Polémica por la seguridad de los chicos en una escuela platense

EDUCACION : INSOLITO CASO EN LA EGB Nº 102
Una directiva pidió a los padres que firmaran un acta para responsabilizarse por posibles accidentes de sus hijos. Estaban sin luz y se llovían las aulas. Habían autorizado a dar clases pero la vicedirectora quiso cubrirse.

Para dejar a los alumnos en el aula, los padres de la EGB Nº 102 de La Plata tuvieron que firmar un acta donde asumían la responsabilidad por eventuales accidentes de sus hijos, provocados por las deficiencias edilicias. No todos aceptaron esta inusual exigencia. Quienes se negaron, decidieron modificar el contenido del documento y dejaron constancia de que «el director General de Escuelas, Mario Oporto, y las autoridades de esa dependencia son responsables directos por la calidad edilicia y la seguridad de nuestros hijos».

La polémica estalló en la escuela Nº 102 «Dardo Rocha», ubicada en 7 y 32 de la capital bonaerense. Fue otra secuela del temporal de viento y lluvia del martes. Ese día, suspendieron las clases porque estaba inundada la entrada al edificio. Pero, también se llovían las galerías, las aulas y otras dependencias, por las filtraciones del techo.

La directora, Cristina Noval, llamó a los inspectores de Infraestructura de la Dirección de Escuelas y acordaron retomar las actividades a partir de ayer. Sin embargo, la vicedirectora Gladys Etchegaray, a cargo del servicio educativo en el turno matutino, consideró que el establecimiento no estaba en condiciones de recibir los casi 400 alumnos de 1º a 6º año que cursan en la escuela 102. «No había luz, los pisos estaban mojados y evalué que existía riesgo para los niños», explicó la funcionaria a Clarín.

Por eso, solicitó el aval de los padres que después se transformó en reclamo para el Gobierno y Oporto. «Fue una determinación equivocada. Un directivo no puede eludir su responsabilidad. No tuvo capacidad de resolver el contratiempo», dijo la inspectora de Educación Primaria de La Plata, Mabel Antonelli. Y atribuyó ese error a la edad de la mujer: Etchegaray tiene 73 años y ocupa desde 2002, ese cargo en la «Dardo Rocha».

La medida tuvo el respaldo de los docentes y los padres que, luego de modificar los términos del acta, estamparon su firma. «Los techos se caen no sólo por la lluvia: este edificio sufre por el abandono de las autoridades», se quejó Fernando Ferro, padre de un alumno de 4º año, turno mañana. «Esta escuela no soporta más lluvias y hace meses que reclamamos los arreglos. El único mantenimiento se hace con el esfuerzo de la cooperadora. Existe una responsabilidad colectiva por las grietas, las perforaciones y los baños inutilizables», dijeron a Clarín, los docentes Daniel Cadabán, María Cristina Caneta de 6º y Sira Castro de 3º.

La determinación de la vicedirectora derivó en una investigación «primaria» para determinar si existió una falta leve o grave en la actitud de Etchegaray. «Bajo ningún punto de vista la Dirección General de Cultura y Educación provincial va a responsabilizar a los padres de la integridad de sus hijos en las escuelas. Y menos aún exigirles que firmen un acta haciéndolos responsables por cuestiones que atañen al cuidado y mantenimiento de los edificios escolares», aseguró a Clarín la subsecretaria de Educación provincial, Delia Méndez.

La funcionaria – quien ayer estaba a cargo de Escuelas, en ausencia de Mario Oporto – consideró que «no debe tomarse esto como un castigo, sino que al directivo se le exige responsabilidad, equilibrio y sentido común para tomar decisiones ante emergencias, situaciones de la convivencia escolar u otras cuestiones como preservar la integridad de los alumnos».

La EGB Nº 102 es una construcción de más de 50 años y está incorporada a un programa de refacción edilicia. Según explicó el director de Mantenimiento y Equipamiento, Marcelo Gardinetti, esta semana comenzarán los trabajos para cambiar el techo. Las autoridades anunciaron una inversión de $ 100.000 que incluye también la pintura de aulas y el arreglo del baño de profesores. Los trabajos se harán con los alumnos en clase porque —dicen los directivos— no implica una alteración en las actividades de la escuela.

