Se busca a 1.500 expuestos al amianto

Sanidad censa a los que trabajaron con el mineral aislante, que causa 50 muertes al año – Tiene localizados a 2.700 de los 4.200 empleados – Madrid no ha elaborado un registro de edificios ‘peligrosos’.


El Windsor en ruinas- ULY MARTÃ?N


Posible localización del amianto en las viviendas- GUSTAVO HERMOSO (Fuente Comisión Europea)

Barato, resistente, incombustible y ligero, el amianto tuvo más de 3.000 aplicaciones en la construcción y la industria hasta que mostró su cara más terrible: cánceres incurables que matan a 50 personas al año en la Comunidad de Madrid. Prohibido en 2001, miles de toneladas de este mineral siguen instaladas en edificios de la región, donde no es peligroso mientras no se manipule. Pero hay que proteger a quienes estuvieron expuestos a él en el trabajo: 4.200 personas, de las que falta localizar a 1.500. También se debe controlar toda obra o demolición de edificios con amianto en sus entrañas. La Comunidad ni siquiera sabe cuántos son, aunque ahora, siguiendo al Ayuntamiento de Getafe, se muestra dispuesta a impulsar la creación de un censo de edificios peligrosos.

«No hay peligro si no se manipulan o rompen los materiales ya instalados», dice CC OO

Casi todos los edificios construidos en los años 50, 60 y 70 contienen amianto.

La Comunidad de Madrid busca a 1.500 obreros, albañiles, mecánicos, soldadores o calefactores, entre otros profesionales, que trabajaron con amianto entre los años cincuenta y 2001, cuando este mineral fue prohibido por los riesgos que supone para la salud. El objetivo es someter a vigilancia especial a las 4.200 personas -de las que ya han sido localizadas 2.700- que el Gobierno regional calcula que estuvieron expuestas al amianto en más de un centenar de empresas que lo tenían entre sus materias primas.

Esta sustancia, de origen natural, fue usada masivamente en la construcción, la fabricación de maquinaria y otros sectores. Sus cualidades eran muchas: barato, maleable, incombustible, ligero, aislante y resistente. Sus peligros, también: al ser manipulado, desprende fibras microscópicas que, si son aspiradas, pueden causar asbestosis – heridas y cicatrices en los pulmones, que causan trastornos respiratorios crónicos – y la muerte por cáncer de pulmón, pleura o peritoneo. Estas dolencias pueden tardar hasta 30 años en manifestarse y un estudio de la Consejería de Sanidad, hecho en 2002, calcula que matan al año a más de 50 personas, una cifra que prevé que siga creciendo hasta 2018.

Ã?ngel Cárcoba, de CC OO y autor del libro El amianto en España, estima, basándose en datos oficiales, que en la región hay más de 180.000 toneladas de amianto instaladas en edificios y maquinaria. «Tenemos por delante un reto ingente que debe implicar a administraciones, empresas y a toda la sociedad. El amianto ya instalado no es peligroso si no se manipula o rompe, no hay que alarmar. Pero cada vez que se hacen obras ese mineral se vuelve peligroso porque libera fibras al quebrarse. Hay que hacer un gran pacto social para ir desmantelando todo ese amianto sin peligros», afirma.

De momento, la legislación obliga a toda empresa que vaya a intervenir en un inmueble o nave con amianto a elaborar un plan para garantizar la seguridad de los trabajadores. También la de la población cercana en aquellos casos en los que el amianto está en cubiertas o partes exteriores del inmueble. El plan debe ser aprobado por dos organismos – la Inspección de Trabajo y el Instituto Regional de Seguridad en el Trabajo – y ejecutado por una de las 84 empresas autorizadas en la región para «desamiantar», en el lenguaje técnico. Pero CC OO denuncia que esta normativa «no garantiza ni mucho menos el control de todas las obras en las que se manipula amianto».

En la Comunidad de Madrid se llevan a cabo 30.000 obras al año, según la Consejería de Empleo y Mujer. El año pasado fueron controladas 208 por los riesgos relacionados con el amianto. Un 43% de ellas incumplía la normativa. Pero muchas más, admite la Inspección, se llevaron a cabo sin control. «No las controlamos porque no sabemos que se hacen. Si quien las promueve no lo comunica o nadie lo denuncia, no tenemos forma de enterarnos», admite Vicente Mora, jefe provincial de la Inspección.

