España registra algunas de las peores cifras de siniestralidad laboral de la Unión Europea. Los datos más recientes de Eurostat (publicados en 2015) aseguran que España ocupa el cuarto puesto en accidentes mortales y el tercero en número de incidentes graves. En concreto, el pasado año registró casi 500 muertes y más de 3.900 accidentes que implicaron más de cuatro días de baja.
Uno de los últimos informes de la oficina estadística de la UE, Eurostat, publicado en 2015, plasma un déficit en materia de prevención de riesgos laborales en España. “Los 28 países que conformamos la Unión Europea sumamos 3.739 accidentes mortales y 2,3 millones de incidentes graves. En la primera lista negra, España ocupa el cuarto puesto de toda la Unión, y el tercero en el caso de los accidentes de gravedad”, comenta Ismael Sánchez-Herrera, presidente de la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (Aepsal).
Año tras año, las cifras de siniestralidad laboral en España van creciendo. Según datos del Ministerio de Trabajo, entre enero y junio de 2018 se contaron más de 650.000 accidentes laborales, de los cuales 300.000 fueron con baja, cifras muy parejas a las recabadas en el mismo periodo de 2017.
Sin embargo, en el cómputo global del pasado ejercicio, España registró más de 1,3 millones de accidentes laborales, de los cuales 596.000 fueron con baja. En este bloque, más de 3.900 tuvieron un carácter grave (que implica más de cuatro días de baja) y casi 500 repercutieron en el fallecimiento del trabajador.
Atendiendo a todas las cifras analizadas, se muestra una tendencia ascendente en casi todas las variables: entre 2016 y 2017 los siniestros laborales con baja aumentaron un 5,4%; un 6,4% en los casos más graves; un 0,7% en los casos sin baja; y permanecieron estables en cuanto a mortalidad. “Se evidencia que el positivo incremento de nuevos puestos de trabajo está íntimamente relacionado con mayor número de accidentes”, observa Sánchez-Herrera.
Aunque este también apunta a que esta relación es “simplista”, y señala como responsable de las malas estadísticas españolas a las exigencias normativas. “Están mal focalizadas, pues se centran en la burocracia y olvidan la aplicación. Si las energías y recursos que se están empleando en tener papeles se redirigiesen a implantar acciones nos iría mejor”, comenta.
Cambios normativos
Precisamente este año se han dado variaciones en la legislación. “Tras más de 25 años en vigor, la directiva 89/686/CEE ha sido sustituida por el reglamento europeo 2016/425. Este introduce algunos cambios de carácter general, como por ejemplo la mención expresa a los protectores que se utilizan en el ámbito deportivo. Y en la categorización aplicable a algunos equipos de protección individual (EPI) como la protección auditiva o los chalecos antibalas, que han pasado a ser de Categoría III, lo que significa que están siendo sometidos a procesos de control mucho más exhaustivos”, explica Luis Gil, secretario general y portavoz de la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual (Asepal).
En cualquier caso, según Sánchez-Herrera, los cambios normativos en este sector son constantes, “algo que desorienta mucho tanto al empresario como a los profesionales del sector”, y muy especialmente a las pymes. Desde su punto de vista, las grandes compañías cumplen mejor porque tienen mayores recursos: “Afrontan la prevención de riesgos laborales con mayor eficacia, acercándose inclusive al concepto de empresa saludable. Mientras las pymes se quedan en el mero formalismo, y los pocos recursos de los que dispone lo emplea en cumplir con la burocracia, y eso finalmente se plasma en un mayor número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, se lamenta.
De esta manera, los sectores que peores cifras han alcanzado en los últimos meses han sido la industria manufacturera, los servicios de reparación de vehículos y la construcción, por este orden y según los datos del Ministerio de Trabajo. Por otra parte, y haciendo una diferenciación mucho más exhaustiva, las estadísticas del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (Inssbt) reflejan una mayor incidencia de siniestralidad laboral en sectores como el de la silvicultura y explotación forestal, el de la extracción de antracita, hulla y lignito y el sector de recogida, tratamiento y eliminación de residuos. Así lo asegura el portavoz de Asepal.
No obstante, Luis Gil recuerda que, en los últimos años, España ha experimentado un amplio desarrollo de la cultura preventiva. “Es digno de admiración y, si bien aún hay margen de mejoría, no debemos menospreciar el esfuerzo realizado por las empresas y por toda la sociedad en una apuesta decidida por la mejora de las condiciones laborales”, afirma.
El coste de la siniestralidad
Según el portavoz de Aepsal, desde Bruselas se está trabajando en una nueva regulación que tiene como objetivo paliar los déficits de las pymes en prevención de riesgos laborales. “Se les debe facilitar el cumplimiento de la ley para que este apartado no sea considerado un gasto y sí una inversión generadora de beneficios, reflejada en la salud de los trabajadores y en la productividad de la empresa”, comenta.
Esta consideración se basa en el hecho de que, además de los daños personales que conlleva una mala gestión de la seguridad laboral, la siniestralidad tiene un coste económico tremendamente elevado. “La Organización Mundial del Trabajo estima que la falta de prevención de riesgos laborales se lleva un 4% del PIB global de cada año”, comenta Sánchez-Herrera.
Para mostrar a los empresarios el retorno y los beneficios que les reportaría una gestión completa y ampliada de las herramientas útiles para evitar accidentes laborales, el Inssbt ha desarrollado una aplicación web capaz de calcularlos de forma aproximada. En la estimación se tienen en cuenta una serie de puntos críticos, como el tiempo perdido por el personal durante el accidente: trabajadores que han parado su proceso productivo para socorrer al afectado; máquinas paralizadas a lo largo del proceso, etc.
También se calculan los costes de los daños materiales que hayan podido sufrir los equipos de producción, las materias primas y los productos acabados. También las pérdidas provocadas y gastos diversos generados: ventas perdidas, horas extraordinarias, contratación de sustitutos, etc. Sin contar con los gastos que acarrea el accidente en sí, como el traslado del accidentado, la compensación al trabajador afectado en el periodo de baja o su cotización durante ese tiempo.
La herramienta fue presentada en el último Encuentro de la Red Española de Empresas Saludables, celebrado en Madrid la pasada primavera. A este entramado societario se han adherido ya 480 compañías, que se han marcado como objetivo el fomento de la cultura de la salud y del bienestar, potenciando hábitos saludables en el entorno laboral.
Por otra parte, y también para fomentar una eficiente aplicación de la prevención de riesgos laborales en sectores donde es habitual manipular sustancias peligrosas, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) ha dado el pistoletazo de salida a una campaña informativa que se extenderá hasta 2019. Entre las acciones que engloba se concederán los Galardones Europeos a las Buenas Prácticas en dos modalidades: de 100 o más trabajadores y de menos de 100 trabajadores.
