La seguridad laboral ahora es tema de Estado

Los especialistas aseguran que el trabajador tiene derecho a organizarse para velar por su salud. La detección de numerosas infracciones en obras de construcción e industrias, el derrame de aceite en río por parte de una empresa del cordón industrial, pero sobre todo la muerte de tres trabajadores (dos en Acindar y otro en Bahco, Santo Tomé) provocaron el desembarco de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en Santa Fe y aceleraron la presentación del proyecto de ley para la conformación de comités mixtos de salud y seguridad laboral en las empresas ante la Legislatura santafesina.

La iniciativa está impulsada por el Ministerio de Trabajo provincial y espera tratamiento en las sesiones extraordinarias para atender un tema que no es menor en Santa Fe, una provincia que está tercera en el triste récord de accidentes laborales, con alrededor de 1.500 casos denunciados en 2007.

Si bien en el siglo pasado Argentina se caracterizó dentro de Latinoamérica como precursora en materia derecho laboral, en el tema de la seguridad e higiene laboral hoy está en el fondo de la tabla. Los pocos países del subcontinente que quedaban por subirse a esta ola lo hicieron mientras la «argentinidad vivía al palo» para resucitar de los escombros de la crisis de 2001, donde la prioridad era reactivar la economía y crear empleo.

En ese escenario hablar de salud y seguridad laboral con un cuarto de la poblacion desempleada y la mitad trabajando en negro difícilmente podría haberse corporizado más allá de los discursos en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, una ley de estas características hoy encuentra un terreno más fértil, incluso dentro del empresariado â?? muchas veces esquivo a sentarse a discutir en la misma mesa estos temas con los trabajadores â?? porque ven a través de este nuevo esquema un camino para encarar otros tres aspectos que les son útiles y hasta reportan beneficios económicos como: mejorar los niveles de productividad, crear interlocutores válidos entre sus empleados para discutir este y otras cuestiones y fortalecer su imagen frente a la opinión pública.

«Para ocuparnos de la salud primero fue necesario salir de las crisis, resolver los conflictos más acuciantes y lograr la concreción de nuestros reclamos económicos», expresó María de los Angeles Fernández, delegada en salud laboral de la empresa Editorial Diario La Capital, quien además expresó que «cuando comenzamos a capacitarnos obtuvimos un aprendizaje relevante en este terreno: la salud es cosa nuestra, no la vendemos contractualmente, tampoco la regalamos y tomamos conciencia de que nos es inherente y que debemos protegerla».

En diciembre del año pasado la empresa periodística firmó con el Sindicato de Prensa de Rosario la conformación de la comisión de salud y seguridad laboral que estará integrada por dos representantes del gremio y dos de la compañía (ver «Una experiencia pionera»).

De ese modo «la expresión de un dolor de espalda dejó de entenderse como queja o los problemas psicosociales dejaron de rotularse como neurosis colectiva para dimensionarse en el marco de los procesos peligrosos derivados del proceso productivo», relató la delegada.

Según se desprende del articulado del proyecto enviado esta semana a la Legislatura santafesina la medida alcanzará a aquellas empresas que tengan más de cinco empleados. Por tanto, en base al Censo Económico 2004/5 elaborado por el Indec, la ley tendrá un impacto directo sobre aproximadamente el 10% de las empresas santafesinas (unas de 12 mil firmas), de las cuales más de 5.000 (alrededor del 40%) están concentradas en el departamento Rosario.

Como la norma también incluye a estamentos públicos, los tres niveles de Estado en la bota santafesina deberán alinearse y crear comités mixtos.

La propuesta

El proyecto presentado por el ministro de Trabajo provincial, Carlos Rodríguez, prevé que «estos comités son órganos bipartitos y paritarios constituidos por representantes de trabajadores con facultades y obligaciones que prescribe la ley, destinados a la consulta regular y periódica de la empresa en materia de prevención de riesgos de trabajo».

En el primer artículo de la norma se estipula que todas las empresas privadas y estamentos públicos de 50 ó más trabajadores radicadas en la provincia tendrán que constituir comités de salud y seguridad laboral.

