Los privados reconocieron que necesitaban una regulación específica que diera un marco a cumplir. Acto en la sede de la firma Satus Ager, en Rojas.
La industria semillera argentina, formada por más de setenta empresas entre locales e internacionales, deberá desembolsar, en conjunto, unos u$s 30 millones para adaptarse a las nuevas normativas sobre trabajo temporario en la industria, que aprobó el Gobierno Nacional a través de la cartera de Trabajo.
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) dictó en abril una resolución que fijó las condiciones generales de labor y habitación para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario que realizan tareas transitorias, cíclicas, ocasionales o excepcionales, en el país.
Entre otras cosas, la norma fija las condiciones generales de vida, alojamiento y labor de los trabajadores temporarios que se desempeñan en la actividad semillera y en todas las actividades de laboreo, culturales, de siembra y cosecha de cereales y oleaginosas para los alojamientos móviles.
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