Casi todos los edificios construidos en los años cincuenta, sesenta y setenta contienen amianto. «Nadie sabe cuántos hay en la Comunidad de Madrid», explica Javier Vallejo, director general de Trabajo. Los sindicatos reclaman desde hace años la creación de un catálogo o censo de edificios con amianto. «Lamentablemente, la Comunidad de Madrid aún no ha hecho nada», se queja Carmelo Plaza, secretario de Salud Laboral de CC OO. Este sindicato y la Inspección de Trabajo admiten que el catálogo sería «una herramienta muy útil» para aumentar el control sobre las obras con riesgo de liberar fibras de amianto.

Vallejo se justifica. «Es difícil y complejo. Ninguna administración lo ha hecho en España. Podría hacerse en colaboración con los ayuntamientos, mediante la Inspección Técnica de Edificios (ITE) o con los colegios profesionales, como el de arquitectos, que son los que construyeron con amianto», explica antes de anunciar que está estudiando «cómo desarrollarlo en la próxima legislatura».

Para CC OO, «el mayor problema es la falta de voluntad política». «El catálogo se ha hecho en la mayoría de países del norte de Europa. No hay razón para que no se haga aquí». El sindicato extiende las críticas a la protección de los trabajadores. «Es dramático. Mueren trabajadores que hace 10, 20 o 30 años trabajaron con amianto sin que se les reconozca que sufren una enfermedad profesional, con familias que se quedan sin recursos», protesta Plaza.

La Consejería de Empleo recibió en 2006 tres notificaciones por enfermedades profesionales por amianto, dos por asbestosis y una por cáncer. «Es una cifra ridícula», afirma Plaza. «En Francia o el Reino Unido, cada año 1.500 o 2.000 casos. En Madrid sólo tres y en España menos de 10».

Sindicatos y administraciones coinciden en que hay que avanzar en dos frentes y que queda «muchísimo» tramo por recorrer. El primero es proteger a los trabajadores que hoy manipulan amianto. «No hay más solución que control, más inspecciones y más recursos», defiende CC OO. El segundo frente es paliar en lo posible el daño que pueden sufrir quienes lo manipularon en el pasado. Estas personas serán sometidas a vigilancia especial para diagnosticar precozmente cualquier enfermedad.

Comunidad, patronal y sindicatos iniciaron hace dos años el registro de trabajadores que en el pasado estuvieron expuestos al amianto. En la última reunión técnica, la Consejería de Sanidad aportó sus cálculos: son 4.200 personas – «en realidad deben de ser el doble o el triple», dice CC OO -, de las que aún busca a 1.500 buceando en bases de datos propias, de la Seguridad Social y de otras fuentes.

La gran mayoría de ellas tendrá una jubilación feliz y saludable. Pero, en algunos casos, las microfibras del amianto desencadenarán terribles procesos cancerígenos en su organismo. Sanidad ha elegido dos hospitales en la región – Carlos III y Getafe – para atenderlos. Allí está su última oportunidad.

Dos días sin tocar el Windsor

Construido durante cinco años, entre 1974 y 1979, una noche bastó para que la Torre Windsor sucumbiera al poder destructivo de las llamas en febrero de 2005. Fueron necesarios siete meses más para demoler la mole de cemento negro en la que quedó convertido el rascacielos.

Por su fecha de construcción, el Windsor era candidato a contener amianto, que no es destruido por el fuego. «Además, había que ser muy cuidadosos a la hora de retirarlo, porque las fibras habrían salido volando hacia la ciudad», explica Carmelo Plaza, de CC OO.

Tras la alerta dada por los sindicatos, el grupo de trabajo creado para la demolición -formado por Ayuntamiento, propietarios y los propios sindicatos- se puso manos a la obra. «Primero hubo que detener las obras hasta que se hiciera un inventario del amianto que había en la torre. Al final no fue tanto como nos temimos y dos días bastaron para localizarlo. Después, el mineral se retiró cumpliendo toda la normativa», añade Plaza.

CC OO pone la demolición del Windsor como ejemplo de «trabajo bien hecho, seguro y eficiente, gracias a la colaboración entre todas las partes».

Otro ejemplo lo sitúan en Aranjuez, cuyo Ayuntamiento inició la retirada de la cubierta de uralita con amianto de un polideportivo sin cumplir la normativa. «Empezaron mal, pero en cuanto se lo dijimos tuvieron una actuación ejemplar. Pararon las obras, hicieron un plan especial y las reemprendieron con un cuidado escrupuloso. Ã?sta debe ser también nuestra labor: vigilar, alertar y formar», concluye.

