Un negocio entre otros parece privilegiar el SPB: lavar adentro de las cárceles lo que se ensucia afuera. Clínicas privadas, hoteles y restaurantes son por igual sus clientes, aunque la normativa sanitaria prohíbe que se laven materiales de origen diverso en las mismas máquinas.
A pesar de haber sido denunciado hace ya cuatro años por radio La Cantora y otros organismos de Derechos Humanos, el funcionamiento irregular de lavaderos privados en el interior de las unidades penales 29 y 10 de Melchor Romero y 15 de Batán permanece vigente. Recientemente, una inspección realizada por La Cantora (organización dedicada a la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas privados de su libertad) y el Secretario de Ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, a la cárcel de tránsito de esa localidad, constató que los detenidos siguen lavando sábanas, fundas y ambos de cirugía que se mezclan con residuos patógenos de todo tipo sin medidas de protección alguna. Así lo informa la propia radio La Cantora.
Una nota publicada ayer en la página Web de esa organización dice lo siguiente. “Diario El Atlántico: En el año 2008 recibimos en Radio La Cantora un llamado telefónico proveniente de la Unidad Penal 10 de Melchor Romero, en el que un grupo de detenidos denunciaba la existencia de un lavadero industrial para el cual trabajaban los enfermos mentales detenidos allí manipulando, entre otros elementos, ambos ensangrentados y azaleas con restos de residuos patológicos sin ningún tipo de protección. Informamos de este hecho al Comité Contra la Tortura y, producto de la inspección realizada en el lugar, se presentó ante la fiscalía de turno un hábeas corpus colectivo en septiembre de ese mismo año. En ese momento el Comité certificó: “sábanas, fundas y ambos de cirugía se mezclan con diferentes residuos patógenos que pudimos observar: pedazos de gasa y algodón con sangre, toallas, rejillas y trapos de piso ensangrentados (…) Todos los detenidos a los que vimos trabajar carecían de protección; vimos a algunos de ellos manipular estos residuos sin guantes ni traje alguno. Si bien el encargado afirmaba que los internos no manipulaban la ropa conforme llegaba, con residuos patógenos, vimos que sí lo hacían”. En esa oportunidad también se aclaró que el lavadero recibía el nombre de ‘Asepsia’, que tenía convenio con el Servicio Penitenciario Bonaerense y que su tarea consistía en el lavado de ropa proveniente de clínicas privadas localizadas en Mar Del Plata, Monte Grande y Luján.
Cuatro años después de esta denuncia, todo sigue igual, afirma La Cantora: “El pasado martes 19 de junio desde la Asociación Civil La Cantora nos hicimos presentes en la Unidad 29 junto al Secretario de Ejecución Penal de San Martín Juan Manuel Casolati, pudiendo constatar la permanencia y profundización de las irregularidades ya denunciadas en el 2008 y logrando la obtención de datos más precisos acerca de este turbio negocio que crece a costa de la destrucción de la vida de las personas privadas de su libertad, tanto en la Unidad 29 la Unidad 10 y la 15 de Mar del Plata”.
Entre lo observado, añade, pudimos constatar que al lavadero que funciona en la Unidad 29 de Melchor Romero llegan no sólo sábanas de clínicas que envuelven restos de residuos patógenos como jeringas, guantes, algodones y gasas ensangrentados, orín, materia fecal y hasta pedazos de placenta, sino también sábanas de hoteles y manteles de restaurantes, que se encontraban apiladas a la vista. El dato alarmante es que todo esto es lavado en el mismo lavadero, sin que los detenidos que allí trabajan realicen distinción alguna entre lo que viene de las clínicas privadas y lo que proviene de hoteles y restaurantes. En la denuncia posterior a la inspección formulada por Juan Manuel Casolati es descripto el panorama con lujo de detalles: “fue mayor nuestra sorpresa cuando observamos que estas prendas venían con restos de materia fecal, orines y sangre, en bolsas negras, que a su vez tenían en su interior, gasas con sangre, agujas, barbijos manchados con líquidos y sangre, guantes sucios, envases de jeringas o otros materiales de entidad patogénica”. A esto se suma que dicho trabajo es realizado sin ropa adecuada, sin barbijos, sin guantes y sin botas acordes a este tipo de actividad laboral de alto riesgo.
