«Me suicido por culpa de France Télécom». Así es como Michel Deparis, el técnico del gigante de las telecomunicaciones, justificó en una nota la forma desesperada en que eligió, en julio de 2009, escapar de la «administración por el terror» para forzar la salida «voluntaria» de 22.000 trabajadores y un cambio de funciones y de lugar de trabajo de 10.000.
Entre 2008 y 2009, otros 34 trabajadores terminaron con sus vidas.
Poco más de diez años después, el entonces presidente, Didier Lombard, el vicepresidente, Louis-Pierre Wenès, y el director de recursos humanos de la empresa, Olivier Barberot, han sido declarados culpables de acoso moral y condenados a un año de prisión y 15.000 euros de multa en un tribunal correccional de París.
La empresa (Orange desde 2013), condenada a 75.000 euros de multa -el máximo- además de tener que pagar más de dos millones de euros en daños y perjuicios, ha anunciado que no apelará la sentencia y que en julio creó una comisión con los sindicatos para la reparación material y psicológica de los daños de la violenta «reestructuración» llevada a cabo entre 2007 y 2010.
Lombard, que ahora tiene 77 años y fue presidente de France Télécom entre 2005 y 2011, apelará a lo que considera «una decisión política totalmente demagógica».
La sentencia, que se pronuncia sobre 39 casos -19 suicidios, 12 intentos de suicidio y ocho depresiones y otras secuelas- lo responsabiliza del acoso moral «institucional» y «sistemático» en una estrategia de la empresa destinada a «desestabilizar a los trabajadores, crear un clima de ansiedad» y «degradar las condiciones de trabajo». En 2006, dijo al personal de la empresa que las salidas se harían «por la ventana o la puerta».
En lo que el abogado civil, Jean-Paul Teissonnière, definió como «un enorme accidente de trabajo organizado por el empleador», el esquema recurrió a cambios de trabajo, cambio de lugar de trabajo, colocación en tareas imposibles de realizar, reducción de salarios y mensajes repetidos para fomentar la salida «voluntaria».
Se trataba de una «marcha forzada» de reducción de personal y «se prohibieron los medios elegidos para lograr las 22.000 salidas», consideró el tribunal.
La construcción de la sede de la Unión Europea en Bruselas, inaugurada en 2016, habría explotado a los inmigrantes indocumentados, revela el periódico belga ‘De Standaard’. La investigación, que avergüenza a la UE, aborda las prácticas ilegales de los subcontratistas, uno de los cuales -el Grupo de Servicios de Diamantes, en quiebra en 2015- reclutó a búlgaros sin pagarles los salarios.
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