Fuente: www.elpais.com

El enemigo invisible

Los trabajadores que desmantelan los materiales peligrosos deben protegerse con filtros y trajes de buzo.
«La peor amenaza del amianto es la que no se ve. Sabes que las fibras están ahí, flotando, y que son muy peligrosas. Pero son tan pequeñas que es imposible verlas. Contra ellas, lo único que puedes hacer es contar con buenos equipos y concentrarte en seguir el plan establecido».

Fernando Llaca, ingeniero de 31 años, trabaja en Ferrolezama, una de las 84 empresas autorizadas en la región para manipular amianto. Su misión es acudir allí donde particulares, empresas o instituciones les piden ayuda para desmantelar el amianto contenido en aislantes de tuberías, cubiertas de uralita o cualquier otra de «las 3.000 aplicaciones distintas del amianto». Las herramientas que hacen seguro su trabajo son «cumplir a rajatabla el plan de actuación, que viene muy detallado en la normativa» – el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo -, y los trajes de buzo y filtros para mantener los pulmones a salvo.

Cualquier actuación comienza con una llamada. «Acuden a nosotros desde particulares que quieren hacer alguna obra y no saben qué hacer hasta empresas con grandes proyectos de reforma o derribo de edificios enteros», cuenta. «El procedimiento es siempre el mismo. Primero acudimos al lugar y vemos qué tipo de amianto hay y en qué cantidades. Luego hay que hacer un plan específico de desmantelamiento, que debe ser aprobado por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid».

Con la aprobación del plan llega el momento de ponerse en acción. «El amianto más peligroso es el friable, que suele estar en los recubrimientos aislantes de tuberías o calderas». De aspecto parecido a un ovillo deshilachado, el friable es el tipo de amianto que más fibras libera al ser manipulado. Para hacerle frente hay que confinar el lugar en el que se encuentra. Una vez aislado, para entrar o salir de él hay que «pasar por unas compuertas y, cada vez que se sale, descontaminarse duchándose vestido o con un proceso de aspiración con filtros absolutos».

La operación es más compleja cuando hay que aislar edificios enteros, como antiguas centrales térmicas o complejos industriales casi totalmente construidos con materiales con amianto. Entonces se impermeabiliza todo el edificio cubriéndolo de plásticos y se desmonta pieza a pieza. Más sencilla es «la retirada de planchas de uralita o fibrocemento, que se deben soltar de sus anclajes a mano y retirar en piezas enteras». «Mientras no se rompan o dañen, estas piezas son más seguras», explica Llaca.

Quienes realizan todas estas operaciones van equipados con filtros para respirar y trajes de buzo desechables para cubrirse el cuerpo. «En los casos especiales, el traje incluye un motor que crea presión positiva en la zona de la boca, para que no puedan aspirarse fibras. También cubrebotas y chalecos estancos», prosigue.

En todos los casos, el destino de los materiales es el mismo: «Se encapsulan térmicamente para evitar fugas y se trasladan a un almacén especializado en San Fernando de Henares». El amianto, prácticamente indestructible pero estable, no resulta peligroso si está almacenado en condiciones.

Fuente: www.elpais.com

32 empleados de una empresa estuvieron expuestos a un agente cancerígeno sin saberlo

Cuatro de cada 10 obras en edificios peligrosos por contener amianto incumplen la normativa.

La Inspección de Trabajo ha decretado, tras una denuncia de CC OO, que la empresa textil Poliseda deberá velar hasta el año 2047 por la salud de 32 de sus empleados, a los que dejó expuestos al amianto en las obras de demolición de su fábrica en Alcalá de Henares. La empresa está obligada a realizar pruebas y seguir la evolución de sus trabajadores durante 40 años, periodo en el que las fibras de este mineral pueden causar cánceres mortales. Además, Trabajo ha encontrado que 100 de las 232 obras en edificios con amianto, un 43%, incumplían la normativa. Nueve de ellas serán multadas.

El amianto es un mineral que durante décadas fue una panacea: barato, ligero, resistente, maleable e ignífugo, fue masivamente usado desde los años cincuenta en todo el mundo como aislante en la construcción y la fabricación de maquinaria. Todas estas ventajas, sin embargo, no evitaron que en 2004 fuera prohibido su uso: aunque inofensivo cuando permanece estable, el amianto supone un grave riesgo cuando es manipulado y libera fibras microscópicas. �stas, al ser aspiradas, pueden incrustarse en los pulmones y causar -hasta cuatro décadas más tarde- cánceres mortales en pulmones, pleura o peritoneo (membrana que recubre los órganos abdominales).