Fabián Debesa. LA PLATA. CORRESPONSALIA
laplata@clarin.com

Disparates en cadena

Que un directivo pida a los padres que firmen un acta para hacerse responsables de los daños físicos que pudieran sufrir sus hijos en la escuela es un disparate. Y otro más grave aún que el Estado – las máximas autoridades educativas bonaerenses – autorice a dictar clases en un edificio inundado por el temporal y con los techos en problemas. A la vicedirectora no le alcanzó el respaldo de sus superiores, sintió miedo de que pasara algo y resolvió con bastante poco sentido común. Podría entenderse, en parte: vio cómo estaba el edificio y buscó cubrirse. Hay un gran bizco en esta historia: el Estado y sus funcionarios, los únicos responsables de que los chicos estudien seguros en escuelas seguras.

Victoria Tatti
vtatti@clarin.com

Fuente: Diario Clarín

Voraz incendio en un depósito de productos químicos porteño

Cuatro dotaciones de bomberos combaten las llamas que se iniciaron por causas desconocidos en el barrio de Villa Crespo.

Una fábrica de plásticos ubicada en avenida Acoyte y Antesana, del barrio porteño de Villa Crespo, se incendiaba esta mañana, informaron fuentes policiales.

En el lugar se encuentran trabajando cuatro dotaciones de bomberos para combatir las llamas y móviles de la policía, que cortaron las calles adyacentes pare evitar accidentes.

El primer informe policial no dio cuenta sobre la existencia de posibles víctimas y se desconoce la causa del siniestro. Los edificios linderos fueron evacuados como medida de prevención.

Fuente: www.infobae.com

Tragedia de Cromañón: procesan a bomberos y empresarios

El juez Lucini dictó la medida y citó a declarar a oficiales de la Policía Federal y encargados de compañías que trabajan en la noche.

Bomberos de la Policía Federal y empresarios dedicados a equipamientos de seguridad para locales nocturnos fueron procesados en la causa por el incendio de la discoteca República Cromañón, hecho registrado en esta capital el 30 de diciembre último con casi dos centenares de muertos.

La medida la dictó el juez de instrucción Marcelo Julio Lucini, quien además citó a indagatoria al ex funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Roberto Calderini.

Fuente: www.infobae.com

Otros siete procesados en la causa Cromañón
Se trata de 4 bomberos y 3 integrantes de empresas de seguridad. Todos fueron acusados por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Ya son 28 los involucrados judicialmente por la tragedia.

La causa Cromañón volvió a ofrecer novedades. Este mediodía, el juez Lucini procesó a cuatro bomberos de la Policía Federal y tres integrantes de empresas de seguridad por la tragedia que el 30 de diciembre dejó 194 muertos.

Todos fueron procesados por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública a la hora de controlar la seguridad de los boliches porteños. Además, Lucini les trabó un embargo de cien mil pesos.

Por otra parte, el magistrado también ordenó la indagatoria como sospechoso de Roberto Calderini, otro ex funcionario del gobierno porteño, quien al momento de la tragedia se desempeñaba en el área de habilitaciones.

Hace una semana, Lucini había citado a declarar como imputado al ex secretario de Seguridad del gobierno porteño, Juan Carlos López, quien de esta manera se convirtió en el funcionario de más alto rango en ser llamado a indagatoria por la tragedia (Archivo 17/08/2005).

López, sobre quien ya pesaba una inhibición de bienes desde enero pasado, deberá presentarse ante el magistrado el 7 de setiembre. Asimismo, Lucini también convocó a otros dos integrantes del gobierno comunal: el responsable del área de Espectáculos públicos, Juan Carlos Sánchez, así como un inspector.

El pedido de indagatoria del ex secretario de Seguridad había sido efectuado a mediados de junio por el fiscal Juan Manuel Sansone. Sin embargo, Lucini demoró su decisión a la espera de una decisión de la Cámara sobre varias apelaciones presentadas por las partes involucradas en la causa (Archivo 17/06/2005).

