Los barrios arrasados por la explosión y el enorme incendio de cuatro días en la mayor refinería de Venezuela quedaron como una zona en guerra y dejaron al desnudo las dificultades para administrar la cada vez más grande y compleja petrolera estatal PDVSA.
De algunas casas quedan sólo despojos, otras perdieron techos y ventanas. De las viviendas que sufrieron menos daños los pobladores se robaron enseres en la madrugada siguiente a la explosión usando camiones de mudanza para cargar los artículos, en una imagen que parecía un éxodo en cámara lenta.
«Mis hijos me preguntan qué harán con la casa caída. Con tanto sacrificio que hicimos la casa y de la noche a la mañana se vino todo al piso», dijo Mabel Serrano, una repostera de 30 años que esperó tres días antes de decidir abandonar con su familia lo que había sido su vivienda en el barrio Alí Primera.
Mientras se investigan las causas de un accidente que dejará una marca indeleble en quienes lo sufrieron, todas las miradas han vuelto a recaer sobre el controversial desempeño de la estatal, que se ha convertido en la gran caja que financia el proyecto socialista del presidente Hugo Chávez.
Maniatada por fuertes exigencias del Gobierno que la controla, Petróleos de Venezuela (PDVSA) debe cumplir con cientos de tareas que antes le eran ajenas, desde reparar calles hasta construir cientos de miles de casas para familias pobres, todo mientras intenta atender sus operaciones petroleras.
La explosión, por una fuga de gas de una esfera de olefinas en la refinería de Amuay, causó la muerte de más de 40 personas, dejó un centenar de heridos y unas 1.600 viviendas afectadas.
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