La vigencia y aplicación del artículo 30 bis de la ley tarifaria provincial 2071 abrió la polémica y provocó la reacción inmediata de profesionales de la ingeniería, de la agrimensura y arquitectura; y, por otra parte, de autoridades de la División Bomberos del Chaco. “Debe primar el sentido común más allá de ciertos intereses y declaraciones rimbombantes”, pregonaron los profesionales vinculados con el sector de la construcción.
La cuestión que generó disidencias con los servidores públicos es la competencia en la aprobación de proyectos, habilitaciones, permisos, revalidaciones y certificaciones de sistemas de protección contra incendios y planes de evacuación de todo tipo de edificaciones.
“Pretendemos que la Municipalidad termine de asumir el rol de policía que le corresponde en el proceso de aprobación de nuevas construcciones, y que no lo delegue en los Bomberos, que no tienen la formación académica pertinente para la función”, dijeron ayer integrantes de entidades que agrupan a ingenieros, agrimensores y arquitectos de la provincia, quienes hicieron notar su preocupación y malestar por los dichos del encargado del Área Técnica de la División de Bomberos de la provincia.
Resaltaron que el “poder de policía” debe ser de la Municipalidad de Resistencia, a través de un departamento específico de Seguridad e Higiene que verifique y revise la documentación elevada por profesionales del medio que intervienen en construcciones de edificios. Hoy, por la norma vigente desde 2013, esa potestad quedó en manos de los bomberos. Ver más
