San Juan Sabinas, Coah. | Martes 16 de agosto de 2011
Julián Sánchez / enviado | El Universal
El secretario del Trabajo, Javier Lozano, y el gobernador Jorge Torres evalúan las acciones realizadas tras la explosión de un pozo de carbón que dejó 14 personas muertas.
Más de 700 violaciones directas a la normatividad laboral, la suspensión provisional de obras y trabajos en 19 casos, así como el inicio de averiguaciones previos por delitos que van desde falsedad de declaraciones hasta homicidio culposo y lesiones, son algunos de los resultados de las acciones que los gobiernos federal y local han realizado luego de la explosión del pasado 3 de mayo en una mina de este estado donde fallecieron 14 personas.
Durante una reunión de evaluación encabezada por el secretario del Trabajo, Javier Lozano y el gobernador de Coahuila, Jorge Torres, se destacó la importancia de continuar en los avances, no sólo para cumplir a las familias de los trabajadores fallecidos, sino para mejorar la situación de la industria carbonífera.
El 3 de mayo, 14 mineros murieron luego de una explosión en el pozo 3 del complejo carbonero propiedad de la Compañía Minera Beneficios Internacionales del Norte S.A. (Binsa), en el ejido Sabinas, en el municipio del mismo nombre.
El 11 de julio un juez ordenó a la Fiscalía General del Estado la captura de Melchor González Vélez, propietario de Binsa, y de Elías Moreno, jefe técnico de la cantera que colapsó.
De acuerdo con un documento donde se resumen las acciones en este marco, se siguen procesos penales, principalmente por homicidio culposo y lesiones en contra de González y Moreno, además de otro proceso en contra de Hilda Griselda Montemayor Marines y Melchor González Vélez por omisión de avisos de inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros casos.
En el documento de resumen se precisa que se han realizado 95 visitas a 67 centros de trabajo, que comprenden a mil 929 trabajadores, en el marco de programa de inspecciones que se estableció.
De esto se detectaron 743 violaciones directas a la normatividad laboral y se han dictado 613 medidas, que incluyen la restricción de acceso de los trabajadores a su lugar de trabajo, por existir condiciones que ponen en peligro su vida o integridad física, esto último se hizo en 28 ocasiones.
Paralelamente a la realización de talleres a productores de carbón y encargados de la seguridad y salud en las minas para facilitar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad, se han brindado 262 asesorías a involucrados en la industria.
El secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien se reunió con familiares, resaltó que se han ido pagando paulatinamente las indemnizaciones a los deudos de los trabajadores fallecidos en mayo pasado.
Se consiguió que el patrón realizara el pago de 3 mil pesos semanales a cada una de las familias de los 14 que perdieron la vida y durante tres semanas al menor lesionado y el gobierno local cubrió este apoyo durante cuatro semanas más.
El 30 de junio pasado, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo sostuvo pláticas con Rogelio Reséndiz, abogado del patrón, quien ofreció un apoyo económico de 200 mil pesos a cada familia.
Con ello se ha entregado el recurso a siete viudas y al menor lesionado. A este último se le dieron 120 mil pesos y se tiene programado en estos días a otras dos viudas.
Por otro lado, a partir del 1 de junio pasado, se han pagado las pensiones a 13 familias (12 de viudez y 29 de orfandad), bajo el salario registrado por el patrón, lo que representa 105 pesos diarios.
La Profedet presentó las demandas para el incremento de las pensiones tomando en cuenta el salario real de los trabajadores y no el notificado por el patrón ante el IMSS, con lo que se estableció que era de aproximadamente 428 pesos diarios con 57 centavos.
El secretario del Trabajo y el gobernador de Coahuila, coincidieron en que no dejarán solas a las familias que perdieron a sus seres queridos en la explosión de mayo pasado, por lo que continuarán dando seguimiento a las acciones que se realicen.
