Es la del Laboratorio Apolo. La querella asegura que no se cumplían los controles que debía tener el aparato que voló en junio de 2016
Las familias víctimas de la explosión del laboratorio Apolo (Alem 2967) pidieron al fiscal que convoque a una audiencia imputativa al personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) encargado del área de verificación de calderas y de la fábrica del aparato para determinar su responsabilidad en el siniestro que dejó a cinco personas heridas de gravedad, una de ellas con quemaduras en más de la mitad del cuerpo, y dos propiedades convertidas en escombros. Además, solicitan que se considere acusar también a la sociedad anónima titular de la planta farmacéutica. Según advierten, la caldera no cumplía con los mínimos controles anuales que exigen las normas.
Hace casi un mes, el jefe de mantenimiento del laboratorio, Jorge G., fue acusado de los delitos de estrago culposo agravado y lesiones graves culposas por el siniestro ocurrido durante la madrugada del 27 de junio de 2016. El empleado contaba con un carnet de foguista y era el encargado de velar por el funcionamiento del aparato.
No obstante, el juez penal Héctor Núñez Cartelle pidió evaluar el papel de los entes de control estatales, considerando «evidente» que existieron corresponsables entre las personas que debieron efectuar tareas de control sobre el funcionamiento de la planta productora de fármacos de la zona sur.
El magistrado advirtió que mantener fuera de la investigación a las personas que debieron efectuar las tareas de contralor resultaba desatinado; «más teniendo en cuenta que su actividad pudo tener una incidencia directa y definitiva en el resultado», y consideró que incorporarlas en la pesquisa «puede provocar no solamente el esclarecimiento total del hecho, sino también darle una respuesta satisfactoria a las víctimas, tanto personales como materiales».
El pedido
En sintonía con las consideraciones del magistrado, los abogados de la querella presentaron ayer un escrito ante el fiscal a cargo de la investigación, Walter Jurado.
Allí piden que se tire del hilo de la cadena de responsabilidades que tuvieron como consecuencia la explosión de la caldera. Concretamente, apuntan a establecer el papel que tuvo la EPE y los fabricantes del aparato marca Tanzi. Según señalan, «existen elementos objetivos ya acreditados en la investigación que dan cuenta de claras responsabilidades, ya sea por acción u omisión de los agentes estatales y no estatales encargados del control de la caldera».
En la nota remitida al fiscal, se advierte que la caldera siniestrada no había cumplido con las inspecciones de seguridad contempladas en las normas que regulan el funcionamiento de estos aparatos. Por ejemplo, la verificación anual sobre el funcionamiento del aparato. «La normativa vigente es clara y evidente respecto a cuáles eran sus obligaciones, por cierto incumplidas», sostienen.
Además, solicitaron que se impute también a la persona jurídica Apolo SA, «por la evidente responsabilidad frente al accidente», considerando que un empleado de la empresa ya está imputado en la causa penal.
De acuerdo a la investigación penal, la explosión de una de las calderas se produjo porque se quedó sin el nivel de agua suficiente para enfriarlo. En ese momento, la planta estaba en funcionamiento, pero nadie advirtió el problema.
Las pericias demostraron después que las válvulas de seguridad de la caldera, que hubieran impedido el siniestro, estaban cerradas. Y además que las alarmas y otros mecanismos que hubieran debido activarse frente al desperfecto, estaban «anulados y cortados».
Así, parte de la caldera salió despedida de la planta, derrumbando los muros linderos y esparciendo las partículas de vapor de agua hirviendo, que los vecinos describieron esa madrugada como «una lluvia» que cubrió el barrio.