La solicitud de Sansone había sido calificada como «fundamental» en su momento por los abogados de los familiares de las víctimas. «La prueba de la responsabilidad de López es que el funcionario que lo reemplazó, Juan José Alvarez, clausuró todos los boliches y tomó todas la medidas que López decidió no tomar», fue lo que dijo Fernando Soto, uno de los letrados de los querellantes.

Hasta el momento hay cinco funcionarios del Gobierno porteño procesados por homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público: Fabiana Fiszbin, responsable del área de Control Comunal, y sus subordinados, Ana María Fernández, Gustavo Torres, Rodrigo Cozzani y Alfredo Ucar.

Asimismo, Víctor Telías, coordinador de inspectores nocturnos del área, está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario (Archivo 07/05/2005).

También están procesados Omar Chabán (gerenciador del boliche) y su mano derecha, Rául Villarreal, por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Mientras que los siete músicos de Callejeros, el manager de la banda y el supuesto jefe de seguridad del grupo están acusados de homicidio culposo.

Además, cinco policías de la Federal están procesados por los delitos de cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos los involucrados de la causa se encuentran en libertad a la espera del juicio oral por la tragedia.

(Fuente: DyN y Télam)

Fuente: Diario Clarin

SEGURIDAD ELECTRICA, EL ESTADO DERECHO Y LAS ESTADISTICAS

En oportunidad de la última Conexpo en Córdoba se volvió sobre la temática de las seguridad en las instalaciones eléctricas, pues muchos entendemos la necesidad de insistir e insistir en que se cumplan las leyes y las Normas, cuestión nunca resuelta al menos en una gran mayoría de este nuestro país Federal.

Porque digo Federal, porque el camino para iniciar el tema de la seguridad en las instalaciones eléctricas (del medidor de energía «aguas abajo») hace suponer que debemos andar y andar los vericuetos de cada Municipio de Argentina pues las autonomías ejercen el denominado poder de policía y habilitación de las instalaciones eléctricas de exclusiva incumbencia Municipal. Esto resume sin tecnicismos el sistema administrativo para cumplir y hacer cumplir las leyes por medio de las autoridades de aplicación.

No es la Argentina el mejor ejemplo de aplicación de las leyes del estado, y la historia nos dice que se ha tenido que gestionar y gestionar iniciativas en el poder legislativo de los consejos deliberantes municipales pues entendimos que somos los ciudadanos los que debemos proponer y exigir que se cumplan las leyes, liberando a nuestros representantes de esa obligación, situación que me parece totalmente impresentable.

Pero el lector dirá ¿a que estado de derecho nos referimos? cuando hablamos de un sistema de instalaciones eléctricas sin reglas, normas ni responsabilidades, donde las autoridades de aplicación no se consideran involucradas y hasta alegan no conocer o no saber de que se está hablando pues dicen que son «temas técnicos» cuando todos vemos las consecuencias nefastas y pavorosas que el «no hacer» a originado en nuestra población.

Es necesario explicar ¿hace falta alguna estadística para cumplir estas elementales razones, entre muchas otras…? En Argentina a ¿quien podemos recurrir para que acepte estas explicaciones? Y que hicimos los ciudadanos: numerosas veces partimos con la propuesta «para que se cumpla la ley» a llevar propuestas y vaya si lo hemos hecho. ¿Y a quien?, claro, a los concejales y de allí a los bomberos ¡ellos sí saben que pasa!

Y conseguimos documentación estadística de cortocircuitos, electrocutados, incendios; y con este material «estadístico» fuimos a la autoridad esperanzados en que entenderá lo que proponemos y seremos reconocidos en nuestra acción republicana.

