Posible sabotaje generó derrame en estación de gasolina en Aragua

Autoridades tomaron el control
18 enero 2011

El comandante del Cuerpo de Bomberos de la entidad central, Gilberto Méndez, aseguró que “se logró controlar la situación, y ya en este momento, no hay peligro para la comunidad”

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Una gestión errática y de ahorro favoreció el vertido de BP en el Golfo

La investigación oficial reparte culpas entre la petrolera y sus subcontratas – Los expertos advierten de nuevos derrames si la industria no toma medidas

La explosión el 20 de abril de la plataforma Deepwater Horizon, que causó la muerte de 11 personas y un desastre medioambiental sin precedentes en el golfo de México, «no fue el resultado de una serie de decisiones anómalas tomadas por funcionarios o directivos deshonestos, que eran imposibles de predecir o de las que no se espera que vuelvan a ocurrir». Por el contrario, «las causas fundamentales fueron sistemáticas y, sin una considerable reforma en las prácticas empresariales y las políticas gubernamentales, podrían volver a ocurrir. El accidente provino de errores sistemáticos de los directivos de esa industria y de fallos del Gobierno a la hora de garantizar que se cumplan las normas sobre perforaciones petrolíferas en alta mar».

Esa es la principal conclusión del informe de la comisión a la que el presidente Barack Obama le encargó investigar el mayor vertido de crudo de la historia norteamericana -el equivalente a 4,9 millones de barriles de petróleo-. La culpa, según ese informe publicado ayer, no fue solo de BP, sino también de malas decisiones tomadas por Transocean, dueña de la plataforma, y Haliburton, que vertió cemento de mala calidad para sellar el pozo. Y todo, según asegura la comisión, para ahorrar tiempo y dinero: «Intencionalmente o no, muchas claramente incrementaron el riesgo de una explosión en el pozo de Macondo y les ahorraron a las empresas tiempo (y dinero)».

El presidente creó la comisión para que le presentara una propuesta para modificar leyes y sistemas de control a las perforaciones petrolíferas. Simultáneamente, ordenó una moratoria a nuevas perforaciones, que sigue en pie y que se prolongará siete años. Aquel mismo mes, además, Obama fulminó la Agencia de Gestión Minera, que concedía los permisos de explotación comercial de los yacimientos en alta mar. Un informe de 2008 había revelado la corrupción que imperaba allí. Sus empleados usaban dinero público a voluntad. Alternaban con contratistas y empresarios y, a menudo, pasaban del sector público al privado con una facilidad pasmosa.

El nuevo informe critica esa cultura de corrupción que, según asegura, facilitó los fallos de supervisión que permitieron que ocurriera el accidente. «El Gobierno no asumió el control necesario para prevenir los errores de juicio y de gestión del sector privado», asegura. «Muchos de los aspectos cruciales de las operaciones de perforación se dejaron al criterio de la industria sin que ninguna agencia del Gobierno los revisara. Por ejemplo, en este caso, no se exigía una prueba de lo que se llama presión negativa, algo cuya malinterpretación fue un factor decisivo en la explosión».

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MINEROS DE YACIMIENTO SAN JOSE DEMANDAN A ENTE DE SEGURIDAD

Santiago, 4 de enero (Télam).- Los 33 mineros rescatados del yacimiento San José, en el norte de Chile, demandaron a la Asociación Chilena de Seguridad, por presunta responsabilidad en el accidente que los dejó atrapados por 70 días a 700 metros de profundidad.

Uno de los abogados que representan a los mineros, Eduardo Reinoso sostuvo hoy que la demanda fue promovida por entender que el organismo debía fiscalizar y tomar medidas preventivas respecto de la seguridad de los lugares de trabajo donde se desempeñaban los afectados, según informó la agencia de noticias ANSA.

Por otra parte, los mineros manifestaron su malestar porque cuatro de ellos obtuvieron el alta médica cuando el gobierno se había comprometido a darles tratamiento por al menos seis meses.

Según la asociación, la licencia médica de Omar Reygadas, Edison Peña, Darío Segovia y Carlos Bugueño, fue levantada por ausentarse los trabajadores a los controles médicos.

