Categoría: Judiciales

Siete ex directivos de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) fueron procesados ayer por la Justicia Federal por estrago culposo agravado, a raíz de las explosiones en una planta piloto de la Facultad de Ingeniería local, ocurridas el 5 de diciembre de 2007, en las que murieron cinco docentes y un alumno.

El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, dictó además la falta de mérito al decano Diego Moitre, quien estaba de licencia cuando ocurrieron las explosiones, y desestimó la acción penal contra Miguel Mattea, director de la investigación y fallecido en las explosiones. Los procesados son Carlos Bortis, ex vicedecano de Ingeniería; José Luis Pincini, ex secretario de coordinación técnica y servicios; Sergio Antonelli, secretario técnico de Ingeniería, responsable de comité de seguridad; Miriam Ferrari, directora del departamento de química; Matilde Ducros, vicedirectora del departamento de química, y los representantes de la empresa De Smet, Javier Boreti y Aníbal De Marco.

La empresa De Smet fue la encargada de proveer el hexano para los ensayos que causaron el accidente.

El siniestro le costó la vida al estudiante Juan Politano, de 22 años, y a los investigadores Lilian Giacomelli, de 42; Carlos Ravera, de 64; Damián Cardarelli, de 43; Gladys Baralla, de 52, y Miguel Mattea, de 58.

El 5 de diciembre de 2007 estallaron los tubos de hexano con los que realizaban las investigaciones dentro de la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería.

Convenio.

La firma admitió que dos de los heridos están vinculados con ella. Uno de ellos fue Diego Bonasa, de Verdu SA, de Rosario, subcontratista de la compañía belga y dedicada a montajes industriales.

El producto había sido enviado por la empresa De Smet SAIC, filial argentina de De Smet-Ballestra, multinacional belga que reconoció un convenio «de cooperación científica y técnica». En la facultad iban a efectuar ensayos orientados a lograr más eficiencia en el proceso de la extracción de aceite.

Fuente: www.lacapital.com.ar

René Auvieux, el propietario de la lavandería en la que se produjo una explosión el 20 de julio, a raíz de la cual murieron cuatro personas, seguirá detenido luego de que el juez de Instrucción Víctor Manuel Pérez rechazara el pedido de eximición de prisión que había solicitado el defensor José Agustín Ferrari. El fiscal Guillermo Herrera, que investiga el suceso, pedirá entre hoy y mañana que se dicte prisión preventiva contra el empresario, imputándole estrago con dolo eventual, delito para el cual el Código Penal establece penas de entre ocho y 20 años de prisión.

Tras la explosión de una secadora-planchadora, conocida entre los empleados del rubro como calandra, una de las tapas atravesó el muro. El cilindro y la base embistieron a los empleados Javier Lizárraga, de 27 años, y Carlos Hansen, de 25, quienes murieron en el acto. Lucía del Carmen Pérez, de 45 años, falleció el miércoles posterior y Mariana Indiana Raspari, de 40, el jueves siguiente. Dora Argañaraz, José Contreras y María del Valle Díaz Lobo sufrieron heridas.

Pericias y testimonios

La imputación que realizó el fiscal Herrera se basa en el informe que remitió Bomberos, en los testimonios de los empleados y en la declaración de dos ingenieros. En todos los casos se afirmó, según dijeron oficialmente, que a esa máquina, a pesar de tener más de 25 años, jamás se le habían hecho tareas de mantenimiento. La figura delictiva es la misma a raíz de la cual se condenó al empresario Omar Chabán por el incendio del 30 de diciembre de 2004 en el boliche República de Cromagnon, en el cual murieron 194 personas. El delito no es excarcelable.

Herrera solicitó la detención de Auvieux el 18 de agosto y ese mismo día se concretó la medida. El hombre fue internado en ese momento y luego pasado primero a dependencias de la Dirección de Investigaciones y luego a la sede de Infantería. Auvieux no quiso hacer declaraciones. «Estoy muy mal», se justificó. Su abogado, en tanto, se mostró contrariado por la gravedad de la imputación. «No estamos de acuerdo y pretendemos demostrar que se trató de un accidente», dijo.

Fuerte apoyo

Ayer unas 50 personas marcharon en silencio alrededor de la Plaza Urquiza para pedir la libertad del empresario. Entre los manifestantes había algunos empleados de la lavandería. «Es un hombre de moral intachable, esto podría haberle ocurrido a cualquiera», opinó Mario Neme, amigo de Auvieux. Los carteles decían: «Inocente, fue un accidente», «Justicia» y «Sin libertad no hay trabajo».

«Fue una fatalidad; él nunca quiso generarla. Está preso como si fuera un delincuente y no me parece que sea para que esté preso. Además, el estrago doloso me parece que no cabe, porque le puede pasar a cualquier persona. El (por Auvieux) estaba a 10 metros cuando ocurrió la explosión», argumentó. «Los que lo conocemos tenemos fe en Dios y en la Justicia», afirmó.

Tras el pedido de prisión preventiva de Herrera, el juez Pérez tendrá 10 días hábiles para resolver la situación procesal del imputado.

Fuente: www.lagaceta.com.ar