Un ex técnico bioquímico de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal en la que advierte que la instalación nuclear —parada desde 2017 y sin contrato de mantenimiento vigente desde octubre de 2025— podría derivar en fugas, derrames o explosiones con consecuencias directas sobre el río Limay, los ecosistemas de la región y la población neuquina.
Qué dice la denuncia
Aldo Héctor Villavicencio, ex empleado de la planta, denunció a cinco funcionarios nacionales y provinciales y solicitó una medida cautelar urgente para obligar a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a retomar el financiamiento del mantenimiento en un plazo máximo de cinco días. Entre los denunciados figuran el presidente de la CNEA, Martín Eduardo Porro; el subsecretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Matías Ramos Nápoli; y tres directivos de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), firma que opera la planta con capital mixto: 51% de la Provincia del Neuquén y 49% de la CNEA.
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