Un adolescente de 13 años murió anoche al caer al vacío de manera accidental cuando despedía el año con un grupo de amigos en una casa de barrio Echesortu, según fuentes policiales.
Se trata de Franco Ezequiel González, de 13 años, que anoche disfrutaba de unas amburguesas junto a sus amigos en un domicilio de aproximadamente tres pisos de altura en Pasaje San Carlos 3722.
Pérez.— La Asociación de Bomberos Voluntarios de esta ciudad, a través de su célula operativa de capacitación externa, desarrolló hace unos días en su Centro de Entrenamiento Avanzado para Bomberos y Brigadistas (Ceabb) un curso de gestión de las comunicaciones en las emergencias.
El curso comprendió situaciones de crisis / NFPA 1600, manejo de desastres-emergencias y programa para la continuidad de los negocios/reconocimiento y primera intervención con materiales peligrosos para parte de la comisión zonal de emergencias del cordón industrial de San Lorenzo.
La tarea de los bomberos voluntarios referente al curso de gestión se efectuó desde las primeras horas de la mañana y hasta el atardecer y del mismo participaron 21 personas de las diferentes líneas de las empresas de la comisión, Celulosa Argentina Capitán Bermúdez, Petrobrás PGSM, Cargil, Mozaic, Dow Argentina, ACA SL, Alto Paraná, Bomberos Voluntarios de Bermúdez, Funes e integrantes de Protección Civil de Bermúdez y Pérez.
La jornada de trabajo teórica-práctica se dividió en 2 módulos teóricos, un modulo práctico y un ejercicio final (simulacro) que concluyó con el análisis de los conocimientos aprendidos y aplicados.
Durante la mañana de la jornada los instructores de los bomberos voluntarios de Pérez, Sebastián Passera y Juan Pablo Pietrafesa, desarrollaron el tema referido a la norma NFPA 1600 manejo de desastres-emergencias y programa para la continuidad de los negocios que tiene como objetivo brindar las herramientas administrativas y de gestión de en situaciones de crisis y a su vez conformar las mejores acciones para la continuidad de los negocios en forma eficaz y segura.
Ejercicios prácticos
La jefa de Liberty Seguros se opone a que se demande a la empresa y a la ART
Susana Agustín no anda con rodeos a la hora de opinar sobre la falta de una ley de accidentes de trabajo, una carencia que permite que un accidentado cobre el seguro de una aseguradora de riesgos de trabajo (ART) y además pueda iniciar un juicio civil al empleador. «La doble vía es una locura», dice la presidenta de la norteamericana Liberty Seguros, en referencia a una situación que se vive desde septiembre de 2004, cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional el artículo 39 de la ley 24.557 de riesgos del trabajo, que establecía que la única vía de reclamo era la ART.
-¿Qué es lo que más molesta de la falta de una nueva ley de ART?
-Lo que preocupa es que hay una doble vía porque los trabajadores cobran primero la indemnización y después, el reclamo judicial. Por eso digo que si hay doble vía, saquemos el beneficio de litigar sin gastos. La doble vía es una locura, que crea incertidumbre en el empleador y que alimenta una industria del juicio que mueve cuantiosos honorarios.
-La Presidenta dijo que habrá una ley de ART. ¿Le cree?
-La Presidenta dijo que se va hacia eso y yo no puedo pensar lo contrario. Se están haciendo las cosas para que se aclare el tema. Propuestas hay: las nuestras y también las de la CGT, que defienden la doble vía y están impulsadas por el diputado [Héctor] Recalde.
-¿Qué más propone usted?
-Lo que proponemos es que en la nueva ley se contemple más el proceso preventivo y también que se incluyan nuevas enfermedades o siniestros que no se tienen en cuenta hoy. Nosotros, por cuenta propia, trabajamos mucho con la prevención y así logramos reducir mucho la cantidad de accidentes.
-Cuando se estatizaron las AFJP, ¿no temió que las ART corrieran la misma suerte?
-No, no. Porque se trata de cosas distintas. La argumentación del Gobierno en el caso de las AFJP era entendible. Todos sabemos que las AFJP no explicaron muchas cosas que debieron haber explicado.
-¿En qué caso puntual?
“Si se le cae todo esto a Martín, me lo mata”. Alejandra Lovrincevich estaba aún en estado de shock mientras narraba la estampida que escuchó al desprenderse parte del cielorraso de la habitación donde duerme su hijo de 13 años. La mujer denunció que el derrumbe fue producto de los cimbronazos que produce la obra en construcción lindera, ubicada en Pedro Tuella al 1000 bis, a metros de bulevar Avellaneda y frente al Gigante de Arroyito.
El jueves, hacia las 21.30, la mujer se encontraba cocinando en la planta baja de un departamento de pasillo. Su hijo, de 13 años, había salido minutos antes junto a su hermana mayor y por fortuna no se encontraba en su habitación.
En un segundo, el dormitorio ubicado en la planta alta se llenó de una densa humareda blanca y un montículo de pedazos de cielorraso quedó esparcido sobre la cama del adolescente. Luego, Lovrincevich radicó una denuncia en la seccional 9ª. La escena fue retratada por perito fotográfico de la policía.
El edificio de 22 pisos que se construye sobre el lote de Pedro Tuella y Avellaneda está a cargo Edmundo Ernesto Poggio, de la constructora Puerto Piray, y el calculista es el multifuncionario municipal Sebastián Bonet (ver aparte). En tanto, el coordinador de Higiene y Seguridad es Diego Torres.
