El análisis sobre riesgos laborales realizado entre los siniestros de Picanya y Jesús reveló irregularidades en los planes de emergencia que «sólo prevén incendios» – Los auditores constatan que «no se investigan los accidentes o lo hacen los mismos jefes»
Una auditoria interna realizada a Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) en el año 2006, unos días antes del accidente de la estación de Jesús en el que murieron 43 personas, detectó irregularidades «graves» en los planes de emergencias de la empresa ferroviaria y en las investigaciones internas de los accidentes laborales. La auditoría, realizada por la mercantil externa Enarila SA, concluyó que en FGV «el nivel de cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa aplicable es insuficiente» y que el «sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales de FGV no cumple con los requerimientos» de la legislación, por lo que la opinión final de la auditoría fue «desfavorable» para la mercantil ferroviaria. Ni la inspección de Trabajo, ni el Invasat (Instituto Valenciano de Seguridad en el Trabajo), ni el juzgado de instrucción número 21 —que investigó el accidente del metro— tomaron cartas en el asunto ya que, probablemente, desconocían su existencia, al menos la instancia judicial. Apenas cuatro días después de que Enarila SA (Entidad Auditora de Riesgos Laborales SA) detectara estos incumplimientos en FGV, 41 personas morían tras descarrilar un metro entre las estaciones de Plaza de España y Jesús. En los días siguientes los muertos llegarían a 43.
Entre las deficiencias mas graves detectadas en la auditoría está la relativa a la seguridad en las instalaciones. «No existen planes de emergencia de todos los centros de trabajo», en referencia a las sedes de Valencia y Alicante. «Se han realizado simulacros en la empresa, sin embargo no se han llevado a cabo en todas las líneas». En la Línea 1, donde se registraron dos accidentes en sólo nueve meses, no se había organizado ningún simulacro. Además, en las simulaciones de siniestros «solo se contempla como emergencia el incendio». Ademas, en los planes de emergencias elaborados por FGV «no se especifican los nombres del personal designado en caso de emergencia», señala el informe. Los auditores tampoco pudieron «comprobar mediante registros que se haya proporcionado formación a los equipos de emergencia, ni que aquellos trabajadores que pueden permanecer sólos en su puesto de trabajo hayan recibido ningún tipo de formación en emergencias».
Los incumplimientos de FGV no se limitaban a la prevención. La auditoría también detectó que el servicio de prevención de riesgos laborales «no ha investigado todos los accidentes de trabajo con y sin baja ocurridos en la empresa. En algunas ocasiones, los accidentes son investigados por el responsable de sección e incluso por el propio trabajador» pese a que, advierten las técnicos, «todos deben ser investigados por un técnico del servicio de prevención de riesgos laborales» del que dispone FGV. Respecto a los trabajadores, los auditores también detectaron que «no todos los empleados han recibido información sobre los riesgos de su puesto de trabajo y los que afectan a la empresa» ni «sobre medidas de prevención y protección o las que deben aplicarse en caso de emergencia».
Se da la circunstancia que nueve meses antes de que la auditoría revelara estas deficiencias, un triple choque de trenes entre Picanya y Paiporta provocó heridas a 35 personas, entre ellas un maquinista que sufrió la amputación de una pierna por debajo de la rodilla. El representante del Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) solicitó al comité de seguridad en la circulación de FGV que se instalaran balizas de frenado en la Línea 1. La empresa alegó que no eran necesarias. No obstante, sí que accedió a crear un Gabinete de Análisis y auditoría de la seguridad para promover medidas preventivas de seguridad ferroviaria. Nueve meses después descarrilaba otro tren tras pasar a 80 km/h por una curva limitada a 40, sin ningún mecanismo que lo frenara.
Fabra recibió el informe al reunirse con las víctimas
Las víctimas del accidente de metro entregaron al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y a la consellera de Infraestructuras y presidenta de FGV, Isabel Bonig, un abultado dossier que incluía la alusión a las irregularidades en la prevención de riesgos laborales de la empresa. Por eso, además de una investigación imparcial del accidente que segó la vida de 43 personas, también exigen a la Generalitat que «informe sobre las medidas de seguridad con las que cuenta en la actualidad la red de Metrovalencia y sobre los mecanismos y procedimientos internos de control de la seguridad, además de los programas de prevención de riesgos laborales». La única respuesta que obtuvieron de Fabra fue que justificaría por escrito su negativa a investigar de nuevo el accidente.
Las familias de las víctimas también quieren conocer los informes elaborados por FGV sobre el accidente del 3 de julio de 2006 y los anteriores siniestros registrados en la empresa «con la especificación de las medidas correctoras que se derivaron y la implantación real de las mismas». Se trata, como reiteran cada día 3 las víctimas del accidente del metro, de impedir que vuelva a suceder un accidente similar.
Las familias de las víctimas defienden la tesis de que «si se hubieran resuelto las deficiencias detectadas en la auditoría de la empresa y se hubieran aplicado las conclusiones del Comité de Seguridad en la Circulación celebrado tras el accidente de Picanya se habría evitado la muerte de los dos trabajadores de FGV y con ellos las 41 personas que viajaban en aquel tren».
LAURA BALLESTER