El caso de Poliseda es un ejemplo de los problemas que el amianto supone hoy. Su fábrica, construida en 1964 y con amianto en su interior, empezó a ser demolida en octubre de 2005. Además, la factoría contenía amianto friable, el más peligroso para los trabajadores y usado para recubrir tuberías.

La empresa cumplió en un primer momento la normativa vigente, que obliga a elaborar un plan especial «para retirar el amianto sin poner en riesgo la salud de los trabajadores y de la población residente cercana», explica Javier Vallejo, director general de Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer.

Compañías autorizadas

Este plan debe ser ejecutado por alguna de las 84 compañías autorizadas en la región para manipular amianto y requiere la aprobación de Empleo tras sendos informes de la Inspección de Trabajo y del Instituto Regional de Seguridad en el Trabajo.

En total, según Vicente Mora, jefe provincial de la Inspección de Trabajo, en 2006 fueron presentados en la región 208 planes para acometer obras en instalaciones con amianto. Sobre ellos, de oficio o tras la denuncia de los sindicatos, Inspección llevó a cabo 232 actuaciones. «En 100 se encontraron infracciones de seguridad con el manejo del amianto», explica Mora. En estos casos, Trabajo presenta a la empresa un requerimiento para que subsane las deficiencias. «En nueve casos, sin embargo, las compañías no actuaron diligentemente y se ha abierto un expediente sancionador», añade.

En estos casos, como en Poliseda, el expediente lleva aparejada la suspensión de las obras. Fuentes de Trabajo señalan que «Poliseda empezó bien el proceso, pero luego encontraron más amianto en lugares no previstos». A partir de ese hallazgo, a finales de octubre la empresa incumplió la normativa, al no proteger la salud de los trabajadores y seguir desescombrando.

CC OO denunció el caso y ahora el Gobierno regional ha obligado a la empresa a reelaborar el plan original. Según la resolución de la Inspección de Trabajo, al menos 32 trabajadores ajenos a la demolición -y, por tanto, sin la formación y equipos necesarios para evitar los riesgos de exposición al mineral- trabajaron en el desmontaje de maquinaria y tuberías con amianto. Pudieron estar expuestos, así, a las fibras del agente cancerígeno.

Por ello, Trabajo obliga ahora a la empresa a someter a estos empleados a análisis y controles médicos periódicos para vigilar su estado de salud durante los próximos 40 años.

Poliseda, mientras, tiene desde el 9 de enero paralizada la desmantelación de su fábrica, ubicada a 400 metros de un colegio y a un kilómetro de las primeras viviendas. «El riesgo de exposición de esa población que habita en el entorno de la fábrica es casi nulo. El amianto está todo dentro de la fábrica y el viento no lo puede propagar», explica Carmelo Plaza, secretario de Salud Laboral de CC OO-Madrid. La empresa deberá elaborar un nuevo plan de actuación y, hasta que no sea aprobado, mantener aisladas las zonas de riesgo.

Ã?ngel Cárcoba, de CC OO, asegura que casos como el de Poliseda – «en el que la Comunidad no intervino hasta la denuncia que presentamos» – ilustran «el incumplimiento generalizado de la normativa sobre amianto que sufren los trabajadores en Madrid ante el escaso control del Gobierno regional».

Empleo y la Inspección de Trabajo, en cambio, sostienen que en la región «se está aplicando de forma estricta la normativa para proteger a los trabajadores». Vallejo asegura que «en 2006 había 114 inspecciones programadas y se llevaron a cabo 232, más del doble». «Para 2007 tenemos previstas más de 150 inspecciones», añade.

El incumplimiento de la normativa sobre amianto es sancionado como una falta grave o muy grave sobre la salud de los trabajadores. Las multas por infracción grave oscilan entre 1.500 y 180.000 euros; las muy graves pueden alcanzar los 600.000 euros.

DANIEL VERDÃ? / ORIOL GÃ?ELL – Madrid – 15/02/2007

Fuente: www.elpais.com

Córdoba: 20% de maestros, con "la cabeza quemada"

Según un estudio universitario, presentan el síndrome de burn out, un cansancio emocional que junto a otros síntomas impide que puedan dar clases normalmente. Las más afectadas son las mujeres con más de 100 alumnos a cargo.

