La Fiscalía sostiene que cometieron graves irregularidades en las medidas de seguridad durante la construcción
La fiscalía pide el procesamiento de trece responsables de la construcción de un hotel de lujo de s’Arenal por el derrumbe en el que murieron dos obreros y otros tres resultaron heridos en septiembre de 2015. Las víctimas fueron aplastadas por una gran losa de hormigón, todavía sin sujeción propia, cuando manipulaban sus puntales. La acusación sostiene que las graves deficiencias en las medidas de seguridad y las prisas por ejecutar la obra para abrir el establecimiento provocaron el siniestro. Por ello, imputa a los principales encargados delitos de homicidio y lesiones imprudentes y contra los derechos de los trabajadores. Varios de los acusados han consignado ya casi 400.000 euros para hacer frente a las posibles indemnizaciones.
Las trece personas a las que la fiscalía quiere llevar a juicio son los arquitectos e ingenieros del proyecto, los directores de obra y coordinadores de obra designados por la promotora Inversiones Llaüt y los responsables técnicos de la constructora Ferrovial y la subcontrata Morena Mallorca. Todos cometieron, según el ministerio público, irregularidades e imprudencias que propiciaron el accidente laboral.
El siniestro ocurrió el 21 de septiembre de 2015 en las obras del Llaüt Palace, un hotel de cinco estrellas y nueve plantas en la esquina de la avenida de América y la calle Trobadors. Un grupo de obreros trabajaba en el desencofrado de un enorme voladizo de hormigón de 44 metros cuadrados y 55 toneladas de peso en la planta baja del establecimiento. La pieza se vino abajo, causando la muerte por aplastamiento de dos empleados, José G.M., de 56 años, casado y con tres hijos, y Manuel A.Q., de 32 años y con una hija de 10. Otros obreros resultaron heridos leves.
El fiscal Miguel Ángel Anadón sostiene que el derrumbe se produjo cuando los operarios retiraban indebidamente los puntales que sostenían la losa de hormigón, que carecía de otra sujeción. Las víctimas llevaban a cabo esta labor sin que ninguno de los responsables de seguridad supervisara el trabajo. No se habían realizado cálculos sobre cuántos puntales debían ponerse para aguantar el peso del voladizo, ni su disposición ni la forma de colocación. Ni siquiera existía un plan de desapuntalamiento, que fue elaborado tras el siniestro.
Los acusados tampoco tuvieron en cuenta las características especiales de esa losa, cuyo único sustento eran en ese momento los puntales, y el trabajo se llevó a cabo como se había hecho con otros voladizos. Además, el día del accidente no tenían el resultado de las pruebas para comprobar si el hormigón había fraguado correctamente.
El ministerio público enumera también importantes deficiencias en el proyecto de estructura, el estudio de seguridad y salud elaborado por los arquitectos –genérico y sin adaptarse a la obra concreta–, el plan de seguridad de Ferrovial y la coordinación entre esta empresa y la subcontrata para la que trabajaban las víctimas.
La acusación pública apunta también a las prisas y urgencias para cumplir los plazos, ya que la obra debía ser entregada el 30 de abril de 2016 al haber ya compromisos con operadores turísticos para su apertura. El fiscal explica que los jefes de obra de Ferrovial realizaban «constantes apremios» a la empresa para la que trabajaban las víctimas.
Con todo, el fiscal reclama al juzgado de Palma que instruye el caso que procese a estas 13 personas por dos delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones imprudentes y otro contra los derechos de los trabajadores. Por contra, el ministerio público pide que se archive la causa respecto de otros cinco acusados al entender que no tuvieron responsabilidad en el accidente laboral y está a la espera de los informes médicos sobre el estado psicofísico de otro sospechoso para decidir si ejerce o no acciones penales contra él.
