La localidad bonaerense de Mercedes fue epicentro de desastre ambiental y social que provocó la compañía Sigma en septiembre de 2019. Más de 300 mil litros de glifosato, paraquat y atrazina, entre otros químicos, contaminaron aire, suelo y agua. Murió un trabajador y, a cuatro años del hecho, no hubo condenas ni avances judiciales.
Por Anabel Pomar
La fábrica de productos agroquímicos Sigma Agro, en La Verde (Mercedes), explotó y ardió liberando al ambiente peligrosos agrotóxicos y llevándose la vida del obrero Rubén Ponce de 42 años —quién murió casi una semana después producto de las quemaduras y la exposición química—. Sucedió el 27 de septiembre de 2019 y, a cuatro años del hecho, la impunidad vuelve a decir presente.
El daño tanto para la salud cómo para el ambiente fue, y es, inconmensurable. En su momento, a pocos días del hecho, la Dirección de Medio Ambiente de Mercedes, informaba que el volumen total de las sustancias liberadas al ambiente ascendía a 300.000 (trescientos mil) litros. Hoy, basado en las pruebas reunidas y con el limitante de que la cantidad de químicos se basa en lo informado por la propia empresa acusada, se calcula que el crimen ambiental involucraría más de 1.000.000 (un millón) de litros de sustancias peligrosas.
En la planta, al momento del hecho, entre otros agrotóxicos peligrosos para la salud y el ambiente, había glifosato, paraquat, 2-4D, imazetapir, haloxifop, metaloclor, clorpirifos, cletodim, atrazina y glufosinato.
El lugar del hecho, a cinco kilómetros del casco urbano, no tenía los recaudos para prevenir ni enfrentar el desastre y quedó absolutamente acreditado que funcionaba sin los permisos obligatorios e incumpliendo toda normativa ambiental. Trabajaron en el incendio bomberos de Navarro, San Andrés de Giles, Luján, Suipacha y General Rodríguez, que se sumaron a las cinco unidades de Mercedes: más de diez dotaciones no pudieron impedir que el lugar quedara devastado.
Demoras e impunidad
A cuatro años de la explosión e incendio no hay condenas ni culpables. Por el hecho hay dos denuncias, una en el fuero civil (que solicita que el Poder Judicial supervisara la remediación) y otra en el penal, que busca se castigue a los culpables de atentar contra la salud y el ambiente.
Los vecinos denunciantes no dejan de reclamar por las excesivas demoras en ambas causas judiciales. Prueba de ello: las imputaciones a los responsables de Sigma llegaron recién a más de tres años y medio después del crimen ambiental.
En el marco de la causa penal (PP-09-00-015327-19/00) se encuentran imputados Juan Jerónimo Araujo Muller, presidente de Sigma, y Gustavo Ruffa, apoderado de la empresa y a quién los empleados mencionan como “el dueño”.
Los denunciantes también reclaman que el llamado de indagatoria sea ampliado a los funcionarios provinciales y municipales que permitieron durante años la empresa funcionara en el marco de ilegalidad que el fiscal Luis Emilio Carcagno pudo comprobar dentro de la causa.
La empresa Sigma y la tierra arrasada
Martín Barros vive con su familia a dos kilómetros de la fábrica, es productor agropecuario y uno de los vecinos que se presentó ante el Poder Judicial. “La situación actual en el predio es la misma situación de ‘puesta en escena’ que la del primer día tras la explosión e incendio”, cuenta a Agencia Tierra Viva. “Hoy hay unos caseros, cuidadores, una dotación mínima de empleados que están en el lugar. Siguen colocando pasto y árboles que se mueren sistemáticamente. Las lagunitas en dónde se dio el derrame sigue desnudo. No verdeó jamás. A cuatro años sigue cómo si le hubieran aplicado herbicidas ayer”.
Aquella madrugada, a Barros le tembló la casa por la explosión. “Lo primero que vi fue una torre de fuego de más de 20 metros de alto. Al rato, el aire era irrespirable. Primero olor a paraquat, luego a plástico y luego a combustible”, recuerda. A las 10 de la mañana de aquel día, él y su familia se auto evacuaron.
“En cuanto a la causa penal, si bien no nos pone contentos la demora, al menos hay imputaciones. Antes de este invierno estuvimos ante la jueza en la causa civil (Cintia Soto, del Juzgado Civil y Comercial Nro. 10 de Mercedes) y allí nos dijo que iba a dictar sentencia. Aún esperamos. Es todo penosamente lento”, reflexiona.
