Un ex técnico bioquímico de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal en la que advierte que la instalación nuclear —parada desde 2017 y sin contrato de mantenimiento vigente desde octubre de 2025— podría derivar en fugas, derrames o explosiones con consecuencias directas sobre el río Limay, los ecosistemas de la región y la población neuquina.
Qué dice la denuncia
Aldo Héctor Villavicencio, ex empleado de la planta, denunció a cinco funcionarios nacionales y provinciales y solicitó una medida cautelar urgente para obligar a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a retomar el financiamiento del mantenimiento en un plazo máximo de cinco días. Entre los denunciados figuran el presidente de la CNEA, Martín Eduardo Porro; el subsecretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Matías Ramos Nápoli; y tres directivos de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), firma que opera la planta con capital mixto: 51% de la Provincia del Neuquén y 49% de la CNEA.
Según la presentación, las unidades de proceso de la PIAP contienen fluidos altamente peligrosos: amoníaco en estado líquido y gaseoso, amiduro de potasio, nitrógeno e hidrógeno con altas proporciones de deuterio. «La falta de mantenimiento adecuado puede derivar, en cualquier momento, en fugas, derrames o explosiones con consecuencias impredecibles sobre el río Limay, los ecosistemas aledaños y la población de la región», advierte la denuncia.
El trasfondo: sin contrato y con deudas crecientes
La PIAP fue construida con una inversión superior a los 1.000 millones de dólares por parte de la CNEA. Desde 2017 está inactiva. El contrato de mantenimiento que la CNEA sostenía con ENSI desde 2019 no fue renovado al vencer el 31 de octubre de 2025. A pesar de eso, ENSI continuó realizando las tareas de conservación sin recibir pago alguno, financiándolas con recursos de sus propias áreas rentables en el sector petrolero, lo que generó un pasivo económico en crecimiento.
La conducta de los funcionarios de la CNEA es calificada jurídicamente como incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta, al haber abandonado la conservación de un activo estratégico del Estado sin prever ninguna alternativa. Los directores de ENSI, por su parte, son señalados por no haber intimado formalmente a la CNEA ni iniciado reclamo administrativo o judicial para cobrar los servicios prestados desde noviembre de 2025.
Qué se le exige a la CNEA
La medida cautelar solicitada por el denunciante exige que la CNEA se haga cargo, en un plazo máximo de cinco días, de todos los costos de conservación de la planta, incluyendo el pago íntegro de salarios del personal de ENSI desde noviembre de 2025, la compra de insumos y la realización de tareas de monitoreo y mantenimiento. En caso de que la CNEA no cumpla, la presentación pide que el Estado de la Provincia del Neuquén asuma solidariamente esas obligaciones, con derecho de repetición contra el organismo nacional.
Hasta el momento de esta publicación, ni la CNEA ni los funcionarios denunciados emitieron declaraciones públicas sobre la denuncia.
Fuente: https://neuquenweb.com/
https://realidadsm.com/2026/05/19/alertan-por-riesgo-de-explosion-en-planta-nuclear-de-arroyito/