En tanto que las firmas o dependencias de entre 5 y 49 empleados tendrán que elegir un delegado-trabajador, «quien tendrá idénticas funciones y atribuciones que el comité».

Además, contempla la posibilidad de que la cartera laboral pueda exigir la creación de un comité en empresas con menos de 50 trabajadores, «en ciertos casos de riesgos existentes derivados de la naturaleza o índole de la actividad, de las maquinarias o materias primas que se utilicen, de los productos que se elaboren o fabriquen y/o del tipo de instalaciones del establecimiento independientemente del numero de trabajadores de la empresa», señala en normativa en su articulado.

El gobierno provincial aspira a que la ley sea aprobada durante las sesiones extraordinarias, por lo que tendría que salir antes del 1º de mayo, cuando empieza el nuevo período ordinario en la Legislatura.

Con las recientes muertes en la retina, desde el Ejecutivo estimaron que difícilmente el proyecto encuentre barreras para su aprobación en ambas cámaras. De esta manera, y según se desprende del cronograma dispuesto en la iniciativa, todos los comités deberían estar conformados para mediados de marzo de 2009.

Una vez sancionada la ley, los tiempos previstos para la conformación de los comités son los siguientes: dentro de los noventa 90 días en la industria de la construcción; entre 91 y 150 días en la industria manufacturera; entre 151 y 210 días en las actividades rurales; entre 211 y 270 días en las empresas de servicios y comercio; y entre 271 y 310 en el sector público.

De ese modo, la creación de los comités en algunas ramas de la industria manufactura, probablemente coincida con las negociaciones paritarias.

¿Obligación o derecho?

En este sentido, representantes industriales de la región ven con buenos ojos la creación de esta instancia que les permite poner sobre la mesa de discusión un aspecto hoy muy sensible para las empresas como el tema de la productividad.

En un contexto de escasez de mano de obra calificada y capacidad instalada al límite, cualquier interrupción en el proceso productivo puede redundar en fuertes pérdidas para la compañía. Por otra parte, esta nueva instancia abre el camino para cubrir las deficiencias que presentó el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) no sólo para los trabajadores sino además para las empresas.

Sucede que la apertura de la vía civil para los reclamos vinculados con la salud laboral fueron en definitiva el resultado de una herramienta que no terminó cumpliendo los objetivos para los que fue creada y hoy la ley de Riesgos del Trabajo que le dio forma está seriamente cuestionada.

«Las ART fueron creadas por la ley de Riesgos del Trabajo para asegurar el tema de los accidentes del y compensar convenientemente. Tienen una función muy clara que no siempre cumplen a cabalidad», explicó Juan Carlos Hiba, director de la carrera de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNR.

El especialista en temas de seguridad e higiene laboral explicó que «la relación entre ART y empresas â??que son sus clientesâ?? se ha mercantilizado».

En ese sentido, Fernández explicó que «muchas empresas debieron afrontar altos costos de honorarios para pagar juicios por la vía civil a raíz de problemas de salud laboral».

A su juicio, la participación de los trabajadores en los proyectos de mejoramiento de sus condiciones de trabajo y prevención de accidentes y enfermedades profesionales â??supone intervenir en el diseño y planificación de su calidad de vida en su entorno laboralâ?? y no â??una mera relación comercial como la que existe entre la ART y la empresaâ??, agregó.

Esto, en definitiva, deriva en malas inversiones por parte de la compañía por la falta de conocimiento de hacia dónde deben destinarse los recursos para mejorar la salud e higiene de sus empleados que en definitiva derivan en un mejor proceso productivo.

Pero más allá del aspecto vinculado con el rédito económico que esto pueda derivar, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), â??los trabajadores tienen derecho a organizarse en su lugar de trabajo para prevenir accidentesâ??, explicó Hiba, â??independientemente si la empresa esté o no asociada a una ARTâ??.