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El ahorro de costes, una de las causas del vertido de BP en el Golfo de México

Actualizado miércoles 05/01/2011 18:37 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoUna serie de decisiones de la petrolera BP y sus socios para ahorrar costes y ganar tiempo fueron las desencadenantes del desastre ecológico ocasionado en el Golfo de México por la explosión de la plataforma de BP ‘Deepwater Horizon’. Esta es una de las conclusiones de la comisión de investigación de EEUU, informa la BBC.


Petróleo en el río Misisipi. | Efe

El informe de 48 páginas de la comisión habla de un «fallo de gestión» y la incapicidad de identificar los riesgos que causaron la explosión. «Ya sea intencional o no, muchas de las decisiones de BP, Halliburton y Transocean, hicieron que se incrementara el riesgo de la explosión de Macondo, claramente ahorraron a las empresas mucho tiempo (y dinero)», asevera el texto.

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Un muerto cada 2 minutos en América Latina por accidentes laborales

Según la Organización Internacional del Trabajo, en todo el mundo fallecen 6 mil 300 personas cada día por este motivo.

México.- Los accidentes de trabajo dejan un muerto cada dos minutos en América Latina y el Caribe, señaló el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, Víctor Báez Mosqueira.

El líder sindical señaló que según la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 240 mil trabajadores mueren anualmente en accidentes de trabajo, sin contar a los fallecidos por enfermedades profesionales.

Indicó que se reportan alrededor de 30 millones de accidentes de trabajo al año, aunque es posible que la cifra esté por debajo de lo real, ya que muchos accidentes no se denuncian.

Frente a este problema, Báez Mosqueira dijo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debe reforzar esta área para hacer un acompañamiento de mejoras de las políticas de los gobiernos, en la legislación sobre materia de salud y seguridad en el trabajo.

En segundo lugar, indicó, la OIT debe promover que los gobiernos, a través de la cooperación internacional, formen técnicos en salud y seguridad porque muchos países no los tienen o carecen de los instrumentos necesarios.

Según cifras de la OIT, cada día mueren en el orbe cerca de seis mil 300 personas como resultado de lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo. Lo anterior corresponde a más de 2.3 millones de muertes al año. Además, cada año ocurren cerca de 337 millones de accidentes en el trabajo que resultan en ausencias prolongadas.

Por tal motivo, Báez Mosqueira sostuvo que “es fundamental que dentro de las políticas de seguridad social de los países y dentro de las políticas de salud pública se incluya el tema de salud y seguridad en el trabajo, (…) pues sin este tema esas políticas de salud y seguridad social no estarán completas”, apuntó.

El sindicalista criticó la actitud que asumen muchas veces los empleadores ante un accidente de trabajo, trasladando la responsabilidad a los sistemas de seguridad social, que deben pagar a los afectados.

“Una persona pierde una mano, un dedo, un brazo, una pierna, y eso se tiende a contabilizar. La patronal dice que pague la seguridad social y cuantifican cuánto vale una mano, un pie, un brazo”, aseveró. Pero el dirigente sindical en América Latina señaló que esas “son cosas que no tienen precio. Un brazo, un pie, la vida, un riñón no tienen precio”.

“Ésas son las formas en que se evaden las responsabilidades de los empleadores y de los Estados, porque éstos son los que tienen que fiscalizar en materia de salud y seguridad en el trabajo”, denunció Báez.

Situación en México

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó en abril pasado que en México ocurrieron mil 412 defunciones por riesgos laborales y 411 mil accidentes de trabajo, los cuales son la primera causa de incapacidad temporal en el país, pues representan 81 por ciento de los riesgos registrados en el país.

El IMSS reconoce como accidente laboral “toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior; o la muerte producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste”.

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Un Simulacro probará la reacción de emergencias ante una explosión nuclear

Madrid, 30 nov (EFE).- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha planificado un simulacro de explosión nuclear para valorar la preparación y reacción de los servicios de emergencia en la gestión de las consecuencias que provocaría.

El próximo jueves, 2 de diciembre, la Escuela de Protección Civil acogerá este ejercicio de campo, considerado de «interés nacional» por el CSN, como parte de los simulacros internacionales «Inex», desarrollados por la Agencia de Energía Nuclear para probar la capacidad de los equipos nacionales.

