Explotó una fábrica de pirotecnia en Brasil y hay al menos once muertos

La explosión ocurrió en un edificio donde funciona una fábrica clandestina de fuegos artificiales, contigua a varias casas, en el barrio de Vila Alzira, en Santo Andrés, en San Pablo.

El diario O Globo informó que, si bien el cuerpo de bomberos local confirmó hasta el momento tres muertes y al menos 30 heridos, la Prefectura de Santo André habla de alrededor de 11 fallecidos.

Al menos cuatro casas fueron completamente destruidas y una proporción del barrio fue intervenido por Defensa Civil.

Según el diario brasileño, el fuego amenaza los alrededores y los productos de pirotecnia causan explosiones continuas.

Las víctimas son trasladadas al Hospital Municipal.

En el lugar trabajan 12 dotaciones del cuerpo de bomberos local, 35 efectivos de Defensa Civil y alrededor de 70 guardias municipales.

Fuente: www.infobae.com

Explosión en carrito de hot dog deja un lesionado

Los hechos se suscitaron sobre la calle Juan Ignacio Ramón a la altura de la calle Galeana en el centro de Monterrey.

El lesionado fue identificado como Mariano Jiménez de 30 años de edad, quien presentaba quemaduras en cara y brazos por lo que fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al Hospital de Zona para su valorización médica.

Elementos de Protección Civil arribaron al lugar y mencionaron que al parecer una fuga de gas en el tanque fue lo que ocasionó que se registrara la explosión.

Fuente: www.milenio.com

Indagarán a inspectores de Trabajo por la muerte de dos albañiles

A 16 meses del derrumbe en una obra en construcción de Santiago y Urquiza, que provocó la muerte de dos operarios y otros cinco heridos, la Justicia llamó a indagatoria a dos arquitectos, dos ingenieros, un constructor y dos inspectores del Ministerio de Trabajo. Todos ellos deberán brindar explicaciones del accidente. Las pericias habrían determinado que se utilizaron técnicas de apuntalamiento que están por fuera de las normas.

La tragedia que se desató en la obra de Santiago y Urquiza permanece hasta hoy como uno de los emblemas de los accidentes en las construcciones, que el año pasado se cobraron al menos diez vidas.

Los resultados más llamativos de las pericias oficiales en torno a las causas del derrumbe indican que la obra en cuestión estaba apuntalada con un sistema prohibido por el Instituto de Higiene y Seguridad Laboral y que los profesionales de la construcción desaconsejan: tirantes de hierro y madera de poco espesor, apenas sujetados por el peso del encofrado.

Según los especialistas, ese sistema es riesgoso ya que genera una fuerza discontinua que cedió al ser recargada por el hormigón.

Explicaciones. Con estos elementos, el juzgado de Instrucción Nº 5, a cargo de María Luisa Pérez Vara, ordenó llamar a declaración indagatoria (se presupone algún grado de responsabilidad) a seis personas. Se trata de los arquitectos María Teresa Minucci y Diego Paoli, el constructor Martín Arce, los ingenieros Guillermo Sosa y Carlos Geremía, y los inspectores del Ministerio de Trabajo, Ana María Vitale y Enrique Suriñach. A todos ellos escuchará la jueza para conocer sus roles y responsabilidades en la obra.

Un dato alarmante es precisamente el de los controles. Un profesional a cargo de la construcción, presente al momento del accidente, dijo que los agentes de Trabajo habían realizado una inspección el día anterior.

En ese momento aparecieron indicios sobre ciertas anomalías que ahora el juzgado confirmó a través de las pericias y sobre las cuales se sustentaron las imputaciones.

Día trágico. El accidente ocurrió al mediodía del 15 de mayo de 2008. En la esquina de Santiago y Urquiza se levantaba un edificio de siete pisos (a cargo del fideicomiso Espisolcin SRL) donde trabajaban unos once operarios.

De repente, el encofrado cedió y arrastró toda la estructura que aplastó a tres operarios. Dos murieron en el acto y uno quedó herido de gravedad. Todos quedaron sepultados por una montaña de hierro, madera y cemento.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Isael Ortigoza, de 20 años, y Héctor Jara, de 27. Un capataz de la obra explicó en ese momento que “llevaban hormigoneada media losa cuando un puntal aparentemente cedió”, y arrastró toda la estructura.

Fuente: www.lacapital.com.ar

Las ART también responden en sede civil

El Superior Tribunal de Justicia de San Luis revocó una sentencia que negó la responsabilidad solidaria de una ART. Los ministros argumentaron que “la jurisprudencia más actualizada es coincidente en el sentido de que las ART deben responder civilmente si han omitido cumplir las obligaciones de prevención”.

FALLO COMPLETO

Fuente: www.diariojudicial.com

Procesan a siete ex directivos universitarios de Río Cuarto

Siete ex directivos de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) fueron procesados ayer por la Justicia Federal por estrago culposo agravado, a raíz de las explosiones en una planta piloto de la Facultad de Ingeniería local, ocurridas el 5 de diciembre de 2007, en las que murieron cinco docentes y un alumno.

