La Consejería de Medio Ambiente de La Rioja inició en 2014 un expediente sancionador por «la construcción de estructuras que no estaban contempladas en ninguno de los planes de gestión ni en la autorización ambiental de la factoría»
odo empezó con un chasquido. Eran las 12.53 y algo iba mal en la factoría de Iniciativas Bioenergéticas S.L., más conocida como “La Biodiésel” de Calahorra (La Rioja). Un trabajador desconocido levantó el teléfono, marcó el número de los servicios de emergencia y pronunció las palabras que nadie se atrevía a verbalizar: “Ha explotado, ha explotado”. Se refería a que uno de los tres tanques de combustible de la planta, situada en el polígono El Recuenco, había estallado y dejado dos muertos, de 30 y 41 años. A la explosión le siguió el fuego, y al fuego el humo, y empezaron las preguntas.
En realidad, esas mismas preguntas venían de mucho antes. El 4 de diciembre de 2016 la misma planta ya vivió una primera explosión que, a pesar de no tener víctimas mortales, despertó las alarmas de la población. En ese momento, la biodiésel de Calahorra acumulaba varias denuncias por su gestión del espacio y sus obras ilegales, aunque no se ha podido probar que tuvieran algo que ver con el desastre de esta semana.
Así lo ha explicado a EL ESPAÑOL una portavoz de Ecologistas en Acción, los primeros que dieron la voz de alarma en 2014 sobre las irregularidades alrededor de la empresa. A raíz de sus denuncias, la Confederación Hidrográfica del Ebro les abrió tres expedientes: dos por el vertido de sustancias tóxicas y otro por un pozo de captación ilegal de agua. Cada uno podía suponer sanciones de hasta 200.000 euros, pero nunca llegaron a término por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
La voz de alarma saltó con un cuarto expediente emitido a mediados de 2014. La Consejería de Medio Ambiente de la Rioja inició una investigación en la factoría por «la construcción de estructuras que no estaban contempladas en ninguno de los planes de gestión ni en la autorización ambiental de la factoría», según recuerda Ecologistas. En definitiva, por realizar obras no reguladas dentro del perímetro de la factoría.
“Llevamos pidiendo desde 2014 que cerraran inmediatamente la factoría hasta que no cumplieran con la Justicia, pero nunca hemos recibido respuesta ni hemos visto que nuestras denuncias lleguen a nada”, explica a este periódico la misma persona. “Ha habido una evidente desidia por parte de la administración pública. No han vigilado la factoría y no se han fijado en ella hasta que ha sido demasiado tarde”.
La explosión de este jueves, que se ha cobrado la vida de dos trabajadores de la planta, ocurrió en una zona donde hay cuatro depósitos de unos 400 metros cúbicos cada uno, dos de ellos con biodiésel y los otros dos aceite crudo, que se utiliza durante el proceso industrial de producción del biocombustible. Especialmente sensible es la periferia de esta zona, donde se encuentran un depósito de metanol de 1.800 metros cúbicos y otro de metilato de 400 metros, ambos con altas características de explosividad y de mayor inflamabilidad.
