La norma prevé comisiones mixtas con participación de los trabajadores, un fondo especial para cubrir los accidentes in itinere y la conformación de una indemnización ampliada para reducir la judicialización, entre otros puntos.
Después de más de seis años de debates, controversias y acuerdos con los distintos actores interesados, el gobierno nacional tiene decidido enviar al Congreso la nueva norma que sustituirá a la cuestionada Ley de Riesgos de Trabajo menemista. El proyecto está casi terminado, sólo le falta un golpe de horno, y que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner defina el momento político propicio para enviar la iniciativa a la Legislatura. Según pudo constatar Tiempo Argentino de fuentes oficiales, sindicales y empresariales, la propuesta oficial comprende alrededor de 58 artículos, que tienen como columna vertebral la prevención del riesgo y el cuidado de la salud del trabajador.
De esta manera, la nueva normativa que, justamente, se denominará ley de prevención de riesgos del trabajo, apunta a subsanar las deficiencias estructurales y constitucionales de la actual Ley 24.557 (publicada en el Boletín Oficial en octubre de 1995), que al calor del neoliberalismo tuvo como objetivo preponderante reducir los costos de las empresas. “No va a haber parche, queremos una ley completa que produzca un cambio integral como ocurrió con YPF”, ilustró en estricto off de record una alta fuente gubernamental. El proyecto contempla un rol mucho más decisivo del Estado como contralor, colocando el acento en el monitoreo de todo el sistema, pero, particularmente, del accionar de las Administradoras de Riesgos de Trabajo (ART).
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