Eran las dos y media de la madrugada y el termómetro marcaba diez grados bajo cero cuando 528 mineros trabajaban en el turno de noche a 500 metros de profundidad en el pozo Xinxing de la compañía estatal Longmei, ubicada cerca de la frontera con Rusia en la provincia de Heilongjiang, al norte de China.
Wang Jiguo, uno de los responsables de detectar posibles fugas, advirtió un severo aumento de los niveles de gas y enseguida alertó a sus compañeros para que evacuaran la mina. «¡Rápido, corred, no cojáis nada!», les gritó mientras Fu Maoheng llamaba con su móvil a otros dos colegas que estaban aún en el interior para que huyeran a toda prisa.
«Justo después de colgar, se escuchó una fuerte explosión dentro del pozo y las galerías y la entrada se derrumbaron», explicó Fu a la agencia estatal de noticias Xinhua en el hospital de Hegang, donde fueron ingresados decenas de heridos. «Nos estábamos preparando para abandonar la mina cuando ocurrió el estallido, que lanzó cristales y rocas en todas direcciones mientras corríamos gritando», declaró a la emisora Wang Xingang.
Junto a él, otros 420 compañeros pudieron escapar con vida, pero menos suerte tuvieron los 108 mineros que, el pasado 28 de noviembre, fallecieron en la explosión de grisú que tuvo lugar en la mina Xinxing de Hegang. Por el número de víctimas, se trata del peor accidente de la industria minera china en los dos últimos años, desde el siniestro que en diciembre de 2007 se cobró la vida de 105 personas en otra explosión de gas en un pozo de la provincia de Shanxi, abundante en carbón.
Una vez más, el accidente se debió a una negligencia de los responsables de la compañía, que habían incrementado el personal de cada turno y descuidado las pertinentes medidas de seguridad, como los sistemas de ventilación y control de escapes, para elevar la producción. «Los análisis preliminares muestran que no se tomaron las precauciones adecuadas y no se tuvieron en cuenta seriamente los posibles riesgos», criticó en declaraciones a la televisión estatal CCTV el director de la Administración Estatal de China para la Seguridad Laboral, Luo Lin. Como consecuencia, fueron cesados de forma fulminante el director, subdirector e ingeniero jefe de la mina, que están siendo investigados por la Fiscalía y probablemente serán acusados de negligencia criminal.
Con esta contundente respuesta, el Gobierno intenta hacer frente a la última tragedia que ha sacudido a la industria minera china, la más peligrosa del mundo al cobrarse cada año más de 3.000 muertos. Al menos oficialmente, porque otros grupos independientes elevan dicha cifra hasta los más de 6.000 muertos que se registraron en 2004. Para reducir tan alta siniestralidad, el régimen chino clausuró 7.000 pequeños pozos de carbón en 2005 y un millar más este año, bajando el número de víctimas mortales un 18,4% de enero a junio del presente ejercicio. Aun así, 1.175 personas perdieron la vida en la primera mitad del año, la mayoría en pequeños pozos ilegales, que suman el 80% de las 16.000 minas operativas en el país.
«Pensábamos que las empresas estatales eran seguras. ¿Por qué ha tenido que morir mi marido?», protestaba en las oficinas de la compañía Liu Shujiu, cuyo esposo estaba entre las víctimas mortales. Sin dejar de llorar, la mujer se quejaba de la falta de información por parte de los responsables de la mina y la Policía. Para callarlos, los parientes de los familiares fallecidos van a recibir 250.000 yuanes (25.000 euros), según el periódico oficioso «China Daily». Pero otros medios, como el diario «Noticias Vespertinas de Wuhan», cifraban las indemnizaciones en menos de la mitad: 102.600 yuanes (10.260 euros), que al parecer ya habrían sido aceptadas por al menos 18 familias.
Sueldo miserable
Al margen de la compensación, los mineros han dado su vida por unos 900 yuanes (90 euros) al mes, un sueldo que resulta una miseria en comparación con las cifras que genera la industria del carbón. De este mineral se obtiene el 75% de la electricidad que se produce para alimentar el extraordinario crecimiento económico chino, ya el principal país contaminante del mundo que tiene previsto elevar la cuota de las energías renovables hasta el 15% en 2020.
Todo ello para proseguir su ascenso como superpotencia mundial utilizando a cientos de millones de trabajadores como mero combustible humano. Y es que del pozo de Xinxing, operativo desde 1917, se extraen 1,45 millones de toneladas de carbón al año, que lo sitúan en el puesto número 12 de las 100 principales mineras nacionales y el séptimo en producción. Desde 2002, 88 trabajadores han perecido en tres accidentes registrados en esta mina.
«El desarrollo es importante, pero el crecimiento del PIB no debería conseguirse a costa de la sangre de los mineros», hizo acto de contrición el gobernador de Heilongjiang, Li Zhanshu. No en vano, en su región se han registrado algunas de las peores tragedias de la minería china, como la que se cobró más de 130 muertos en noviembre de 2005.
Junto a ella, destacan los 200 trabajadores que en el pasado mes de febrero de ese año perdieron la vida en Shandong, donde en septiembre de 2007 también perecieron 181 mineros. A ellos se suman los 78 muertos de febrero en la mina de carbón de Tunlan. Todas estas lágrimas negras son el precio que China tiene que pagar para llevar a cabo su particular «Revolución Industrial» del siglo XXI.
Pablo M. Díez Corresponsal en Pekín
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