Eso lo hemos hecho años y años, ¿y que paso?: nada. No se pudo resolver pues las mayorías o las minorías no acordaron, no trataron o no encontraron la forma de resolver la propuesta y allí quedo en una pila de material descartable. El estado de derecho ¿es una acción o una elección?, las leyes ¿son obligaciones u opciones?; estas preguntas y sus respuestas son importantes, pues los ciudadanos debemos saber a la hora de participar si nuestras propuestas de cumplimiento de leyes serán no solo escuchadas, y lo que más importa si serán respetadas.

Pero volvamos a la famosa «estadística» que me parece, merece una reflexión especial, pues es un material muy solicitado a la hora de estas presentaciones de cumplimiento de leyes en instalaciones eléctricas. ¿Porque es tan importante la estadística? Para verlo de otro punto de vista: ¿Se piden acaso estadísticas de muertos, heridos o enfermos para controlar la fabricación de remedios o alimentos?: No.
Porque se entiende que el control en esos casos es absoluto para garantizar la seguridad pública. Podríamos seguir pero no perdamos tiempo en esto, vamos a lo que importa ¿es posible que alguien pide una estadística para justificar que se cumpla una ley o un conjunto de leyes para garantizar la seguridad pública de las instalaciones eléctricas? ¿Existen ejemplos positivos de generación de leyes y garantía de su cumplimiento? Si, lo establecido en España desde hace décadas (extracto de lo publicado en Internet).

Explica que toda España existe un sistema estatal que impone un reglamento de instalaciones eléctricas. Menciona el anterior Reglamento electrotécnico aprobado en 1973 y la necesidad de avance en materia de reglas técnicas e instrucciones complementarias. Menciona que «los reglamentos de seguridad de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, con competencia legislativa puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio».

El Reglamento que se aprueba mediante Real Decreto.
El Reglamento remite a normas, en la medida que se trate de prescripciones de carácter eminentemente técnico y, especialmente, características de los materiales. Dado que dichas normas proceden en su mayor parte de las normas europeas EN e internacionales CEI, se consigue rápidamente disponer de soluciones técnicas en sintonía con lo aplicado en los países más avanzados y que reflejan un alto grado de consenso en el sector.

Se definen las figuras de los instaladores y empresas autorizadas, teniendo en cuenta las distintas formaciones docentes y experiencias obtenidas en este campo. Se establece una categoría básica, para la realización de las instalaciones eléctricas más comunes, y una categoría especialista, con varias modalidades, atendiendo a las instalaciones que presentan peculiaridades relevantes.
Se establece un cuadro de inspecciones por organismos de control, en el caso de instalaciones cuya seguridad ofrece particular relevancia, sin obviar que los titulares de las mismas deben mantenerlas en buen estado.

Se encarga al centro directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología la elaboración de una guía, como ayuda a los distintos agentes afectados para la mejor comprensión de las prescripciones reglamentarias. Se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias por Real Decreto. El Reglamento electrotécnico para baja tensión, adjunto al presente Real Decreto, entrará en vigor, con carácter obligatorio, para todas las instalaciones contempladas en su ámbito de aplicación, al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Es decir en apretada síntesis: En España es un sistema nacional, se aprueba por Real Decreto, remite a normas, establece figuras de instaladores, crea mecanismos de inspección y crea boletines oficiales de interpretación. En ningún momento justifica su acción por estadísticas. Y hablando de estadísticas, es sabido que las instalaciones eléctricas ineficientes, además de ser peligrosas, consumen más energía que las normalizadas y también sabemos que la energía es un bien que debemos preservar (sobre todo en Argentina) y que también hay leyes que establecen la necesidad de hacerlo, leyes que deberían ser motivo de preocupación de «los que nos piden estadísticas». La experiencia en Argentina dice que, «mientras todo funcione», nadie se preocupa de la seguridad eléctrica ni de la eficiencia energética.

Con referencia a los ciudadanos y la administración la posición ha variado. Antes de Cromañon todo transitaba por vericuetos administrativos y la medida de una instalación era el precio que incluía «la gestión» municipal. Después de Cromañon todo se complico y ahora «la gestión» exige lo que antes eran las mismas exigencias evidenciándose que entes no se cumplían las leyes y ahora se dice que si.
La pregunta es ¿qué cambió después de Cromañon?; que tenemos más respeto o que tenemos más miedo. La respuesta se dilucidara en próximo incendio, pues si se dice que fue un lamentable cortocircuito todos sabemos que el sistema es el mismo.

