Cada año, en torno a 160.000 personas pierden la vida en la UE como resultado de enfermedades o accidentes provocados por las malas condiciones de trabajo. Sin embargo, las recetas impuestas por la UE para la salida de la crisis, austeridad económica y recortes en derechos, suponen un deterioro generalizado de las condiciones de vida de la ciudadanía e incentivan políticas que cuestionan elementos esenciales en materia de prevención.
Cada año, en torno a 160.000 personas pierden la vida en la Unión Europea como resultado de enfermedades o accidentes provocados por las malas condiciones de trabajo. Sin embargo, las recetas impuestas por la UE para la salida de la crisis, austeridad económica y recortes en derechos, suponen un deterioro generalizado de las condiciones de vida de la ciudadanía e incentivan políticas que cuestionan elementos esenciales en materia de prevención.
La lógica es absolutamente perversa, los trabajadores, las trabajadoras y las familias sufren por una parte las consecuencias del desempleo, de las reestructuraciones empresariales, de la presión sobre las condiciones de trabajo en la empresa y también, y no menos importante, del deterioro de las prestaciones sociales que configuran el Estado del Bienestar. Esta situación es especialmente acusada en los países que, por una mayor exposición de sus economías a la crisis financiera o por características propias de su modelo productivo, han resultado más vulnerables.
Una sociedad como la española con más del 25% de personas desempleadas y con tasas superiores al 50% entre los jóvenes, es una sociedad enferma. Pero lejos de abordar esta situación con el reforzamiento de los sistemas de públicos de protección se profundiza en el error que suponen las políticas de austeridad.
Pero además asistimos a una forma de violencia organizacional según la cual el trabajador y la trabajadora son los responsables de la falta de competitividad en las empresas. Los niveles de absentismo existentes se convierten así en una forma de “corrupción asalariada” por la que todos y todas somos culpables por un supuesto uso fraudulento de los mecanismos para la recuperación de la salud. Las ausencias al trabajo, la enfermedad, se convierte así en un mecanismo de estigmatización de la población asalariada. Si estás enfermo, no lo dudes, acude al trabajo, la “salud económica” del empresario lo exige, pudiera ser el eslogan que nos pretenden imponer. “Tu derecho es una rémora para la empresa”, “tu salud no vale nada”, parece decir la lógica empresarial y gubernamental.
La modificación del despido objetivo así como las decisiones adoptadas por el Gobierno en materia de prestaciones económicas en IT para las administraciones son buena muestra de ello. Pretenden que la enfermedad tenga un alto coste para quien la padece. Lejos queda el art. 43 de la Constitución que reconoce el derecho a la protección de la salud y que establece que es a los poderes públicos a quien compete organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
Mientras asistimos a un desmantelamiento de los sistemas de prevención en las empresas. La visión absolutamente monetarista que los empresarios tienen respecto a la prevención está situando la política preventiva como un elemento del pasado, de tiempos de bonanza, es habitual ver cómo las empresas reducen sus inversiones en equipos más modernos y seguros. Las prioridades para ellos son otras, aunque es evidente que en la prevención de los riesgos laborales hay una gran oportunidad de incrementar la productividad de nuestra economía.
Hoy es más necesario que nunca el desarrollo de políticas públicas en materia de prevención de riesgos, el Gobierno tiene la obligación de promover las mismas, por lo que debiera trabajar decididamente por una Estrategia Española en Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2013-2020. La crisis es la escusa perfecta para quienes se oponen al desarrollo de la misma, argumentan que lo prioritario es salir de la crisis y niegan las posibilidades competitivas que se encierran en políticas adecuadas de salud. Hay temas importantes que deben abordarse en dicha estrategia: los riesgos psicosociales, la incidencia de cánceres laborales, el envejecimiento activo, los trastornos musculoesqueléticos, las exposiciones a agentes químicos, etc. Son problemáticas que no esperan y que están en la base de importantes desigualdades sociales.
Pero también, y no menos importante, la configuración de nuestro modelo preventivo y de manera específica la calidad de la prevención realizada por las empresas especializadas. La crisis también pasa factura a dichas entidades y éstas están sucumbiendo a la tentación de trasladar la mayor parte de los costes de la crisis a los trabajadores del sector que ven cómo se empeoran sus condiciones de trabajo.
Quinientas cincuenta y cinco han sido las muertes reconocidas en España por accidentes de trabajo el pasado año. Sin duda son más las producidas, ya que las enfermedades profesionales carecen de una estadística eficaz que reconozca las que realmente se producen, prácticamente no existen fallecimientos por enfermedades profesionales. Pero en cualquier caso son demasiadas. Y son demasiadas porque las muertes en el trabajo se pueden evitar, se deben prevenir, de hecho, en nuestro país hemos conseguido reducir sustancialmente las tasas de siniestralidad en los últimos años, pero si no se adoptan las políticas necesarias estaremos abocados a repetir errores del pasado y si en algún momento recuperamos tasas de crecimiento de la actividad podríamos asistir a un crecimiento injustificable desde el punto de vista técnico y social.
Hoy todavía siguen muriendo dos trabajadores diariamente en España; la falta de aplicación de las normas por parte de los empresarios, la degradación del mercado laboral, debida a la grave crisis económico financiera, el mantenimiento de una tasa de temporalidad que triplica a la media de la Unión Europea, el uso abusivo de la subcontratación y el todavía insuficiente compromiso político de las administraciones, hacen que en nuestro país sigamos manteniendo tasas de siniestralidad inadmisibles para la sociedad e insoportables para los trabajadores y trabajadoras.
Por todo esto, CCOO y UGT han exigido al Gobierno y a los empresarios, la negociación de una nueva Estrategia de Salud y Seguridad, que profundice en lo bueno hecho en la anterior y que desarrolle los aspectos que quedan por realizar.
Pedro José Linares (CCOO) y Marisa Rufino San José (UGT)
