La justicia ordenó que las máquinas textiles que se utilizaban en un taller donde se sometía a trata de personas y reducción a esclavitud a inmigrantes, sean entregadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en forma provisoria, para que las víctimas las trabajen en su propio beneficio.
La decisión la tomó el juez federal Sergio Torres al dictar el procesamiento de cuatro ciudadanos de origen oriental, a quienes responsabilizó por los delitos de reducción a servidumbre en concurso ideal con facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros.
La medida dictada sin prisión preventiva y embargos de cinco mil pesos- alcanzó a los ciudadanos chinos Che Ziyin y Li Chengguo, y a los surcoreanos Dong Soo Jang y Choi Kyuhak, quienes regenteaban el taller clandestino ubicado en la calle Ensenada 432 de esta ciudad.
Tras ordenar el secuestro de las máquinas, el juez Torres dispuso designar como depositario judicial al INTI, a fin de que la referida organización las utilice para continuar con el desarrollo de la actividad textil y se proporcione un sustento económico a los trabajadores que resultaron aquí damnificados cumpliendo de esta forma con el rol social y económico que a las mismas puedan ser destinadas.
La solución, calificada como novedosa en el marco de las causas contra la trata de personas, tuvo en cuenta que las clausuras en los talleres «ocasionan un perjuicio» para quienes prestaban allí servicios, «debido a que dicho trabajo, cuanto menos, les significaban un sustento a fin de cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias.
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