En ese punto, el ministro de Trabajo provincial, Carlos Rodríguez, señaló que â??el trabajo no es neutral desde el punto de vista de la salud, sino que el trabajo es donde uno encuentra apoyo social, solidaridad, satisfacción personal, donde puede lograr el desarrollo individual, el logro de metas en lo individual y en lo social, pero también están los riesgos impuestos, donde puede aparecer la falta de autonomía y control sobre la propia tarea, la insatisfacción, la alienación, la enfermedad, la mutilación y la muerteâ??.

Por tanto, â??porque el trabajo no es neutral desde el punto de vista de la salud es que tengo derecho a participar en la defensa de mi saludâ??, sentenció.

La subsecretaria de Trabajo de la provincia, Alicia Ciciliani, señaló que la creación de los comités mixtos en las empresas es un tema que muchas compañías grandes ya consideran entre sus acciones, debido a que en otros países de América latina, especialmente Brasil trabaja desde hace años con este tipo de organización.

Nuevos roles

Los empresarios consultados por La Capital explicaron que este tipo de comités les permitiría además, remontar la relación con los empleados y según expresaron, â??comprometerlosâ?? con los objetivos de la empresa.

Pero además, este nuevo esquema abre un desafío a la tarea sindical. Al tener el carácter de mixtos y paritarios, los comités toman una renovada forma de representación que excede el reclamo salarial o de ingresos y se inscribe en la calidad misma del trabajo.

Sucede que, así como la representación tradicional tiene sus límites en el Gran Rosario, no menos sencilla será la tarea a encarar desde lo gremial en este sentido. Por caso, en el aglomerado el 57,2% de los trabajadores registrados están afiliados a sindicatos, 20 puntos porcentuales por encima que los demás principales grandes aglomerados del país.

Sin embargo, la existencia de delegados en las empresas es la más baja (10,5%), aún cuando el 76% las firmas reconoce que dentro de su plantilla hay trabajadores afiliados a algún gremio, según datos elaborados por el economista Eduardo Basualdo en base a la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que releva el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Como todo espacio de negociación donde se involucra un tema tan sensible y al mismo tiempo tan relegado – no sólo por las empresas sino por los propios trabajadores que muchas veces no toman conciencia de la importancia del resguardo de su salud en el ámbito laboral- la puesta a punto demandará pujas que cada sector saldará puertas adentro, pero donde será imprescindible la presencia del Estado como órgano de contralor.

En la provincia de Santa Fe el puntapié inicial para avanzar en los comités mixtos lo dio el Estado a través del Ministerio de Trabajo provincial, quizás una garantía o un resguardo de que lo prometido se va a cumplir o, en su defecto a hacer complir.

Fuente: www.lacapital.com.ar

Ir borracho a trabajar no es una causa para el despido

Así lo estableció un polémico fallo que favoreció a un empleado de un polígono de tiro de Rosario. La justicia laboral condenó a la empresa a pagar una abultada indemnización.

Así lo decidió la Justicia laboral de Rosario y el polígono de tiro donde trabajaba el empleado deberá pagar una abultada suma de dinero para resarcirlo por haberlo despedido sin causa justa y sin las pruebas suficientes que comprobaran el estado de ebriedad con el que supuestamente iba a trabajar.

O.R.P, el empleado despedido, se desempeñaba como encargado del polígono de la Sociedad Tiro Suizo de Rosario y sus tareas eran la venta de municiones, el alquiler de armas y hasta la verificación de la tarjeta de identificación de los tiradores, según publica hoy un matutino porteño.

En agosto de 2003 lo despidieron. Hacía tres años que prestaba servicios, pero lo echaron advirtiéndole que cometía â??reiteradas faltas gravesâ??, entre ellas, que se presentaba con â??aliento alcohólicoâ?? y que a veces se dormía. Pero esas causas no alcanzaron para que la jueza le diera la razón al polígono.

Según la magistrada, para despedirlo tendrían que haber comprobado el estado de embriaguez ya que ella entiende que â??es una valoración subjetiva por parte de quien la percibeâ??. Destacó también que la anomalía del trabajador debe ser notoria y perjudicial, algo que no podía comprobarse.