La Escuela de Trabajo Social de Universidad Nacional de Córdoba realizó una investigación impulsada por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para conocer el estado de salud de los docentes.

Surge que «uno de cada cinco de los más de 55 mil educadores en actividad», presentan síntomas de burn out o «cabeza quemada».

Se trata de un síndrome de cansancio emocional, despersonalización y falta de realización profesional que afectan la tarea educacional.

La patología, común entre los cirujanos y profesionales expuestos a altos grados de tensión, implica la pérdida de recursos emocionales para enfrentar el trabajo.

El 21,7 por ciento de los docentes presentó síntomas de cansancio, fatiga, manifestaciones psíquicas y físicas y sensación de no poder dar más de sí.

El 27,5 por ciento manifestó actitudes negativas, distantes y cínicas hacia sus alumnos.

El 20,8 por ciento presentó bajo rendimiento y autoestima y sensación marcada de frustración

«Se observó especialmente después del décimo año de antigüedad docente y en los maestros que recién comienzan», explicó al diario la Voz del Interior el Dr. Carlos De Mori, director del centro de salud.

«El afectado no siempre se da cuenta de que padece el síndrome. Gradualmente lo va detectando su entorno. Un docente con esta patología no debería estar frente al aula», subrayó.

Los docentes que presentan síntomas de burn out son mayoritariamente mujeres, de entre 31 y 50 años con más de 161 alumnos a cargo y con una antigüedad de entre 11 y 15 años.

Fuente: www.infobae.com

Medida de fuerza de los empleados de Salud Laboral de Educación

Los empleados del área Salud Laboral del Ministerio de Educación realizan hoy una medida de fuerza en reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo, al tiempo que denunciaron que el edificio donde funciona el complejo Pedro de Vega no cuenta con habilitación municipal.

En declaraciones radiales, el delegado de UPCN, Eduardo Temperini, señaló hoy que â??no es un lugar para atender a la gente. No hay ventilación, no hay aire acondicionado. La gente que trabaja seis horas encerrada aquí abajo no tiene ventilación y termina con ardor de ojos, no tiene entrada de luz. El ascensor hace tres meses que no funciona. La gente que viene con muletas tiene que bajar escaleras y los que viene en sillas de ruedas hay que subir a atenderlos. Como no nos escuchan desde Santa Fe no nos quedó otra que esta medida. Vinimos haciendo quite de colaboración desde el 6 de septiembre y si no tenemos respuesta la semana que viene podríamos profundizar la medida, que sería un paro por 48 horasâ??.

Más allá de estas denuncias, el delegado gremial sorprendió al denunciar que â??encima de todo esto que pasa, el edificio no está habilitado por la Municipalidad de Rosarioâ??.

Fuente: Diario La Capital

Le amputaron las manos a una técnica del Malbrán

Elsa Chávez permanece internada, afectada por una infección generalizada que actualmente se encuentra localizada en sus riñones. El interventor del Instituto reconoció en Telenueve que la profesional «estaba analizando peligrosas bacterias».

Elsa Chávez, empleada del departamento de bacteriología del Instituto Malbrán, se encuentra, desde principios de agosto, internada en grave estado en la sala de terapia intensiva del Centro Gallego de la ciudad de Buenos Aires.

Desde agosto pasado la profesional se encuentra afectada por una «meningococcemia» que se caracteriza por un cuadro de infección generalizada en la sangre y la afectación de otros múltiples órganos.

En las últimas horas debieron amputarle las manos y la infección se encuentra actualmente localizada en sus riñones.

En el Instituto no descartaron que Chávez se haya contagiado en su lugar de trabajo, pero también consideran posible que se haya infectado en otro lado.

El interventor del Malbrán, Gustavo Ríos señalo a Telenueve que el meningococo «circula en toda la comunidad, no es una bacteria rara ni exótica», afirmó.

No obstante reconoció que la mujer «estaba trabajando con cepas patógenas generadoras de enfermedades graves».

Chávez habría trabajado días antes de enfermarse con muestras de meningococo que mandaron de Capilla del Señor.

En el Departamento de Bacteriología del Instituto no se detectó, hasta el momento, ningún incidente en los protocolos de seguridad, aunque continúa la investigación para esclarecer el hecho.

Fuente: www.infobae.com