Más de 20 personas, incluida una niña que falleció, fueron víctimas de envenenamiento en un predio donde funcionaba una industria que, según funtes oficiales, se encontraba trabajando de forma ilegal.
La Justicia Federal de Rafaela procesó a una empresaria de la ciudad de Ceres, en el noroeste de la provincia de Santa Fe, por una veintena de casos de intoxicación con plomo, entre ellas una niña que murió, en el predio donde funcionaba una fábrica de baterías para automóviles, informaron este jueves voceros judiciales.
Los casos reportados en los primeros cuatro meses cayeron casi un 67% respecto al año pasado. Si bien corresponde la comparación temporal, los datos de 2022 están condicionados por la adhesión a la Ley de ART. La implementación de Comisiones Médicas genera un desfasaje en la información
Durante el primer cuatrimestre de este año, Santa Fe registró una importante caída en la cantidad de juicios por accidentes laborales respecto al mismo período del año pasado. Si bien corresponde la comparación temporal, la adhesión provincial a la Ley nacional N° 27348 de ART en mayo del año pasado marcó un quiebre que imposibilita una comparación bajo los mismos parámetros.
Sucedió en 1976, en un pueblo apacible de los Alpes italianos, una década antes de la mayor catástrofe nuclear de la historia. Una explosión por sobrecalentamiento en una planta industrial que fabricaba un herbicida trajo graves consecuencias en por lo menos 18 kilómetros a la redonda. Los efectos de una nube tóxica se manifestaron a las semanas del accidente con enfermedades y obligó a evacuar a la población más cercana
Un reactor, temperaturas extremas, falta de control, parada técnica, demora en las comunicaciones, accidente industrial. Todos estos elementos, que formaron parte de un cóctel nocivo, podrían describir el accidente nuclear en Chernobyl. Sin embargo, una década antes, en 1976 en Seveso, un pueblo tranquilo de los Alpes italianos, ocurrió lo que podría catalogarse como el primer accidente industrial de la era moderna.
VISTO el Expediente EX-2022-17023412-APN-SAT#SRT, las Leyes N° 24.241, N° 24.557, N° 27.541, N° 27.573, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, N° 867 de fecha 23 de diciembre de 2021, N° 431 de fecha 2 de julio de 2021, el Decreto N° 478 de fecha 30 de abril de 1998, la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017, la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 2883 de fecha 29 de diciembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley N° 27.541 “de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública” por la que se declaró, entre otras, la emergencia sanitaria.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del citado decreto.
Expertos reunidos en Ginebra han acordado nuevas e innovadoras directrices sobre el manejo de los riesgos biológicos en el lugar de trabajo
Expertos de gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores reunidos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han adoptado directrices para el manejo de riesgos biológicos en el mundo del trabajo. En la reunión de cinco días , celebrada en Ginebra del 20 al 24 de junio de 2022, se debatieron las implicaciones de la exposición a peligros biológicos en los lugares de trabajo, y la mejor manera de formular políticas y medidas nacionales, y en el lugar de trabajo, para prevenir y mitigar los problemas de salud relacionados.