ramón Vidal.

Este tipo de actuaciones «limpian» las estadísticas de siniestralidad, advierten desde CC. OO, central que considera necesario delimitar cuántas bajas por enfermedad común ocultan agravamientos de lesiones leves producidas en el trabajo y promover nuevas campañas de sensibilización sobre la prevención de riesgos laborales.

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La Afip descubrió más trabajadores rurales en condiciones inhumanas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) continúa con sus inspecciones en zonas rurales en busca de trabajadores contratados en situación ilegal y abusiva. Ayer, el organismo fiscal informó de un procedimiento en Coronel Suárez

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) continúa con sus inspecciones en zonas rurales en busca de trabajadores contratados en situación ilegal y abusiva. Ayer, el organismo fiscal informó de un procedimiento en Coronel Suárez, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde halló a 34 trabajadores que recolectaban papas en condiciones indignas, además de no estar debidamente registrados.

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El Congreso pide al Gobierno un estudio de los partes de accidente de trabajo para evitar trastornos musculoesquléticos

La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso ha aprobado una proposición no de ley del PSOE, con el respaldo de todas las formaciones salvo CiU, que se ha abstenido, por la que solicita al Gobierno un estudio sistematizado tanto de los partes de accidente de trabajo notificados por sobreesfuerzos, como de los datos obtenidos de la encuesta nacional de condiciones de trabajo.

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Una gestión errática y de ahorro favoreció el vertido de BP en el Golfo

La investigación oficial reparte culpas entre la petrolera y sus subcontratas – Los expertos advierten de nuevos derrames si la industria no toma medidas

La explosión el 20 de abril de la plataforma Deepwater Horizon, que causó la muerte de 11 personas y un desastre medioambiental sin precedentes en el golfo de México, «no fue el resultado de una serie de decisiones anómalas tomadas por funcionarios o directivos deshonestos, que eran imposibles de predecir o de las que no se espera que vuelvan a ocurrir». Por el contrario, «las causas fundamentales fueron sistemáticas y, sin una considerable reforma en las prácticas empresariales y las políticas gubernamentales, podrían volver a ocurrir. El accidente provino de errores sistemáticos de los directivos de esa industria y de fallos del Gobierno a la hora de garantizar que se cumplan las normas sobre perforaciones petrolíferas en alta mar».

Esa es la principal conclusión del informe de la comisión a la que el presidente Barack Obama le encargó investigar el mayor vertido de crudo de la historia norteamericana -el equivalente a 4,9 millones de barriles de petróleo-. La culpa, según ese informe publicado ayer, no fue solo de BP, sino también de malas decisiones tomadas por Transocean, dueña de la plataforma, y Haliburton, que vertió cemento de mala calidad para sellar el pozo. Y todo, según asegura la comisión, para ahorrar tiempo y dinero: «Intencionalmente o no, muchas claramente incrementaron el riesgo de una explosión en el pozo de Macondo y les ahorraron a las empresas tiempo (y dinero)».

El presidente creó la comisión para que le presentara una propuesta para modificar leyes y sistemas de control a las perforaciones petrolíferas. Simultáneamente, ordenó una moratoria a nuevas perforaciones, que sigue en pie y que se prolongará siete años. Aquel mismo mes, además, Obama fulminó la Agencia de Gestión Minera, que concedía los permisos de explotación comercial de los yacimientos en alta mar. Un informe de 2008 había revelado la corrupción que imperaba allí. Sus empleados usaban dinero público a voluntad. Alternaban con contratistas y empresarios y, a menudo, pasaban del sector público al privado con una facilidad pasmosa.

El nuevo informe critica esa cultura de corrupción que, según asegura, facilitó los fallos de supervisión que permitieron que ocurriera el accidente. «El Gobierno no asumió el control necesario para prevenir los errores de juicio y de gestión del sector privado», asegura. «Muchos de los aspectos cruciales de las operaciones de perforación se dejaron al criterio de la industria sin que ninguna agencia del Gobierno los revisara. Por ejemplo, en este caso, no se exigía una prueba de lo que se llama presión negativa, algo cuya malinterpretación fue un factor decisivo en la explosión».

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Alcohol y droga, problema en los centros laborales

El Sol del Centro

Aguascalientes, Ags.- En México, 20 por ciento de los accidentes de trabajo están relacionados con la ingesta de alcohol y drogas, y en estos casos, uno de cada 10 trabajadores quedan incapacitados y otros tantos mueren, dijo el secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA-CTM), Alfredo González González.

Durante el Foro «Situación Actual y Retos para Enfrentar las Adicciones en el Ámbito Laboral», representantes del Congreso del Trabajo y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertaron que hay presencia de narcomenudeo en centros de trabajo, lo que afecta en forma importante la competitividad y la productividad.

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MINEROS DE YACIMIENTO SAN JOSE DEMANDAN A ENTE DE SEGURIDAD

Santiago, 4 de enero (Télam).- Los 33 mineros rescatados del yacimiento San José, en el norte de Chile, demandaron a la Asociación Chilena de Seguridad, por presunta responsabilidad en el accidente que los dejó atrapados por 70 días a 700 metros de profundidad.

Uno de los abogados que representan a los mineros, Eduardo Reinoso sostuvo hoy que la demanda fue promovida por entender que el organismo debía fiscalizar y tomar medidas preventivas respecto de la seguridad de los lugares de trabajo donde se desempeñaban los afectados, según informó la agencia de noticias ANSA.

Por otra parte, los mineros manifestaron su malestar porque cuatro de ellos obtuvieron el alta médica cuando el gobierno se había comprometido a darles tratamiento por al menos seis meses.

Según la asociación, la licencia médica de Omar Reygadas, Edison Peña, Darío Segovia y Carlos Bugueño, fue levantada por ausentarse los trabajadores a los controles médicos.

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