En mi larga experiencia, de más de 50 años, como médico especializado en medicina legal y del trabajo, he vivido la evolución que significó la implementación del sistema de riesgos del trabajo en la atención integral de la persona que sufre un accidente en el desempeño de su tarea y de su notable aporte en el objetivo de minimizar las secuelas derivadas de ello.
También viví, desde diferentes posiciones, la gran variedad de criterios aplicados a la medición de las secuelas producto de un accidente de trabajo. He visto todo tipo de dictámenes periciales, judiciales y extrajudiciales. Sistemáticamente, las mismas afecciones podían ser consideradas de manera radicalmente diferente, según fuera el juzgado en el que se litigara, o el perito actuante, o el trabajador, o la época en cuestión. Ante una misma secuela física, un mismo daño, personas de edades similares y sueldos parecidos percibían un resarcimiento significativamente diferente.
Después de este enorme camino recorrido, por fin el actual sistema de riesgos del trabajo cuenta con un baremo (o tabla de evaluación de incapacidades) que forma parte del cuerpo de la ley y que permite unificar criterios para la valuación de incapacidades. Y, a su vez, exige la conformación de cuerpos periciales. Ambas constituyen herramientas decisivas para salir de una situación de incertidumbre que genera disparidades evidentes.
El objetivo del baremo es que a iguales secuelas se correspondan semejantes valoraciones de incapacidad, lo que constituye, luego, la base para el cálculo de la indemnización. Tanto vale para las ART, para las comisiones médicas, como para la Justicia. Ver más
