El reciente caso de explotación y reducción a la servidumbre que la AFIP detectó en un campo en inmediaciones de Morse, visibilizó el viejo sometimiento a que son sometidos los migrantes e informales.
El 16 de marzo pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, denunció un caso de explotación y trata laboral en cercanías de Morse, en el partido de Junín.
El caso fue descubierto a raíz de un llamado anónimo al teléfono que el organismo dispone para realizar denuncias y de acuerdo al comunicado de AFIP, cuatro trabajadores que habían llegado desde Santiago del Estero con el objetivo de prestar tareas en la tala de árboles en la exploración forestal trabajaban en pésimas condiciones laborales, de higiene y salud y en absoluta informalidad.
Los trabajadores realizaban extensas jornadas de trabajo de lunes a sábados, habían sido contratados sin tener un salario preestablecido, quedando sujeto a la cantidad de toneladas de madera cortada por ellos y sin la posibilidad de control de los volúmenes trabajados ya que la comercialización estaba exclusivamente a cargo del empleador.
Se les dijo que cobrarían su salario al finalizar la campaña, luego de tres meses de labor y sin ningún tipo de transparencia en la relación laboral; todo en el marco de una situación de extrema vulnerabilidad. Por otra parte, se les descontaba dinero en concepto de alimentos que eran provistos tres veces por semana por el empleador sin que se les permitiese acceder a la compra de los mismos por sus propios medios, y también si perderían parte de su paga si alguna de las herramientas utilizadas para cumplir su labor sufriera un desperfecto.
Los cuatro trabajadores vivían en un ómnibus y en una casilla en pésimas condiciones de salud e higiene, no contaban con baño, heladera ni cocina y debían higienizarse con baldes en un sector improvisado fuera del micro, compuesto por lonas y sostenido por ramas. No contaban con luz eléctrica y se les proveía agua que debían utilizar para beber, cocinar, asearse y limpiar los elementos de cocina.
Los inspectores estuvieron acompañados por funcionarios del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y personal de la División Fiscalización de Seguridad Social perteneciente a la Dirección Regional Junín.
Este sector presenta más del triple de probabilidades de estar en situación de trabajo forzoso que sus contrapartes no migrantes
EN BRASIL
A fin de marzo, cuatro argentinos, que habían viajado a Brasil para trabajar como leñadores en la localidad de Linha Imperial, fueron rescatados por la policía de ese país, luego de haber descubierto que eran obligados a realizar trabajo esclavo: vivían en el bosque, en condiciones insalubres, sin agua potable, baños ni electricidad.
Según informó la prensa local, la Brigada Militar, a través del 1º Batallón de Policía en Áreas Turísticas, con sede en Gramado, la Policía Federal y la Fiscalía del Trabajo de Caxias do Sul, detuvo a un sospechoso, quien sería el responsable de haber sometido al trabajo esclavo a cuatro personas, una de ellas menor de edad, en Nova Petrópolis.
El caso salió a la luz el sábado por la mañana, cuando dos hombres de nacionalidad argentina acudieron a la Brigada Militar de Bom Princípio para denunciar las condiciones de trabajo que soportaban desde agosto de 2022, fecha en la que fueron contratados para trabajar como leñadores.
Estos dos son sólo algunos ejemplos que sirven para mostrar, cómo, en pleno siglo XXI y cuando la humanidad disfruta avances y desarrollo, millones de personas siguen siendo sometidas a condiciones de esclavitud moderna. Frutillas, tomates y limones, leña, son algunas de las producciones que los demanda en determinada época del año. Si bien no hay datos exactos, se calcula que hay 350 mil trabajadores golondrinas en la Argentina. Son quienes, como las aves de paso, van de campo en campo buscando sustento.
Trabajan de sol a sol. Antes de que amanezca un micro los pasa a buscar o se suben a un camión, para llegar al campo. Otros se albergan por la noche en algún galpón, o en un refugio o habitación que pueda proveerles el dueño del campo. Hace años, ‘las ranchadas’, (unas viejas chapas enterradas en la tierra) protegían a los trabajadores rurales que iban a ‘deschamicar’ los campos de la zona.