El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, dictó además la falta de mérito al decano Diego Moitre, quien estaba de licencia cuando ocurrieron las explosiones, y desestimó la acción penal contra Miguel Mattea, director de la investigación y fallecido en las explosiones. Los procesados son Carlos Bortis, ex vicedecano de Ingeniería; José Luis Pincini, ex secretario de coordinación técnica y servicios; Sergio Antonelli, secretario técnico de Ingeniería, responsable de comité de seguridad; Miriam Ferrari, directora del departamento de química; Matilde Ducros, vicedirectora del departamento de química, y los representantes de la empresa De Smet, Javier Boreti y Aníbal De Marco.

La empresa De Smet fue la encargada de proveer el hexano para los ensayos que causaron el accidente.

El siniestro le costó la vida al estudiante Juan Politano, de 22 años, y a los investigadores Lilian Giacomelli, de 42; Carlos Ravera, de 64; Damián Cardarelli, de 43; Gladys Baralla, de 52, y Miguel Mattea, de 58.

El 5 de diciembre de 2007 estallaron los tubos de hexano con los que realizaban las investigaciones dentro de la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería.

Convenio.

La firma admitió que dos de los heridos están vinculados con ella. Uno de ellos fue Diego Bonasa, de Verdu SA, de Rosario, subcontratista de la compañía belga y dedicada a montajes industriales.

El producto había sido enviado por la empresa De Smet SAIC, filial argentina de De Smet-Ballestra, multinacional belga que reconoció un convenio «de cooperación científica y técnica». En la facultad iban a efectuar ensayos orientados a lograr más eficiencia en el proceso de la extracción de aceite.

Fuente: www.lacapital.com.ar

El dueño de la lavandería seguirá preso y pedirán prisión preventiva

René Auvieux, el propietario de la lavandería en la que se produjo una explosión el 20 de julio, a raíz de la cual murieron cuatro personas, seguirá detenido luego de que el juez de Instrucción Víctor Manuel Pérez rechazara el pedido de eximición de prisión que había solicitado el defensor José Agustín Ferrari. El fiscal Guillermo Herrera, que investiga el suceso, pedirá entre hoy y mañana que se dicte prisión preventiva contra el empresario, imputándole estrago con dolo eventual, delito para el cual el Código Penal establece penas de entre ocho y 20 años de prisión.

Tras la explosión de una secadora-planchadora, conocida entre los empleados del rubro como calandra, una de las tapas atravesó el muro. El cilindro y la base embistieron a los empleados Javier Lizárraga, de 27 años, y Carlos Hansen, de 25, quienes murieron en el acto. Lucía del Carmen Pérez, de 45 años, falleció el miércoles posterior y Mariana Indiana Raspari, de 40, el jueves siguiente. Dora Argañaraz, José Contreras y María del Valle Díaz Lobo sufrieron heridas.

Pericias y testimonios

La imputación que realizó el fiscal Herrera se basa en el informe que remitió Bomberos, en los testimonios de los empleados y en la declaración de dos ingenieros. En todos los casos se afirmó, según dijeron oficialmente, que a esa máquina, a pesar de tener más de 25 años, jamás se le habían hecho tareas de mantenimiento. La figura delictiva es la misma a raíz de la cual se condenó al empresario Omar Chabán por el incendio del 30 de diciembre de 2004 en el boliche República de Cromagnon, en el cual murieron 194 personas. El delito no es excarcelable.

Herrera solicitó la detención de Auvieux el 18 de agosto y ese mismo día se concretó la medida. El hombre fue internado en ese momento y luego pasado primero a dependencias de la Dirección de Investigaciones y luego a la sede de Infantería. Auvieux no quiso hacer declaraciones. «Estoy muy mal», se justificó. Su abogado, en tanto, se mostró contrariado por la gravedad de la imputación. «No estamos de acuerdo y pretendemos demostrar que se trató de un accidente», dijo.

Fuerte apoyo

Ayer unas 50 personas marcharon en silencio alrededor de la Plaza Urquiza para pedir la libertad del empresario. Entre los manifestantes había algunos empleados de la lavandería. «Es un hombre de moral intachable, esto podría haberle ocurrido a cualquiera», opinó Mario Neme, amigo de Auvieux. Los carteles decían: «Inocente, fue un accidente», «Justicia» y «Sin libertad no hay trabajo».

«Fue una fatalidad; él nunca quiso generarla. Está preso como si fuera un delincuente y no me parece que sea para que esté preso. Además, el estrago doloso me parece que no cabe, porque le puede pasar a cualquier persona. El (por Auvieux) estaba a 10 metros cuando ocurrió la explosión», argumentó. «Los que lo conocemos tenemos fe en Dios y en la Justicia», afirmó.

Tras el pedido de prisión preventiva de Herrera, el juez Pérez tendrá 10 días hábiles para resolver la situación procesal del imputado.

Fuente: www.lagaceta.com.ar