Lo confesó Pablo Akerman, el inspector acusado de incumplir sus funciones al inspeccionar el Café de la Flor, donde un músico murió electrocutado.
«Esta situación me destrozó la vida. Hace tres años que no duermo y no sé cómo planificar mi vida». Pablo Andrés Akerman, el empleado municipal acusado de incumplir sus funciones en dos inspecciones al Café de la Flor, habló por primera vez en el juicio en su contra. El inspector defendió los controles que hizo en abril de 2015 en el local nocturno de Mendoza al 800, donde seis meses después murió electrocutado el bajista de una banda de rock. Dijo que recién tras la muerte del músico, la Municipalidad compró aparatos para verificar la descarga a tierra.
El arquitecto Akerman hizo su descargo casi de seis minutos en el último día de juicio, antes de los alegatos finales de las partes. Los fiscales Valeria Piazza Iglesias y Ademar Bianchini pidieron que sea condenado a 3 años de prisión condicional y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Lo acusan de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de dos actas de inspección.
El defensor Héctor Superti reiteró el pedido de absolución. Dijo que su cliente es el eslabón más débil de una cadena: «Quien está sentado acá es Pablo y no el Estado. Si le imponemos un castigo ejemplar, nada va a mejorar y será un chivo expiatorio. La pena ejemplar lo único que hace es destruir a una persona», advirtió. El juez Juan Andrés Donnola dará a conocer su veredicto el lunes.
En el juicio se aborda una parte de la investigación por la muerte de Adrián Rodríguez, el bajista de 30 años de la banda Raras Bestias que el 12 de octubre de 2015 sufrió un fatal accidente en el local de Mendoza 863. A las 2 de la madrugada advirtió que algo le pasaba al vocalista, se acercó a ayudarlo y cuando tomó el micrófono recibió una letal descarga eléctrica.
Por el caso se abrió una causa penal desdoblada. Akerman, a quien no se lo juzga por la muerte, llegó a juicio por dos inspecciones realizadas seis meses antes de la tragedia. Por otro lado, el dueño del local, Ariel Scharf, y el electricista Fernando Campodónico están acusados de homicidio culposo, con un pedido de penas de 4 y 5 años respectivamente y a la espera de otro juicio.
Akerman, de 39 años, se desempeñaba en 2015 en la Dirección General de Inspecciones. La Fiscalía lo llevó a juicio a raíz de dos informes de inspecciones al local. Uno del 1º de abril de 2015, cuando fue recibido por el dueño anterior y realizó algunas observaciones. El otro, del 8 de abril, cuando elevó otro informe a su superior indicando que había ido a verificar las reformas. Para la acusación, esa constatación nunca existió.
En primera persona
El empleado declaró sin responder preguntas. Con cierta tensión en la voz, se refirió a nueve cuestiones técnicas que llevaba anotadas en un papel. Recordó que el 1º de abril de ese año fue al Café de la Flor con otro inspector, que se quedó charlando con el dueño en la puerta mientras él realizaba la inspección. Dijo que le informaron verbalmente de las observaciones y luego las volcó a un informe.
Al momento del accidente, según las pericias, el tablero eléctrico del local estaba apoyado en madera (material combustible), no tenía puerta ni contratapa protectora, el disyuntor no estaba conectado y no se observaron descargas a tierra. Akerman sostuvo que en su inspección, seis meses antes, no advirtió instalada ninguna contratapa en el tablero principal y que no recuerda haber visto si el fondo del tablero era de madera.
Señaló que en esa época «no se verificaba» la descarga a tierra: «Posterior a lo que pasó en octubre, nos compraron unos pequeños aparatos con los cuales se podía hacer una verificación». Dijo que no contaban con un manual de procedimientos sino que se revisaban ítems específicos de cada local, según la actividad para la que había sido habilitado: «Por eso en ese informe se hablaba de un detector de metales, cosa que no aparece en un jardín de infantes», explicó.
Poco después, el comercio fue vendido a nuevos dueños, pero nunca se realizó la transferencia. Según Akerman, de realizarse ese trámite, «se hubiera requerido la intervención de todo el aparato municipal para habilitar un local: Planeamiento, Obras Particulares, Tribunal de Faltas, Finanzas. Se hubieran pedido informes a los Bomberos, a un electricista y a un gasista matriculados, un informe de seguridad y un informe acústico». Es decir, planteó que en ese caso hubiera existido un control más completo que el de una inspección rutinaria.
Sobre el final, con la voz quebrada, habló de los perjuicios personales que le causó el proceso penal: «Esta situación me destrozó la vida. Hace tres años que no duermo. No sé cómo planificar mi vida porque no sé qué puede pasar con esto, si me puedo quedar sin trabajo. Lo peor fue hace dos días, cuando estaban dando una nota en la televisión. Aparece una foto mía de la audiencia y mi hija, que tiene tres años, me pregunta por qué estaba yo en la tele. Es todo lo que tengo para decir».
