Uriel Orellano, un joven obrero de 18 años, murió al caer desde el cuarto piso de una obra en construcción en Tucumán y Callao. Familiares y sindicalistas denuncian que no estaba registrado laboralmente. Abogados laboralistas cuestionan la falta de protección y las políticas que fomentan la precarización
Uriel Orellano, un joven obrero de 18 años, falleció este miércoles en una obra en construcción ubicada en Tucumán y Callao, en el barrio de Pichincha. Según denunciaron allegados, el muchacho no estaba registrado laboralmente, lo que agrava las condiciones de precariedad en las que trabajaba. Uriel cayó al vacío por el hueco del ascensor desde el cuarto piso, y la fiscal Mariela Oliva investiga si el accidente se debió a un error humano o a un fallo en el montacargas, que se precipitó cuando subía una carretilla.
El trágico suceso generó momentos de extrema tensión en el lugar, donde familiares y compañeros de Uriel se congregaron para exigir respuestas. Los allegados del joven desmintieron versiones previas que indicaban que su madre padecía una enfermedad terminal y aseguraron que Uriel llevaba un año trabajando en la construcción sin estar registrado.
Ariel Meza, referente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) en Rosario, confirmó que el gremio tiene presencia en la obra y que Uriel había comenzado a trabajar allí hace una semana. Sin embargo, los familiares insistieron en que el joven llevaba más tiempo en el lugar, lo que pone en evidencia la falta de controles y registros laborales en el sector.
Sebastián Serrano Alou, integrante de Abogados y Abogadas Laboralistas, dialogó con La Marca de la Almohada y se refirió a la falta de protección y regulación en el ámbito de la construcción. “Los abogados laboralistas no lucramos con la vida de las personas. No existe monto de dinero que compense el dolor a las familias de las víctimas”, afirmó.
Serrano Alou criticó las normativas laborales vigentes, que datan de la dictadura militar y fueron modificadas durante el último proceso militar. “Estas normas conceden pocos derechos a los trabajadores, especialmente en lo que respecta al despido arbitrario, que es muy fácil para el empresario y perjudicial para el trabajador”, explicó.
El abogado también señaló que la falta de registro laboral es un problema grave que deja a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad extrema. “Al no estar registrados, no tienen acceso a obra social, ART ni aportes jubilatorios. Esto genera un montón de abusos por parte del empleador, y el trabajador, al estar en la clandestinidad, no reclama por miedo a perder su empleo”, sostuvo.
Además, Serrano Alou cuestionó las políticas del gobierno nacional, que, según él, fomentan la precarización laboral. “Lo que propone el gobierno es una invitación a no registrar a los trabajadores y a la terciarización. El rol del Ministerio de Trabajo a nivel provincial, a cargo de un empresario, prioriza las ganancias sobre el cuidado y la seguridad de los trabajadores”, denunció.