Ciudad de México.- Falta de gobernabilidad, lagunas jurídicas, ausencia de escrutinio gubernamental y público, «deplorables» condiciones laborales de los mineros, improductividad, desaprovechamiento racional del recurso e incremento de accidentes, son los fundamentos de la severa problemática que afecta a la minería ilegal en México.
Para la CNDH, los conflictos en las minas y en las poblaciones cercanas «suelen originarse a causa de una gobernabilidad deficiente». Foto: El Sol de México
«Su producción suele pasar desapercibida, debido a que las transacciones que se realizan suelen ser de manera directa e ilegal de productor a comprador. Representa, asimismo, una pérdida de recursos fiscales para el Estado, y su inspección implica una inversión de tiempo mayor que la de la minería formal, puesto que de origen presentan problemas de salud pública e impacto ambiental, debido a la precaria o inexistente seguridad industrial», advierte la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En el «Informe Especial Sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Zona Carbonífera del Estado de Coahuila», el organismo plantea un segmento denominado «La minería ilegal: sus causas y consecuencias», en el cual desglosa la problemática en torno a la misma.
Hace hincapié en que la Ley Minera en su artículo 10, precisa que la exploración y la explotación mineras en territorio mexicano sólo podrán realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y migrantes -conforme al artículo 2 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos-, así como por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía.
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