Un informe precisa que se desbarataron 392 empresas que mantenían a sus empleados en condiciones de precariedad laboral extrema. El campo, los talleres textiles clandestinos y la construcción, los sectores con mayores anomalías.
En el marco del programa de control de precariedad laboral que se inició en febrero de este año, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló 392 empresas que mantenían casi 5000 trabajadores en condiciones de contratación paupérrimas. En el podio de las primeras actividades que más precarizan, se encuentra el sector agropecuario y actividades relacionadas, los talleres textiles truchos que trabajan para las grandes marcas, la construcción, y el servicio forestal.
Los datos a los que accedió Tiempo Argentino surgen del primer Informe Semestral de controles en todo el país, elaborado por los técnicos del área Seguridad Social del organismo que conduce Ricardo Echegaray, sobre la base de los operativos realizados por más de 2000 inspectores. El trabajo destaca que, desde febrero de 2011, se intensificaron las tareas iniciadas en 2009 e inspeccionaron 32.346 establecimientos, de los cuales 392 representaron casos extremos de precariedad que impactaban en 4969 trabajadores. De ese total, el 50,4% presentaban irregularidades, el 42,9% ni siquiera estaba registrado, y un 6,7% eran menores o indocumentados. Además, 106 empleadores de los 392 totales fueron denunciados por distintos delitos vinculados al trato inhumano de los empleados.
En muchos de los operativos, el fisco estuvo acompañado por inspectores del Ministerio de Trabajo que conduce Carlos Tomada.
En el detalle por sectores de la economía, el informe de AFIP especifica que de los casi 5000 trabajadores encontrados en situación de precariedad, más de 3000 están en el sector agropecuario, rural y actividades relacionadas tales como explotación hortícola, olivícola, desflore de maíz y cereales, vitivinícola, cosecha de frutas y papas.
El segundo lugar lo ocupa la construcción y la fabricación de ladrillos, con 646 empleados esclavizados. El tercer puesto de los abusos lo pelean el sector Forestal, con 545 trabajadores, y las estrella de la ilegalidad en los últimos años, los talleres clandestinos de confección de indumentaria. Este sector, con fuerte presencia en distintos barrios de Capital Federal, el Conurbano y algunas zonas de Córdoba, se descubrió en su mayoría empleados de nacionalidad peruana y boliviana indocumentados y hacinados. Además, en la consulta con los empleados, se especificaba que la ropa confeccionada bajo condiciones de esclavitud era un “servicio tercerizado” para marcas de ropa deportiva y otras grandes nacionales e internacionales como Ossira, Levi’s, Rapsodia, La Dolfina, AllÔ Martínez, Lacoste, Cardon, Yagmour, Kevingston, Kosiuko, Paula Cahen d’Anvers, Bensimon, Tucci y Montagne.
Paradójicamente, los sectores que más precarizan han tenido una rentabilidad elevada en los últimos años: según datos del fisco, y por citar sólo algunos casos, el rubro textil obtuvo en 2010 una renta del 7,8%, la construcción alcanzó el 9,7%, mientras que las aceiteras y exportadoras de granos tuvieron ganancias del 11,6%.
“La ilegalidad se da en estas actividades porque son las que están ocultas”, explicó una fuente de la AFIP. Y esto se percibe en los números, ya que los rubros de comercio y supermercados, por ejemplo, registraron niveles de informalidad casi nulos. “En materia laboral, desde la menor de las infracciones (trabajo no registrado) hasta el mayor de los abusos (la reducción a la servidumbre y esclavitud laboral) constituye trabajo ilegal”, detalla el informe semestral y especifica que ir a fondo contra el trabajo indecente fue un pedido expreso de la presidenta Cristina Fernández a Ricardo Echegaray.
En este marco de ilegalidad, los empleadores quedan expuestos como los armadores de emprendimientos laborales casi prehistóricos, con niveles de explotación inéditos en la era moderna (ver aparte).
El último caso resonante encontrado fue el de un patrón de nacionalidad boliviana que, en la localidad mendocina de Guaymallén, tenía empleados en la construcción de un barrio cerrado a 17 compatriotas indocumentados. Lo más grave es que el empleador era un millonario que evadía impuestos y que es dueño de de una constructora e inmobiliaria ilegales.
Onofre Paco Vega, el empresario en cuestión, era accionista y director de Chilcaneños SA y que jamás realizó pagos a la AFIP por Ganancias, IVA o Bienes Personales. Además, se determinó que realizó al menos 58 operaciones de compra-venta de inmuebles en los últimos tres años por un valor superior a $ 5,5 millones.
Desde el año pasado, el fisco reglamentó – juntamente con el Ministerio de Trabajo – las “presunciones laborales”, un instrumento a partir del cual los funcionarios pueden estipular – por ejemplo – cuántos empleados se requieren para realizar determinada actividad. Si se comprueba que hay menos, se inicia una causa por presunta evasión.
De todas maneras, los operativos del fisco han empezado a mostrar algunos resultados concretos en cuanto corregir las irregularidades. El informe semestral de la AFIP afirma que luego de los operativos realizados este año, 1178 trabajadores fueron inscriptos y blanqueados.