No es la primera vez

En febrero de 2006 hubo otro caso similar, de un mozo que trabajaba en un restaurante de Puerto Madero especializado en pastas y pescados. El hombre tenía la mala costumbre, que devino en enfermedad, de tomarse alguna copa de más en su horario de trabajo.

Hasta que la empresa decidió despedirlo, en 2003, al considerar que estaba en estado de ebriedad durante el horario de trabajo y que ello, además, provocaba inasistencias. Pero la Justicia también consideró que no se trataba de una causa justa para realizar el despido.

Es que la ley advierte que en el caso de comprobarse la embriaguez de un empleado no es justificativo de despido, ya que se entiende a la misma como una enfermedad a tratar y no como un incumplimiento laboral.

Fuente: www.infobae.com

Proyectan prohibir el trabajo infantil

Un proyecto de ley presentado esta semana en el Congreso de la Nación promueve la prohibición de trabajar en todo el país a los menores de 15 años.

La iniciativa fue presentada por el senador nacional Marcelo Guinle, del Partido Justicialista de la provincia de Chubut.

Guinle dijo que «los niños no deberían tener que trabajar», aunque estimó que «actualmente, en el mundo lo hacen unos 250 millones de chicos de entre 5 y 14 años de edad».

«Con el proyecto buscamos una regulación tendiente a abordar este problema de una manera más dinámica, centrándonos en el daño que sufren los niños trabajadores, su propio desarrollo, y el de la sociedad en que viven», agregó.

Adecuar la normativa

La iniciativa presentada en el Congreso Nacional busca adecuar la actual normativa laboral a los preceptos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño incorporada a la Constitución Nacional mediante la reforma del año 1994 y diferentes convenios de la Organización Internacional del Trabajo OIT ratificados por nuestro país

«El proyecto armoniza la legislación laboral con la ley nacional de educación sancionada en diciembre del año 2006, que, entre otros puntos, establece la obligatoriedad de la educación secundaria», explicó el legislador.

Además «regula excepciones en el marco de la actividad realizada por menores en empresas familiares», y «en el trabajo realizado en las escuelas de enseñanza general, profesional o técnica o en otras instituciones de formación profesional», concluyó Guinle. l (Télam)

Fuente: www.lacapital.com.ar

Preocupan los cambios que promueve la nueva ley de ART

Tras conocerse el impulso del proyecto originario de reforma, Marcelo Aquino cuestionó la supresión de la responsabilidad compartida entre ART y empresas.

En el último proyecto de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, si bien intenta modificar sustancialmente los montos de las indemnizaciones por accidentes, llama mucho la atención que se eliminen las responsabilidades compartidas que tienen actualmente las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) con las empresas.

Efectivamente, de la lectura del mismo se desprende que las ART tendrán obligación de supervisión o verificación del cumplimiento de las obligaciones de Higiene y Seguridad a cargo de las empresas.

En caso de incumplimientos de estas últimas, las ART tendrán obligación de informar a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) tal incumplimiento.

Actualmente, las ART tienen obligación de verificar el cumplimiento y de exigirlo a las empresas y, en caso de comprobarse la persistencia del mismo por parte de las empresas, la superintendencia podrá sancionar tanto a éstas como a la ART donde se encuentren afiliadas.

En el mismo sentido, en la actualidad, ante un accidente «grave» -de acuerdo a la definición que la reglamentación establece- la Superintencia de Riesgos del Trabajo abre un sumario en el cual tanto la empresa como la ART tendrán a su cargo la prueba de haber cumplido con las normas de Higiene y Seguridad (la primera, como obligada principal y la ART en forma solidaria por su obligación de contralor).

Si el proyecto avanza, la responsabilidad quedará solo en cabeza del empleador.

Por otra parte, el proyecto no contempla la aplicación inmediata de las reformas que propone a las situaciones en trámite. Si bien entendemos que la aplicación retroactiva de una norma es de carácter excepcional, en el caso amerita considerarla en razón de la diversidad de criterios jurisprudenciales que actualmente la Justicia aplica en todo el país.