Estos trabajadores, en estas condiciones, existen desde hace años y recién en los últimos años empezaron a ser visibilizados y también a ser reconocidos por la política.
En agosto de 2021, el presidente Alberto Fernández anunció que los trabajadores rurales que reciben planes sociales pueden ser empleados en blanco y eso no implica que perderán los beneficios no contributivos que les correspondan. Este era un reclamo prácticamente histórico de las economías regionales ante la imposibilidad de contar con trabajadores temporales en tiempos de cosecha.
La puesta en marcha de este plan era uno de los principales pedidos impulsado por las economías regionales nucleadas en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quienes explicaban que en los últimos años se agudizó la falta de trabajadores temporales ya que los habituales cosecheros preferían no trabajar ante el temor de perder los planes sociales que recibían.
La esclavitud no es una reliquia del pasado que creíamos abolida
SON MILLONES
El número de personas en situación de esclavitud moderna ha aumentado en los últimos cinco años, según el último informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En 2021 había 50 millones de personas sometidas a la esclavitud moderna en todo el mundo, 10 millones más que en el informe de 2016.
La situación ha empeorado por culpa de las crisis provocadas por la pandemia del coronavirus, los diferentes conflictos armados o el cambio climático. Estos fenómenos han provocado un aumento de la pobreza y la migración forzosa en condiciones de inseguridad, así como de las denuncias de violencia de género, lo que contribuye a aumentar el riesgo de todas las formas de esclavitud moderna.
Según el informe de la OIT, los más afectados por la esclavitud moderna son las personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, las víctimas de la pobreza y la exclusión social, como los trabajadores inmigrantes, y las personas objeto de discriminación, como las mujeres. Por otro lado, los ‘trabajadores migrantes’ (también conocidos en nuestro país como ‘golondrinas’) están particularmente afectados por el trabajo forzoso. Este sector presenta más del triple de probabilidades de estar en situación de trabajo forzoso que sus contrapartes no migrantes.
Aunque la migración por causas laborales tiene un efecto ampliamente positivo en las personas, los hogares, las comunidades y las sociedades, este hallazgo demuestra cómo los migrantes son particularmente vulnerables al trabajo forzoso y a la trata de personas, ya sea causada por la migración irregular, o por las prácticas de contrataciones injustas y poco éticas.
TRABAJO FORZOSO
El trabajo forzoso ha aumentado en los últimos años y según las estimaciones de 2021, 27,6 millones de personas se encontraban en esta situación de vulnerabilidad. Los grupos de población más afectados son las mujeres y las niñas, que representan 11,8 millones del total de personas sometidas a trabajo forzoso.
Los menores son el otro colectivo más afectado: millones de niños y niñas dejan de estar escolarizados para trabajar. La OIT denuncia que alrededor de 3,31 millones de niños son víctimas de trabajo forzoso, pero que esto puede ser solo la punta del iceberg debido a las dificultades para recopilar datos al respecto.
La mayor parte del trabajo forzoso se concentra en el sector privado y ninguna región del mundo está libre de sufrirlo. Este tipo de esclavitud moderna está presente en multitud de países, independientemente de su grado de riqueza. Por ejemplo, más de la mitad del trabajo forzoso se presenta en países de ingresos medianos altos o de ingresos altos.
Según el informe de la OIT, la comunidad internacional debe poner de su parte y hacer uso de todos los recursos necesarios para poner fin a la esclavitud moderna. Para ello, es preciso que colaboren los gobiernos nacionales, pero también las organizaciones internacionales, las empresas y la sociedad civil.
Al mismo tiempo, el informe propone una serie de medidas recomendadas. Por ejemplo, respetar las libertades y derechos de los trabajadores, apostar por la contratación equitativa y ética, ampliar la protección social y promover un mayor apoyo a las mujeres, niñas y personas vulnerables, entre otras.
A través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la comunidad internacional se ha comprometido a poner fin a la esclavitud moderna de niños y niñas para 2025, y de forma universal para el próximo 2030.
https://semanariodejunin.com.ar/nota/35864/trabajo-golondrina-y-esclavitud-laboral/
