El Juzgado Correccional Nº 5, al frente de la investigación por la muerte de dos operarios que se produjo el miércoles pasado en un conducto cloacal de la ciudad, empezará esta semana a tomar declaración entre quienes ostentaban alguna responsabilidad en la coordinación y el control de la obra.
El Juzgado Correccional Nº 5, al frente de la investigación por la muerte de dos operarios que se produjo el miércoles pasado en un conducto cloacal de la ciudad, empezará esta semana a tomar declaración entre quienes ostentaban alguna responsabilidad en la coordinación y el control de la obra. Según fuentes judiciales, se escuchará a todos los testigos: trabajadores, vecinos, encargados y funcionarios, a través de declaraciones testimoniales, informativas e indagatorias. Pese a su carácter trágico, el hecho tiene un marco que le resta excepcionalidad: en los últimos 12 años hubo casi 600 mil accidentes laborales en Santa Fe. Y un trabajador muerto cada cuatro días.
Los elocuentes números que ponen en contexto a las terribles muertes del miércoles surgen de estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) de la Nación: los accidentes laborales en la provincia llegan a 582.857 desde 1999, lo que representa un promedio de 135 diarios.
Si se acota el registro a los últimos tres años, la información oficial consigna que se produjeron 279 muertes laborales. Eso significa, en forma palmaria, que en Santa Fe un trabajador perdió su vida cada cuatro días.
Y sólo los datos de 2009 (último período del que se poseen cifras oficiales) muestran que hubo 51.162 accidentes laborales, a razón de 142 por cada día hábil. Ese año, las muertes en accidentes de trabajo llegaron a 76.
De todos los siniestros, el 43 por ciento se produjo en empresas que tenían entre 51 y 1.500 empleados
Esto demuestra que la mayor parte de los accidentes tuvo lugar en medianas y grandes firmas, con suficiente capacidad económica como para invertir en higiene, seguridad laboral y capacitación en ambas problemáticas.
El desfile. Los primeros en declarar ante la jueza Marisol Usandizaga, titular de Correccional 5ª, serán quienes ostentaban algún grado de responsabilidad en la coordinación y control de la obra donde, al desmoronarse las paredes de tierra de una zanja, murieron Ceferino Crespo (27) y su compañero Julio Lucero (54).
En la tramitación del expediente, caratulado como doble homicidio culposo, la magistrada intentará sumar la mayor cantidad de testimonios.
“Desde funcionarios hasta vecinos, todos tendrán que declarar”, adelantó la semana pasada una fuente judicial.
Por lo pronto, el viernes ya habían llegado al juzgado documentación técnica, proyectos y planos de la obra donde se produjeron las muertes. Todo material aportado por la unión transitoria de empresas (UTE) que integran Pecam SA y Del Sol SRL, contratista de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.
En el despacho de Usandizaga aún se aguardaba la presentación de una lista de las personas empleadas para realizar los trabajos y mayores precisiones sobre las condiciones técnicas de higiene y seguridad encaradas por la UTE, así como documentación técnica correspondiente a Aguas Santafesinas y Vivienda provincial.
Ese material se sumará al registro fílmico y fotográfico de toda la secuencia del accidente, ordenado por el propio juzgado mientras se producía el dramático hecho, y el testimonio ya vertido por dos vecinos.
Contradicciones
El juzgado que investiga la muerte de los dos operarios intentará determinar distintos grados de responsabilidad en la obra, tanto directa como indirecta. También buscará esclarecer las contradicciones en que incurrieron públicamente funcionarios provinciales respecto de la seguridad laboral y los controles que se realizaban en el lugar.