Se trata de un escenario de emergencia centrado en la gestión de las consecuencias de un supuesto estallido de un artefacto con carga radiactiva en un núcleo urbano 15 días antes, lo que sitúa la simulación en la fase intermedia de una hipotética emergencia radiológica.

El ejercicio de campo cuenta con la colaboración activa del CSN; la Dirección General de Protección Civil y Emergencias; las unidades especializadas en nuclear, bacteriológica, química y radiológica; los Tedax de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía; Enresa y la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyo General Jefe asumirá la dirección operativa de la acción.

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«La muerte de un trabajador en un silo es un homicidio premeditado»

«La muerte de un trabajador en un silo es un homicidio premeditado y será denunciada penalmente». La contundente frase fue lanzada por el ministro de Trabajo de la provincia, Carlos Rodríguez, en una semana marcada por la muerte de dos trabajadores en sendos accidentes ocurridos en plantas cerealeras. El funcionario mantuvo en Rosario un encuentro con representantes de entidades que nuclean a productores rurales, trabajadores agropecuarios y de cámaras que agrupan a los acopiadores de granos, con quienes analizó las condiciones de seguridad en ese tipo de instalaciones.

Durante el encuentro cumplido en la sede Rosario de la Gobernación, el titular de la cartera laboral sostuvo que «es inaceptable que un trabajador pierda la vida en un silo» porque, según indicó, las causas de los accidentes laborales en ese tipo de instalaciones «son archiconocidas» , por lo que al no adoptarse las medidas preventivas correspondientes estos hechos «constituyen homicidios premeditados».

Con dureza, el ministro Rodríguez advirtió luego que «toda muerte en un silo será denunciada penalmente, ya que está claro que son los empleadores quienes tienen el deber de brindar seguridad en este tipo de trabajo».

El encuentro, convocado para analizar la situación de salud y seguridad laboral en este tipo de plantas con la presencia, además, del secretario de Seguridad y Salud, Carlos Vaca, quien hizo referencia a los distintos accidentes ocurridos últimamente en ellas.

Un saldo positivo del encuentro fue el acuerdo en torno a una actividad conjunta entre trabajadores y empleadores, sobre el establecimiento de un código de buenas prácticas referidas a la actividad en los silos y el dictado de cursos de capacitación.

Con relación al segundo punto, el Ministerio pondrá a disposición de todos los empleadores propietarios de silos un curso de formación para sus empleados, por lo que dentro de 15 días se realizará una nueva reunión. «Espero que estas reuniones sirvan para poner coto a una situación inaceptable», dijo al respecto el ministro Rodríguez.

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Advertencia a acopiadores

El ministro de Trabajo, Carlos Rodríguez, le hizo saber al sector vinculado con el almacenamiento de granos que la provincia accionará penalmente contra las empresas donde ocurran accidentes fatales.

El gobierno de Santa Fe le advirtió al sector vinculado con el acopio y almacenamiento de granos que de ahora en adelante denunciará penalmente a las empresas donde ocurran accidentes laborales fatales, ya que esta situación “constituye un homicidio premeditado”. Así lo hizo saber el propio ministro de Trabajo de la provincia, Carlos Rodríguez, en el marco del encuentro que mantuvo ayer en la ciudad con empresarios del rubro.

Pasaron casi cinco meses desde la dura denuncia del ministro Rodríguez acerca de que en la provincia la cantidad de muertes en el sector agropecuario superaba a la construcción. Ayer, apenas una semana después de que Carlos Fabián Bustamente, de 28 años, muriera cuando trabajaba en un silo en Soldini, aparentemente desprovisto de las medidas de seguridad obligatorias, el gobierno de Santa Fe reunió a entidades vinculadas al acopio y almacenamiento de granos en el salón Córner de la sede local de Gobernación. El objetivo del encuentro fue analizar la situación de salud y seguridad laboral en las plantas de silos de la provincia y además para comprometer al sector empresario a ajustar las medidas de prevención de los trabajadores.

En diálogo con El Ciudadano, el ministro Rodríguez sostuvo que es inaceptable que un operario muera en un silo dado que las causas son “archiconocidas”. “Por lo tanto he sido muy duro. He planteado que esto constituye, si uno sabe lo que va a pasar, un homicidio premeditado”, disparó el funcionario provincial.