Marcelo Aquino, socio de Baker & McKenzie

Lea más: «ART: retoman el proyecto inicial y dejan de buscar consenso»

Fuente: www.infobaeprofesional.com

Buscan acercar posiciones en torno al proyecto de ley de ART

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada se reunió con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez. Ambos repasaron los puntos más importantes de la nueva norma que regulará la actividad de los trabajadores.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, analizaron los detalles centrales del proyecto de ley de accidentes y riesgos del trabajo.

Tomada y Méndez compartieron un almuerzo, en la que repasaron los puntos más importantes de la nueva norma que regulará la actividad de los trabajadores.

Si bien los protagonistas del encuentro evitaron el contacto con la prensa, fuentes del sector empresario coincidieron en señalar que durante el encuentro primó un clima de «consenso para avanzar rápidamente» en la sanción de la norma.

Precisamente, en el texto de estos borradores se hace especial hincapié en la incorporación de la doble vía excluyente, una figura que evitará que las empresas sean demandadas después de cobrada la indemnización de la ART.

Otro punto que forma parte del interés empresario es la inclusión de un tope para los siniestros ‘in itinere’, que es el eventual accidente que le pueda ocurrir al trabajador yendo de su casa al trabajo o viceversa. En este caso, la partes habrían acordado un techo de 90.000 pesos, con la posibilidad de actualizarlo conforme a los índices inflacionarios.

En el armado de los consensos fue vital la tarea del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, quien mantuvo distintas reuniones con las partes interesadas, incluyendo a empresarios y sindicalistas.

«En todo momento hemos visto muy buena voluntad en la primera línea del Gobierno para avanzar en un proyecto de ley consensuado, para que una vez ingresado al Congreso no encuentre mayores trabas para su sanción», señaló una alta fuente industrial.

La reunión entre Tomada y Méndez también sirvió para limar algunas asperezas surgidas tras las disputas suscitadas en el marco del Consejo del Salario por el reciente aumento del salario mínimo.

Fuente: www.infobae.com

Habilitan "ventanilla electrónica" para información laboral

La SRT creó esa vía para comunicar a empleadores errores de datos de seguridad social. La medida se dictó dentro del programa de simplificación registral.

Se publicó hoy en el Boletín Oficial la resolución 730/06 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) que, en el marco del «Programa de Simplificación y Unificación Registral», adoptó las medidas necesarias para crear una vía para que los empleadores se anoticien de la existencia de inconsistencias u otro tipo de errores en el ingreso de datos al sistema.

Así, la norma establece que las diferencias o anomalías detectadas serán comunicadas a los empleadores mediante la â??Ventanilla Electrónicaâ?? que habilitará la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) conjuntamente con las modificaciones en el â??Registro de Altas y Bajasâ?? en materia de la seguridad social, necesarias para adecuarlo al â??Programa de Simplificación y Unificación Registralâ??.

A esos efectos, los empleadores deberán ingresar al â??Sistema de Altas y Bajas en el Registroâ??, a través de la página institucional de la AFIP (www.afip.gov.ar), mediante la utilización de la clave fiscal correspondiente.

Asimismo, dispone que todas las novedades informadas y acumuladas en la â??Ventanilla Electrónicaâ?? durante cada mes calendario se considerarán comunicadas al empleador a la fecha del vencimiento de la presentación de la declaración jurada del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).

Programa de simplicación
La resolución conjunta 440 del Ministerio de Trabajo y 1887/05 de la AFIP creó el Programa de Simplificación y Unificación en materia de inscripción y registración laboral y de la seguridad social, con el fin de desarrollar e implementar un procedimiento de trámite único que reemplace a los que, con finalidades análogas, le requieren a los empleadores las normas laborales y de la seguridad social.

Por medio de la resolución (AFIP) 2016/06, del 17 de marzo pasado, esa administración modificó los procedimientos a fin de colectar los datos referidos por los organismos de la seguridad social en el marco establecido en el Programa de Simplificación y Unificación Registral.

Verónica Morelli
vmorelli@infobae.com

Fuente: www.infobaeprofesional.com