A comienzos de 2011, una serie de operativos conjuntos de la AFIP y el Ministerio de Trabajo de la Nación detectaron centenares de trabajadores rurales bonaerenses en condiciones irregulares de contrato y en situación de verdadera esclavitud.
Hacinados en tinglados sin higiene y casi sin ventilación, condenados a vivir como animales, haciendo sus necesidades donde encontraran algún hueco, comiendo alimentos muchas veces en estado de descomposición y consumiendo agua sin garantía de ser potable, estos esclavos modelo siglo XXI servían a multinacionales agrarias de renombre.
DuPont, ADM, Cargill, Syngenta, Pioneer, Status Ager, Southern Seeds Production, Nidera, Dreyfus y Monsanto fueron algunas de las firmas donde se encontraron estas atrocidades, y a las cuales el gobierno nacional denunció penalmente y sancionó comercialmente.
En algunos casos no solo se encontraron esclavos sino que también se detectaron maniobras de evasión.
Los procedimientos se extendieron también a otras provincias del país, donde siguieron hallándose esclavos en explotaciones rurales, en algunos casos propiedad de dirigentes políticos reconocidos, como fue el caso del diputado salteño Alfredo Olmedo, en cuyo campo de producción de aceitunas fueron detectados trabajadores que subsistían en condiciones miserables.
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