“Cuando escuché la explosión pensé que me estaban robando, pero al subir y ver el revoque sobre la cama de mi hijo quedé en estado de conmoción. Me imaginé la cabeza de Martín entre los escombros y si estaba mi nieta de dos meses, me la mataba”, se lamentó ayer Lovrincevich.
La afectada relacionó el episodio con las vibraciones, cimbronazos y movimientos que produce la obra en construcción, aunque entre la habitación que padeció el derrumbe y el futuro edificio hay un pasillo de por medio.
En 2009 hubo 8.386 litigios, mientras que al finalizar 2010 no llegarían a 5.000. Hace un año, la Superintendencia llamó la atención a la Justicia provincial.
Juan González Gaviola. Superintendente de ART.
Tras las investigaciones que inició la Justicia provincial, la cantidad de juicios laborales tramitados en los Juzgados de Conciliación de la ciudad de Córdoba caerán este año 43 por ciento respecto a 2009. Esa es la proyección de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, anticipados a este diario por su titular, Juan González Gaviola.
La baja es general en todo el país –26 por ciento menos de litigios– pero no tan pronunciada como en Córdoba. Lo cual parece confirmar las presunciones previas sobre la existencia de una industria del juicio en la provincia basada en la simulación y exageración de enfermedades laborales.
Y así lo entiende González Gaviola: “La caída fundamental se produjo después de las acciones del fiscal Enrique Gavier”, elogió el funcionario nacional.
Gavier desbarató en agosto pasado una organización de abogados y médicos que operaba en la provincia y que presuntamente defraudó a la ART Provincia del Banco de Buenos Aires, que supo estar contratada por la Municipalidad de Córdoba.
El fiscal imputó y dispuso la prisión preventiva de nueve profesionales, situación procesal que fue apelada y está actualmente a decisión de la Cámara de Acusación.
Gavier comprobó 288 casos de empleados en los que se fraguó la existencia o la dimensión, tanto de accidentes como de enfermedades laborales.
La investigación de Gavier está concentrada en un grupo particular, con una ART y una entidad (el municipio) damnificadas. Pero los datos que llamaron la atención sobre lo que sucedía en Córdoba tienen una envergadura que trasciende a sólo una decena de particulares y un par de damnificados.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart) había establecido que, por cada 10 mil trabajadores cubiertos en la provincia se iniciaban, por año, 210,8 juicios laborales, la cifra más alta del país, mientras en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal la cantidad de litigios iniciados era de 35,8.
“Este año la proyección es que bajen al 43 por ciento”, destacó González Gaviola y dijo que por primera vez se revirtió la tendencia en alza.
Era (¿es?) un verdadero sobrecosto estructural para la economía. De hecho, las empresas cordobesas afrontaban un riesgo mucho mayor de afrontar costosos juicios o de tener que pagar primas de riesgo más altas a las ART, dada la mayor litigiosidad que suponía trabajar en Córdoba. La Superintendencia había estimado esos sobrecostos en 100 millones de pesos al año.
“Hemos visto que se genera el fraude en particular en las enfermedades profesionales no listadas (dolor de espalda, hernias, várices, dolor de cuello) o algunas listadas como la hipoacusia”, señaló González Gaviola. Reveló que en 2009 los litigios por enfermedades no listadas en los Juzgados de Conciliación de la ciudad de Córdoba fueron 8.386, mientras que hasta el 1° de diciembre de este año se registraban 4.600. Resaltó que las proyecciones indican que hasta fin de año los juicios no llegarán a cinco mil.
En ese contexto, remarcó que si se compara el período de julio a diciembre de este año respecto a igual lapso de 2009, “la caída en las enfermedades no listadas es de casi el ciento por ciento, por lo cual es como si hubieran desaparecido”.
A días de que la Justicia procesara al dueño y al responsable de higiene y seguridad de una fábrica de cámaras de bicicletas de Rosario por la muerte de un operario que inhaló polvos tóxicos derivados de la actividad, el 13 de diciembre se supo que falleció otro trabajador aparentemente por las mismas causas. Ahora se podría agravar la situación de los imputados si los exámenes médicos determinan que esta segunda víctima también perdió la vida por falta de previsiones sanitarias. Un fiscal pidió a las autoridades provinciales una urgente inspección del establecimiento.
El juzgado Correccional Nº 5 investigaba desde febrero de este año la muerte de un operario de la firma La Kamara SRL (Urquiza 8521) que fabrica cámaras, neumáticos y repuestos para bicicletas, tras una denuncia que impulsó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe.
Allí se constató que un empleado murió en julio de 2008 por neumoconiosis, una enfermedad que se produce por la inhalación de polvo que genera el depósito de residuos en los bronquios, ganglios y pulmones causando severos problemas respiratorios.
Los informes forenses y la certificación del servicio médico del Hospital Carrasco ratificaron que la muerte tuvo directa vinculación con la silicosis, enfermedad que se considera profesional.
Las inspecciones que el Ministerio de Trabajo realizó posteriormente en la fábrica fueron contundentes: se constataron “múltiples incumplimientos de las normas vigentes en materia de seguridad e higiene”, como falta de ventilación y extracción, lo que provocó que el ambiente se encontrara inmerso en una atmósfera de material particulado impregnado con una capa de talco que afectaba al personal.