La Justicia cordobesa hizo lugar al reclamo de una trabajadora que se consideró vÃctima del actuar «indolente y humillante» por parte de la empresa. Se suma al caso «Dufey»
Se trata de un caso en el que el la cámara laboral de la provincia de Córdoba hizo lugar al reclamo de una trabajadora por el despido indirecto causado por la empleadora que, en la decisión de despedir a un grupo importante de empleados, ejerció una polÃtica de presiones que se vio exteriorizada en el reemplazo de su clave informática y telefónica y en el no otorgamiento de tareas, a fin de lograr que aceptase la propuesta de retiro que ofrecÃa la demandada, â??notablementeâ?? inferior al monto que le correspondÃa legalmente.
Según la demanda, la trabajadora habÃa sido â??vÃctima del actuar indolente y humillante por parte de la empresaâ??.
AsÃ, los casos â??Lambir c/ Aguas Cordobesas SAâ?? y â??Dufeyâ?? forman parte de la jurisprudencia nacional sobre acoso moral, cuestión que mantiene la incertidumbre entre los empleadores sobre si se tratan de casos aislados o si ya marcan una tendencia.
En â??Lambirâ??, el tribunal reconoció que la empresa ejerció â??mobbingâ?? o acoso laboral sobre la actora. AsÃ, dijo que quedó â??debidamente acreditada la situación denunciada, con el agravante de que todos los testigos han señalado que las licencias unilateralmente otorgadas lo eran para que, en definitiva, terminaran aceptando la propuesta de desvinculación, ya que era decisión empresaria que no volvieran más a prestar tareasâ??.
La empresa ejecutó un proyecto por el cual circuló información sobre la existencia de una lista de personas que serÃan pasadas a â??estado de prescindibilidadâ??. Entre otras cuestiones, pretendÃa lograr la desvinculación de una parte del personal que, a cambio de su ruptura del vÃnculo laboral, se le ofrecÃa una indemnización sustancialmente inferior a la legal y además se le ofrecÃa ser transferidos a otras empresas creadas por la propia empleadora pero sin considerar la antigüedad, con una menor remuneración y categorÃa. En este grupo se encontraba la actora.
De esa manera, la trabajadora argumentó que en ese â??tratoâ?? con el empleado, la compañÃa indicaba que tenÃa que quedar muy claro que la empresa pagaba la indemnización al 100% siempre y cuando el acuerdo hubiese sido firmado inmediatamente, caso contrario, ante la no aceptación, la empresa enviaba un telegrama y se pagaba el 50% de la indemnización de acuerdo a lo que lo habilite el procedimiento de crisis homologado ante el Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, la actora aclaró que ese procedimiento se llevó a cabo por la imposibilidad de la empresa de acreditar la situación de crisis pretendida y que, no obstante ello, invocaba falazmente haber logrado un acuerdo preventivo de crisis a fin de presionar a los trabajadores para que acordaran.
A los cinco años del ingreso en la empresa, luego de que los empleados de la Dirección de Aguas y Saneamiento pasaran a Aguas Cordobesas SA como consecuencia del proceso de privatización, la empleada fue notificada de una licencia con goce de haberes â?? por siete dÃas – invitándola a concurrir a la compañÃa para analizar un ofrecimiento, luego rechazado por la actora.
En esa propuesta, la firma aseguró que a cambio de su desvinculación, que incluÃa una indemnización en cuotas, inferior a la legal, y la posibilidad de ser transferida a otra compañÃa, integrante del grupo empresario, con una categorÃa y remuneración inferior.
Ante la negativa al ofrecimiento efectuado, la demandada, â??en procura de presionar y debilitar la postura de la parte actoraâ??, notificó una nueva licencia con goce de haberes por cinco dÃas.
Frente a ello, la trabajadora denunció el acoso sufrido y el clima de presión ejercido por al empresa, emplazándola para que aclarara su situación laboral y le abonara diferencias de haberes, le permitiera acceder a los balances de la empresa y le reintegrara la clave de su computadora.
AsÃ, ante la negativa de poner a su disposición la documental requerida y la â??temerariaâ?? conducta asumida por la demandada al alegar una supuesta situación de crisis que pretenden afrontar despidiendo al personal de mayor antigüedad a través de un procedimiento irregular y viciado de nulidad, â??todo lo cual constituyó una conducta agraviante e injuriante que impidió la prosecución de la relación laboral, por lo que hizo efectivo su apercibimiento y se consideró en situación de despido indirecto por exclusiva culpa patronalâ??.
En el caso, la empleada, además del acoso moral, también habÃa reclamado un â??incorrectoâ?? encuadramiento convencional, debido a que realizaba tareas más calificadas con respecto a su nivel salarial sin que la empresa realice evaluaciones anuales como lo exige el convenio colectivo, y la liquidación defectuosa del Programa de Participación Personal en las Utilidades (PPU), que luego la sala rechazó la pretensión de la actora.
En definitiva, la cámara hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a pagar a la empresa a la empleada la indemnización por antigüedad, la sustitutiva por omisión de preaviso, la integración del mes de despido, el incremento previsto en el artÃculo 2º de la ley 25.323 y la duplicación indemnizatoria establecida por el artÃculo 16 de la ley 25.561, con más intereses.
Pablo Méndez
pmendez@infobae.com
