Ocurrió este mediodía. Fueron derivados al Instituto del Quemado.
Tres obreros que manipulaban un tablero eléctrico de Epec, resultaron heridos este mediodía tras una explosión.
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Ocurrió este mediodía. Fueron derivados al Instituto del Quemado.
Tres obreros que manipulaban un tablero eléctrico de Epec, resultaron heridos este mediodía tras una explosión.
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Uno de los empleados del call center de Kadicard, Luis Rodríguez falleció esta mañana como consecuencia de un paro cardiorespiratorio.
El joven, de 30 años tenía el 85% de su cuerpo quemado a causa de una explosión registrada en ese centro telefónico el martes pasado.
Germán Llancaman, director Hospital Córdoba confirmó la noticia en declaraciones a Cadena 3: » A las 10:30 de la mañana ha dejado de existir el paciente Luis Rodríguez, debido al gran deterioro que tenía debido al gran porcentaje de quemaduras. Sufrió un paro cardiorespiratorio que no pudo ser revertido».
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Los sindicatos sostienes que los trabajadores acudean ahora menos a los servicios sanitarios, aunque estén enfermos.
El anuncio por parte del Gobierno de que podría penalizar económicamente a los funcionarios por una baja de incapacidad temporal ha vuelto a poner en primer plano el tema de las bajas por enfermedad en estos tiempos convulsos. La iniciativa – que el Ejecutivo podría aprobar este año -, forma parte, según el Gobierno, de un plan para luchar contra el absentismo en el colectivo. El plan incluiría que los funcionarios no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días que dure su incapacidad temporal.
Según las cifras, durante la crisis los trabajadores han sufrido menos bajas, pero ¿qué se esconde detrás? Es cierto que con 5,6 millones de parados hay menos empleados y, por tanto, disminuye el número de bajas médicas. Pero también ocurre – al menos así lo afirman algunas voces del ámbito sindical – que los trabajadores «aguantan más».
En efecto, el número de incapacidades temporales por cada mil trabajadores ha pasado de 27,4 en 2009 a 23,6 en 2011, así como la prevalencia por cada mil trabajadores y el número de días de baja, según datos de la Seguridad Social. ¿Las causas? Según el sindicato UGT son varias: la disminución de la población ocupada, la reducción de la siniestralidad, el incremento del número de efectivos de los facultativos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la agilización de la comunicación de los procesos y la formalización de convenios generales para el control de la incapacidad temporal entre la Seguridad Social y los Servicios Regionales de Salud.
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La consejera de Salud destaca el «riesgo biológico» de contagio de enfermedades y destaca el trabajo de UGT al poner en marcha jornadas y campañas de prevención.
El 26% de los accidentes de trabajo que sufren los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tanto en ambulatorios como en los hospitales se producen con agujas y objetos punzantes que utiliza el personal. Así lo ponen de manifiesto las estadísticas que hizo ayer públicas la Junta de Andalucía en el arranque de las jornadas que organizó el sindicato UGT para presentar la nueva directiva de la Unión Europea dirigida a la prevención de lesiones causadas por objetos cortopunzantes en el sector sanitario. El porcentaje de casos que se registró el pasado año en Córdoba, en términos comparativos, es sensiblemente superior a la media de la comunidad autónoma, que se sitúa en torno al el 23,3% del total de este tipo de accidentes laborales.
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La juez sostiene que la víctima se precipitó desde una altura de tres metros porque carecía de la formación necesaria para realizar el trabajo y la empresa no adoptó medidas de seguridad. Seis meses de cárcel y el pago de 190.000 euros. Esa es la pena que impuso una juez al encargado de una obra, a la responsable del servicio de prevención y al coordinador de seguridad de los trabajos desarrollados en 2004 en un edificio de Mesoiro. La víctima, según subraya la magistrada, realizaba una función para la que no había sido contratado y carecía de las mínimas medidas de protección. La empresa calificó el accidente como «leve» en un comunicado que envió a Inspección de Trabajo, que investigó la caída un año más tarde.
Un encargado de obra, la responsable del servicio de prevención y el coordinador de seguridad de los trabajos desarrollados por una empresa en abril de 2004 en Novo Mesoiro fueron sentenciados a seis meses de cárcel y a pagar a un empleado que sufrió un accidente laboral una indemnización de 190.000 euros. La víctima, según subraya la juez en la sentencia, se precipitó desde una altura de tres metros y como secuelas del siniestro le quedaron una mano en garra, limitación de flexión de un codo y multitud de cicatrices, entre otras. El Estado reconoció al hombre una incapacidad permanente total para ejercer su profesión.
La magistrada del Juzgado de lo Penal número 5 de A Coruña indica en la sentencia que el afectado había sido contratado como peón y que cuando sucedieron los hechos trabajaba desencofrando en altura. El fallo también recalca que la empresa calificó el accidente como «leve» en el comunicado que envió a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que provocó que el organismo no investigase los hechos hasta un año más tarde.
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La directora general de Trabajo señala que «hemos de ser conscientes de que un accidente nos cuesta más caro que proteger la seguridad del empleado».
El jefe de la Inspección de Trabajo, José Trasobares, ha anunciado que este lunes se ha puesto en marcha el «Protocolo de Accidentes de Trabajo Graves, Muy Graves y Mortales» destacándose al inspector de Guardia para conocer los detalles «en tiempo real» del suceso ocurrido en Barranco Grande, en Tenerife, en el que un joven de 25 años ha resultado herido de carácter grave tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en una torre de alta tensión.
Trasobares indica en un comunicado que tras la activación del protocolo de accidentes, un Inspector de Trabajo se desplazó de forma inmediata al lugar de los hechos «lo que permite una inspección ocular pronta, fidedigna y sin alteraciones del entorno, recabando con la mayor prontitud las declaraciones de los testigos presentes en el centro de trabajo».
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