Rubén Roberto Levy (buscapolocordoba@hotmail.com) – Desde Córdoba
Ingeniero Electricista Electrónico

Fuente: Boletín EAS 80 – Electricidad, Alarmas y Seguridad
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El maltrato en el trabajo

El fenómeno es conocido como mobbing o violencia laboral y consiste en la discriminación hostil dentro de ese ámbito. La situación puede llevar al despido, abandono voluntario del trabajo y hasta el suicidio. En España y los Estados Unidos ya existen legislaciones y casos juzgados al respecto. Argentina sólo cuenta con pocas denuncias y ninguna ley.

Se trata de una conducta humana tan extraña que para nombrarla los psicólogos tuvieron que recurrir a la Etología, donde la conjugación â??to mobâ?? es utilizada como verbo para definir cómo los animales se atacan con violencia.

En general, el mobbing se actúa y sufre en el ámbito laboral, donde una oficina puede de pronto transformarse en una jungla para un trabajador desprevenido.

La primera persona que estudió el fenómeno como causante de una patología fue el psicólogo alemán Heinz Laymann, quien en 1986 describió en un libro las consecuencias, sobre todo en la esfera psíquica, de las personas expuestas a un comportamiento hostil y prolongado en el tiempo por parte de los superiores o compañeros de trabajo.

En la Argentina, si bien el término está poco difundido y no existe legislación al respecto, el fenómeno de la violencia laboral afecta al 6.1% de los hombres y al 11.8% de la mujeres trabajadoras, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El mobbing es una forma de violencia discriminatoria hacia un trabajador por parte de sus superiores o el resto de sus compañeros que afecta de manera tal que puede llegar a ocasionar el hundimiento psicológico de la víctima.

Comienza a manifestarse cuando se obliga al trabajador a realizar tareas contra su propia voluntad, cuando lo cambian habitualmente de ubicación, cuestionan todas sus decisiones, lo critican, dicen que tienen problemas psicológicos o simplemente lo ignoran. Se ejerce sobre él una presión psicológica que puede tener como como consecuencia el despido o la renuncia.

Efectos de la desocupación

El especialista en Derecho Laboral Héctor Recalde afirma que la situación de desocupación en la Argentina hace que el efecto mobbing sea mucho más grave ya que los trabajadores se hallan en un estado de indefensión total, tienen más temor y pocas leyes que los defiendan.

Por su parte, la especialista en Derecho Laboral Andrea Fabiana Mac Donald, recopiló algunos casos sucedidos en el país en un informe publicado por el Diario Judicial. Allí recuerda que en junio de 1998 el encargado de seguridad de una cadena de supermercados de la ciudad de Córdoba â??hizo desnudar a 36 empleadas para tratar de recuperar seis mil pesos que faltabanâ??.

En tanto, en octubre de 1999 â??unas 150 empleadas de una fábrica de ropa de la provincia de La Pampa fueron obligadas a desnudarse por un control. Los directivos de la firma alegaron que la requisa era una atribución legalâ??.

La violencia laboral ya está legislada en Europa, donde 12 millones de personas padecen de mobbing. También los Estados Unidos se pronunció al respecto, llamándola la nueva epidemia laboral del siglo XXI.

â??Estamos ante la presencia de un fenómeno de importante consideración, dado que ocasiona en el trabajador consecuencias físicas, emocionales y psicológicas, provocadas por uno o varios agentes. Dicho fenómeno se manifiesta a través de una violencia psicológica ocasionando así una intención discriminatoria hacia un trabajador por parte de sus superiores o incluso sus paresâ??, asegura Mac Donald en su artículo.

Este fantasma perseguidor que tanto acosa a los animales en sus hábitat naturales, también aparece en la jungla de cemento de las grandes ciudades y es el hombre trabajador quien debe temer de oras especies, psíquicas.

Fuente: www.infobae.com