El dato surge de mesa de entrada de los tribunales provinciales. Lo relacionan a la destrucción de empleo por la crisis. Hubo una suba importante en las demandas por accidentes o enfermedades lugares de trabajo.
La indiscutible recesión económica a causa de la crisis financiera mundial, sumada a los problemas internos, impactaron de lleno en el mercado de trabajo regional, que después del temblor espera para 2010 una recuperación acompasada de la mano de una potencial reactivación de la actividad productiva.
La destrucción de puestos de empleo, más que nada los no registrados, determinó un considerable incremento de las demandas laborales. De acuerdo con datos estadísticos que surgen de la mesa de entrada única en lo laboral de Primera Instancia de los Tribunales provinciales, durante el año que ya se va se contabilizaron 6.300 juicios, contra 5.424 en 2008 y 4.984 en 2007.
La tendencia ascendente también se notó con relación a los accidentes o enfermedades en los lugares de trabajo. En 2009 fueron 6.867 los juicios laborales que se iniciaron por accidentes o enfermedades, mientras que el año pasado se registraron 3.711 demandas y en 2007 se contabilizaron 1.806.
Otro de los ítems que no deja de llamar la atención al repasar la estadística confeccionada en el Palacio de los Tribunales de Balcarce y avenida Pellegrini es el referido a la tutela sindical presentada por obreros que habían sido elegidos como delegados u osaron formar una comisión interna y la empresa los despidió. En 2009 se contaron trece casos de litigiosidad por tutela sindical, lo que significa que el empleador tiene la obligación de reincorporar al trabajador cesanteado, contra ocho tutelas presentadas el año anterior y diez en 2007.
Vildor Garavelli, de la Asociación de Abogados Laboralistas, opinó que “si bien la Argentina y Santa Fe aguantaron bastante bien el golpe de la crisis, igual hubo despidos”. “Este escenario internacional adverso se sumó a los problemas internos que comenzaron a sentirse con el lockout de las patronales agropecuarias de marzo de 2008. La informalidad en el mercado laboral todavía es importante y los trabajadores en negro fueron los más afectados”, sostuvo.
“Y se sabe que los trabajadores en negro cuando son despedidos no les queda otra que recurrir a la Justicia”, continuó el abogado laboralista, y completó: “Los juicios se dan por salarios adeudados, vacaciones y otros tantos derechos que no tienen por su condición de informalidad, además de pelear por una indemnización”.
Con respecto a las demandas por accidentes de trabajo, Garavelli consideró que “desde la recuperación económica de 2003, después de una década de cierre de empresas y despidos, el empleo aumentó pero los empleadores no se ocuparon de las condiciones laborales y los accidentes crecieron”. Para el abogado, las patronales dejaron todo librado a las aseguradoras del riesgo de trabajo (ART).
“El sistema creado por las ART estaba integrado por comisiones médicas. Un fallo de la Corte Suprema en 2005 dejó sin efecto varios puntos de la ley de riesgos del trabajo, con lo cual muchos de los casos por accidente que se tramitaban en exclusiva en el fuero federal pasaron automáticamente al fuero provincial”, indicó Garavelli al explicar la suba de los juicios que se dirimen en los juzgados laborales. En este sentido, el abogado recordó que en la provincia se tuvo que implementar una ley de higiene y seguridad.
Garavelli es abogado de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). En referencia al incremento de litigios por tutela sindical dijo que esa tendencia “responde a que varias empresas, muchas veces en complicidad con sindicatos, no admiten comisiones internas ni delegados. La tutela se ampara en la ley de Asociaciones Sindicales y el artículo 14º bis de la Constitución”.
“La tutela la pide un trabajador delegado que es despedido sin que se les respeten los fueros sindicales. La tutela ordena su reincorporación y dictamina la nulidad del despido. Además, favorece la estabilidad gremial u otorga un período de gracia para que no haya cesantías”, explicó Garavelli.
Fuente: El Ciudadano