“Según lo dicho por el propio encargado de Asepcia, luego de separadas las sábanas, ambos y manteles de los residuos patógenos, estos últimos son arrojados en bolsas de consorcio negras y trasladados a la Unidad 10 donde los detenidos allí alojados deben encargarse de la peor parte: clasificar dichos residuos. Una vez embolsados son retirados por la empresa Lamcef que se encarga del tratamiento de residuos patológicos e industriales y que está ubicada en calle 11 N°690 entre 45 y 46. El encargado también hizo referencia a la empresa Rasla que es la que se ocupa de transportar las bolsas de ropa sucia de las clínicas, hoteles y restoranes a las cárceles, transporta a su vez los desechos patogénicos hasta la unidad 10 y luego distribuye lo lavado a sus respectivos lugares de origen. Se pudo constatar que estos movimientos se realizan en una combi blanca”, destaca el medio electrónico citado.
“En el apartado destinado a la separación de este tipo de desechos, el Manual para el Manejo de Desechos en Establecimientos de Salud indica que ‘los desechos deben ser clasificados y separados inmediatamente después de su generación, es decir, en el mismo lugar en el que se originan’. Y agrega que en cada uno de los servicios de salud ‘son responsables de la clasificación y separación, los médicos, enfermeras, odontólogos, tecnólogos, auxiliares de enfermería, de farmacia y de dietética’. Esto no ocurre evidentemente en las clínicas que utilizan a la empresa Asepcia como lavadero, en estos casos los detenidos son utilizados precisamente para realizar esa tarea. Respecto del modo en que los residuos deben ser descartados el manual aclara que ‘los desechos, debidamente clasificados se colocan en recipientes específicos para cada tipo, de color y rotulación adecuada y que deben estar localizados en los sitios de generación para evitar su movilización excesiva y la consecuente dispersión de los gérmenes contaminantes’. Nada de esto se cumple y sólo se ven bolsas negras cuando el reglamento dice que los colores que deben usarse son: rojo cuando se trata de desechos infecciosos especiales, gris para desechos reciclables, amarillo para radiactivos y negro únicamente para desechos comunes”, denuncia este vez La Cantora.
Otros de los puntos llamativos es que en una unidad denominada de “tránsito” como lo es la Unidad 29 -donde por ley los detenidos no pueden pasar allí más de tres días- el SPB haya creado un pabellón de presos estables, el pabellón 11, para que realicen tareas laborables para una empresa privada. A cambio de esta actvidad, en turnos de 8 horas, los detenidos reciben $2 por hora, trabajando algunos de ellos en jornadas de dos turnos. A su vez, del monto total percibido, mensualmente deben destinar $34 para “fondo propio”. En el caso de la Unidac 10, los “salarios” son todavía menores.
Todas las clínicas que derivan sus desechos al lavadero de la Unidad 29 son clínicas privadas y, están ubicadas en las localidades de: La Plata, Burzaco, Adrogué y Monte Grande. Seis son las correspondientes a nuestra ciudad, entre ellas: el Instituto del Diagnóstico, Los Tilos y ECO-BER.
“Negocio redondo” a lo largo de toda la Provincia
La denuncia colectiva por la situación en la Unidad 10 no es el único antecedente que registra el caso de los lavaderos privados en situación de irregularidad al interior de las cárceles provinciales. Otro de los casos que Radio La Cantora ha difundido en el transcurso de este mismo año es el de la Unidad 15 de Batán, en Mar del Plata. En conversación con este medio, el Juez del Tribunal Criminal de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal, Mario Juliano, confirmó que la empresa que tiene el lavadero en las unidades penales de Romero es la misma que ellos denunciaron por irregularidades laborales en Mar Del Plata: “Nosotros hemos visto que los bolsones llegan del exterior sin ningún tratamiento. Efectivamente esta empresa atiende a todos los establecimientos sanitarios de Mar del Plata. Así que el material que llega se encuentra en estas condiciones. Confirmamos que es así. La diferencia que advertimos sería que en Mar del Plata el negocio está reducido a los establecimientos sanitarios; no gastronómicos.”
Según el magistrado, el patrón de funcionamiento corrupto que se ha instalado en establecimientos estatales, como no dejan de ser las cárceles, se despliega a partir de que el SPB “habilita y suscribe convenios con empresas a cambio de un canon”, para instalar emprendimientos industriales que “violan toda la legislación laboral vigente”. “No sólo se trata de que las empresas ingresan a la cárcel y llevan adelante una actividad productiva en condiciones ventajosas de competencia desleal; además usufructúan las instalaciones de la cárcel, la electricidad, el gas… Ventajas que tornan a esta actividad en un negocio absolutamente redondo”, destaca La Cantora.