A cuatro años de la explosión en Sigma, la exigencia es la misma del primer día. “Pedimos remediación y que los responsables paguen sus culpas. Hay que detener la atrocidad del ecocidio que generó este derrame post explosión y en eso se avanzó poco y nada”.
El especialista en Derecho Ambiental Fabián Maggi, abogado de los vecinos, agrega: “A sólo 15 días del hecho nos presentamos para que la justicia interviniera y dictara una tutela ambiental preventiva sobre la remediación del lugar y que permita el control ciudadano de lo que ahí iba a suceder. Nada de eso ocurrió. La jueza está yendo para un lugar completamente distinto al que le impone el derecho ambiental”.
Siga, siga
Desde las primeras investigaciones quedó acreditado que Sigma funcionaba ilegalmente y sin ningún tipo de habilitación acorde a la industria de esa peligrosidad. En el expediente judicial quedó acreditado que al momento de la explosión no poseía Certificado de Aptitud Ambiental.
En agosto de 2022 el organismo ambiental bonaerense sancionó a la empresa por esas faltas administrativas. Pese a eso, las autoridades ambientales permitieron que las tareas de caracterización, remediación, disposición de los residuos peligrosos y monitoreo estén a cargo de la misma empresa o de las firmas que ella misma designara para tal fin.
¿Quién supervisa eso? El mismo organismo también investigado, la ex OPDS, que sabe perfectamente Sigma sigue operando en territorio bonaerense en un predio de General Rodríguez.
Hacía allí, a su nueva base de operaciones dentro de la firma Cono Sur Americana, iba la carga que se derramó e incendió provocando una nube tóxica sobre la autopista del oeste, a la altura de la localidad de Ituzaingó, en febrero de este año.
En uno de los primeros allanamientos dentro de la investigación fue el mismo Ruffa (apoderado de Sigma) quién recibió a la policía ecológica que concurrió a la empresa vinculada al camión del acceso oeste.
“Cuando me enteré de eso, que era la misma empresa, no lo podía creer. De nuevo, Sigma haciendo lo mismo. Haciendo fortuna con una sustancia peligrosa manejada con irresponsabilidad. ¡Y recordé lo primero que pensé cuando sucedió la explosión acá… cómo es que no ocurrió antes!”, cuenta Barros. “Esa la hicieron mil veces antes que se detectara de casualidad en un peaje. Sólo que esa vez salió mal, igual que pasó acá. Se manejan con impericia y desidia no sólo con el ambiente y las personas que lo pueblan sino también para con los trabajadores”, denuncia.
En el listado de «Plantas elaboradoras de productos fitosanitarios» del Senasa, la empresa Sigma Agro sigue inscripta bajo el número 1483 cómo fabricante y en el listado de provincia de Buenos Aires figura habilitada como expendedora en Moreno (la locación de Mercedes funcionaba de modo ilegal). Mientras, en el listado de provincia de Buenos Aires figura habilitada cómo expendedora hasta abril de 2024.
Sin remedio
El 5 de enero de este año, la empresa Sigma Agro presentó un informe —elaborado en diciembre de 2022 por la empresa Desler— en la que asegura que las tareas de remediación fueron concluidas y solicita a la Dirección de Residuos especiales y patogénicos del Ministerio de Ambiente bonaerense (ex OPDS) que las mencionadas tareas se den por concluidas.
En ese documento, en el apartado titulado “las consideraciones de hallazgo”, la empresa reconoce que aún quedan trazas en agua subterránea de glufosinato y del también herbicida imazetapir.
Ambos agrotóxicos no cuentan en Argentina con legislación sobre los límites máximos de concentración para esa matriz ambiental. Otro dato más que se agrega a las incontables y permisivas legislaciones que por acción u omisión permiten el modelo agrotóxico, desde el puerto, a las fábricas, al campo y a la mesa, continúe expandiéndose.
De todos modos, si se diera por concluida la remediación, aclara el abogado Fabián Maggi a Tierra Viva, eso no termina con el trabajo del Poder Judicial, ni anula el delito. “Igualmente, nosotros sostenemos que no está remediado”, enfatiza.
Al cierre de esta nota hay un padre y marido que ya no vuelve a su casa y les falta a sus seres queridos. También un lugar seco donde ya nada crece en, vaya paradoja, La Verde, y que sigue señalando el lugar del ecocidio en una imagen de película distópica. Mientras la empresa en otro lugar fábrica agrotóxicos como si nada hubiera pasado. Y nadie está preso por lo sucedido. Pero no es una película, es la realidad.
