Sustancias peligrosas. Hay ausencia legal respecto de la manipulación de fitosanitarios por particulares.
Harán inspecciones en Las Petacas, donde vecinos denunciaron irregularidades en el uso de estos productos.
Sastre. Carlos Debona, director de Sanidad Vegetal (organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales del Magic) visitó esta ciudad para reunirse con autoridades de la localidad de Las Petacas, con el objeto de interiorizarse sobre las irregularidades denunciadas por los Vecinos Autoconvocados de esta última localidad, respecto de la aplicación, manejo y almacenamiento de agroquímicos en zonas urbanas y aledañas. El funcionario anunció inspecciones y destacó que existe ausencia legal con relación al manejo de fitosanitarios de parte de particulares.
También explicó a las autoridades la normativa vigente en la provincia a través de las leyes que vienen aplicándose desde 1975 para regular la venta y uso de agroquímicos y lo indicado por la ley 11.273, en vigencia desde 1997. Del mismo modo, advirtió que existe un vacío legal en cuanto al manejo de sustancias fitosanitarias por parte de particulares y aclaró que en ese sentido se producen «errores graves como almacenamiento y utilización imprudente de sustancias tóxicas».
Debona, además de anunciar inspecciones para la zona, sostuvo que en la ley «fundamentalmente se contempla el registro de aplicadores que brindan servicios a terceros y allí surge el primer inconveniente ya que si un productor se compra un fumigador y lo utiliza en su propio campo, no está obligado a inscribirse».
Explicó que hay una gran tendencia de los productores a comprar sustancias para sembrados fuera de fecha para conseguir mejores precios, que son estacionadas en sus propiedades. «La reglamentación no fija nada para estos casos y sólo obliga al que tiene comercio y lucra con la venta de fitosanitarios, pero no dice nada para el que los guarda en el garaje de su casa, sin tener en cuenta que está manipulando sustancias muy peligrosas».
Respecto del caso de Las Petacas, el funcionario dijo que «cuando la población se moviliza, presenta notas y hace denuncias, tenemos la obligación de investigar para saber si lo que está ocurriendo obedece a estas sustancias u otras. Siempre que se publica este tipo de noticias, la opinión pública tiene la percepción de que algo se está realizando mal. Entonces nosotros nos constituimos en el lugar, hacemos todas las averiguaciones posibles y vemos qué ocurre».
«Hasta ahora no tenemos evidencia de que se hayan hecho mal las cosas, pero estamos investigando. Las empresas de la zona cumplen estrictamente con la normativa provincial y nacional y además, en el caso de los aeroaplicadores, con lo exigido por Fuerza Aérea Argentina. Los propietarios de las compañías están cumpliendo, pero no sabemos qué está ocurriendo con algún productor que tiene su propio equipo y lo utiliza en su campo».
Según narró el funcionario «actualmente un productor puede adquirir fitosanitarios por Internet o a través de vendedores que no están inscriptos por ser de otra provincia u otro país», por lo que permanecen fuera del circuito de inspección. Además es común que el comprador los almacene en su casa, dentro de un pueblo y no quiera dejarlos en el campo por miedo a los robos. Hay productos que alcanzan un costo de 70 dólares por litro».
Esa situación también permite que un productor compre sin recetas -como lo exige la ley-, extendida por un profesional, lo que implica que se puede dar el caso que aplique una sustancia que no es la necesaria para el problema específico. En la provincia, existen dos tipos de recetas agronómicas: una para la adquisición del producto y otra para la aplicación. «Aunque esto no se da en el caso de las compras fuera de circuito», remarcó el funcionario.
Problemas alérgicos
Respecto de la denuncia de los Vecinos Autoconvocados de Las Petacas quienes realizaron un sondeo en cada vivienda y determinaron un alto índice de casos de cáncer en la población, y que la mitad de los habitantes padece problemas de alergias que relacionaron con los agroquímicos, Debona manifestó que para realizar tal afirmación, «hay que hacer estudios serios. Hay muchos productos químicos sospechados de inducir determinadas enfermedades y estoy seguro de que muchos de ellos producen alergias como los piretroides que se utilizan para controlar orugas y en las viviendas contra los mosquitos».
Para Debona, las autoridades comunales por desconocimiento de la reglamentación no realizan las tareas que establece la ley como fijar los límites urbanos para saber desde dónde se deben medir las distancias dentro de las cuáles no se pueden hacer aplicaciones aéreas y sí terrestres, pero con productos químicos de clase toxicológica baja y teniendo la precaución de que el viento tenga dirección contraria a las viviendas próximas. Para el caso de los depósitos, no pueden estar ubicados a menos de cien metros de lugares de concentración de personas como sanatorios o de escuelas.
El tema es que cuando ocurre algún inconveniente, aun cuando la sustancia sea de baja toxicidad, la percepción que tiene el vecino es que el riesgo al que se expone es muy alto.
Para resolver los inconvenientes el técnico recomendó a las comunas que suscriban el convenio con la provincia, «porque es imposible que desde nuestra cartera estemos en todos los municipios realizando controles. A través de esos acuerdos las comunas pueden ocuparse del asunto a través de los inspectores municipales que recorren las calles a diario. Desde allí se puede actuar preventivamente cuando detectan que hay una máquina operando para aplicar agroquímicos. Hay que tener sentido común, colaborar entre todos y entender que no se trata de impedir que el productor siembre, sino que sepa que determinadas cosas que hacía regularmente, no las puede hacer más porque afectan a la población».
Luis Blanco / La Capital