Por ello, el ministro anunció que “todo muerto en silos será denunciado penalmente y el empleador será perseguido de igual forma”. Luego, Rodríguez explicó que el contenido de la reunión con los sectores dedicados al acopio de granos giró en torno “a lo que hay que hacer, por lo que se ha acordado trabajar sobre dos áreas: una de buenas prácticas y la otra de capacitación”.

Para ello, la cartera de Trabajo pondrá a disposición de todos los empleadores la posibilidad de formar a su propio personal a través de un curso de “formador de formadores”.

“Para darle forma a estas dos iniciativas se ha convocado a una nueva reunión dentro de 15 días, en la que sabemos que estarán los mismos representantes”, resumió Rodríguez.

Fastidio estatal

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TRABAJO EVALUÓ LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN SILOS JUNTO A ENTIDADES VINCULADAS AL ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS

El ministro Rodríguez advirtió que “toda muerte en un silo será denunciada penalmente” por la cartera su cargo.

El ministro de Trabajo, Carlos Rodríguez, se reunió hoy con representantes de instituciones agrarias y cámaras que agrupan a los acopiadores de granos, con quienes analizó las condiciones de seguridad en las plantas de silos de la provincia.

En el marco del encuentro que se desarrolló esta mañana en el salón Corner de la sede Rosario de la Gobernación, el titular de la cartera laboral sostuvo que “es inaceptable que un trabajador pierda la vida en un silo” porque, según indicó, las causas de los accidentes laborales en ese tipo de instalaciones “son archiconocidas y por lo tanto, constituyen homicidios premeditados”.

En consecuencia, Rodríguez advirtió que “toda muerte en un silo va a ser denunciada penalmente, ya que está claro que son los empleadores quienes tienen el deber de brindar seguridad en este tipo de trabajo”.

Durante la reunión, convocada con el objeto de analizar la situación de salud y seguridad laboral en los silos, el ministro estuvo acompañado por el secretario de Seguridad y Salud, Carlos Vaca, quien se refirió a los distintos accidentes ocurridos últimamente en silos.

Asimismo, se concertó una actividad conjunta entre trabajadores y empleadores, sobre dos áreas: el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas referidas a la actividad en los silos y capacitación.

Con relación al segundo punto, el Ministerio de Trabajo anunció que pondrá a disposición de todos los empleadores que tengan silos un curso de formación para capacitar a sus empleados.

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La Provincia presiona a los acopiadores para mejorar la seguridad laboral

El titular de la cartera laboral, Carlos Rodríguez se reunió este mediodía con las entidades vinculadas al acopio y almacenamiento de granos para alcanzar acuerdos en torno a la situación de salud y seguridad laboral en plantas de silos de la provincia.

El encuentro se llevó a cabo esta mañana en el Salón Corner de la sede de Gobierno de Rosario y fue convocado a raíz de los accidentes graves y mortales protagonizados por trabajadores en distintas plantas de silos de la provincia, y de las fallas detectadas por la Dirección provincial de Salud y Seguridad en el Trabajo en la materia.

“Injusto e inmoral”

Para Rodríguez, “cada trabajador que muere en un accidente laboral, lo hace víctima de la negligencia ajena, de la falta de formación y muchas veces de las malas condiciones de trabajo». El ministro, duro con lso empresarios, opinó: «Esto no solamente es injusto, sino inmoral”

“Las causas de mortalidad en silos son archiconocidas, sin embargo los trabajadores rurales siguen muriendo en ellas. Es hora que los empleadores asuman la responsabilidad por la indemnidad de los trabajadores y estén a la altura de las circunstancias. Quienes tienen el deber de seguridad son los empresarios y son ellos los responsables cuando no se adoptan las medidas de prevención elementales”, remarcó el ministro de Trabajo.

“Espero la posición solidaria de los empresarios para que podamos decir ‘basta de muertes en los silos’. Estamos dispuestos a acompañar las acciones necesarias para ello, partiendo del presupuesto de que son los empresarios quienes conforme a las leyes, deben asumir su responsabilidad primaria”, agregó Rodríguez.

Inspección en salud y seguridad en el trabajo

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