Los motivos principales fueron problemas en los sistemas contra incendio y falta de certificados de habilitación. Les aplican multas de hasta 20.000 pesos y les impiden recibir nuevos inquilinos.
Luego de la tragedia de Cromañón, el Gobierno de la Ciudad comenzó a ponerse al día con las inspecciones a edificios de uso público. Además de los controles a boliches y geriátricos, otro rubro quedó bajo la lupa: los hoteles familiares. En lo que va del año, la Comuna clausuró 117 establecimientos, de los cuales 51 siguen «apercibidos», todos por diferentes fallas en las medidas de seguridad.
Así lo informó la Secretaría de Seguridad. Sobre los 1.320 hoteles de pasajeros que hay en Capital (funcionan tipo pensión, para un público de bajos recursos), ya se revisaron más de mil, el 76% del padrón. De ellos, 117 sufrieron una clausura administrativa: no pueden recibir nuevos inquilinos hasta que no corrijan los problemas que se les detectaron.
Este «punto intermedio» antes de la clausura total se toma para no dejar en la calle a los habitantes del hotel. En esta situación aún se encuentran 51 establecimientos, ya que el resto solucionó sus falencias. De todas formas, en todos los casos los hoteles sufrieron multas de 100 a 20.000 pesos, según la falta.
¿Qué fallas les encontraron? Entre las más repetidas y graves se detectó que carecían de certificado de tratamiento ignífugo, libretas sanitarias, matafuegos, planos de habilitación, luces y señales de salidas de emergencia y otros requisitos de seguridad. Pero no se registraron situaciones de hacinamiento, incluso había hoteles que tenían piezas vacías. Se calcula que unas 75.000 personas viven en estos establecimientos.
Los hoteles en falta tienen entre 3 y 45 días para solucionar los problemas. Si no lo hicieran, sí serían desalojados. En ese caso, y según comentaron en la Secretaría de Desarrollo Social, a las familias que viven en esos establecimientos el Gobierno les da un subsidio de $ 15.000 o bien les permite acceder a un crédito hipotecario de hasta $ 60.000.
El secretario de Seguridad, Diego Gorgal, explicó: «Hay ciertos rubros que consideramos críticos y sobre los que concentramos el 80% de nuestro trabajo. Se trata de los boliches, estaciones de servicio, geriátricos, fábricas, colegios, shoppings, cines, sanatorios y hoteles de pasajeros. La idea es que a estos establecimientos los visitemos al menos una vez por año. Con los hoteles vamos a conseguirlo». Por otro lado, la Comuna revisó, entre enero y julio, el 98% de los colegios privados (son 985) y el 47% de las estaciones de servicio (hay 438), entre otros establecimientos.
En el Gobierno explicaron que la normativa vigente obliga a los hoteles familiares a tener un matafuegos cada 200 metros cuadrados, salidas de emergencia con señales y luces, y tratamiento ignífugo en todos los revestimientos de madera, cortinas y cielorrasos acústicos. Además, no puede haber cables expuestos, y el máximo de capacidad por habitación es seis personas.
Para los especialistas, los hoteles también son un punto crítico. Raúl Martínez, gerente de la Cámara Argentina de Seguridad, afirmó: «Lo importante es que estos edificios, así como los geriátricos o sanatorios, tengan un sistema integral de prevención. Hoy, por ejemplo, casi ninguno cuenta con detectores de humo, los que permitirían combatir un fuego en la etapa temprana. A eso hay que sumarle los métodos de extinción, como los matafuegos, y que el personal esté capacitado para guiar a la gente en una eventual evacuación. No alcanza con poner carteles con las señales de emergencia, porque un hotel es un lugar con gente en tránsito, que no siempre conoce el edificio y no sabe cómo actuar en una emergencia».
Desde la Cámara insisten con que se aprueben una serie de modificaciones al Código de Edificación, que hace más de 20 años no se actualiza. Esos cambios fueron propuestos por ellos y otros especialistas de universidades y los Bomberos. El Gobierno también quiere que el proyecto prospere. Sin embargo, hace poco que ingresó en la Legislatura porteña y aún no se sabe cuándo podría ser sancionado.
Los hoteles también significaron un dolor de cabeza político. El año pasado, el polémico juez Roberto Gallardo (el mismo que clausuró La Rural) embargó al Gobierno porteño con $ 3 millones y hasta ordenó que se le descontara parte del sueldo al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y otros funcionarios para que reubicarán a 350 personas que vivían en hoteles a los que consideró «indignos» por sus pésimas condiciones de habitabilidad. Según Sergio Beros, subsecretario de Gestión Social y Comunitaria, «la situación quedó solucionada porque esas familias recibieron el subsidio de 15.000 pesos o el crédito hipotecario, según el caso». Desde hace seis meses, el Gobierno dejó de utilizar los hoteles para ubicar a la gente con problemas de vivienda. Ahora, en parte para evitar problemas, pasó al sistema de entrega directa de dinero.
Dos accidentes este año
El tema de los hoteles es un punto sensible para el Gobierno. Es que hay antecedentes dolorosos: por ejemplo, el domingo 1º de agosto, una explosión en un establecimiento de Olleros al 3100, en Colegiales, terminó con un hombre y una mujer internados en el Instituto del Quemado. Según las pericias, el accidente se habría producido por una pérdida en un garrafa de gas.
Pero el hecho más trágico de los últimos tiempos ocurrió el 26 de mayo. Un nene de cinco años murió al incendiarse el hotel Toledo, en Pavón 1679, Constitución. El chico vivía allí con sus padres y su hermanita de un año.
El incendio comenzó cerca de las 19.30. Se cree que una estufa explotó o entró en cortocircuito. El chico se encontraba sólo en la pieza, porque su madre había subido a la terraza a colgar ropa.
Para denunciar
La Comuna acaba de lanzar una campaña para que los vecinos cumplan y hagan cumplir las leyes. La gente puede plantear denuncias en el 0800-999-2727 o en un apartado de la página www.buenosaires.gov.ar
Pablo Novillo.
pnovillo@clarin.com
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